Compartimos a continuación el informe elaborado por la Junta Interna de ATE AGN, que se refiere a Carlos Ferreres, dirigente de las áreas de discapacidad de CTA-A y ATE.
“En 1973, una persona se estaba ahogando en mar del plata; un pibe de 18 años, que sabía de salvataje, vio la escena y se tiró a rescatarla. El rescatista terminó con un traumatismo de médula por zambullirse, lesión que desde entonces hizo que se movilice en silla de ruedas. 29 años después, el rescatista, en silla de ruedas motorizada, entraba a la Auditoría General de la Nación para empezar la primera experiencia de participación ciudadana en nuestro organismo”.
El informe elaborado por la Junta Interna de ATE AGN, se refiere a Carlos Ferreres, dirigente de las áreas de discapacidad de CTA-A y ATE. Además destaca, junto a su entonces presidente, Leandro Despouy, la realización del primer informe sobre discapacidad.
Ferreres, Despouy y un hito en la AGN
Así fue que comenzaron a trabajar en una auditoría sobre el transporte público de pasajeros. Sobre esto, Carlos nos trae un dato de origen: “La CTA tenía una experiencia anterior de trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, así que planteamos que la participación fuese directa con personas con discapacidad, porque la cuestión era que un vehículo adaptado tiene que contemplar a una persona con discapacidad visual, sorda,
silla de ruedas, con muletas, que se moviliza con canadienses”, y concluye que integrantes de la AGN y distintas personas con discapacidad hicieron un informe “lapidario”.
Fueron a las terminales, a las paradas de colectivos y comprobaron que el “92% de los vehículos de transporte público (colectivos) no estaban adaptados para personas con capacidad reducida. Este informe después nos sirvió para ir al INADI, que a través de un dictamen estableció que se estaba discriminando a las personas con discapacidad para que hagan uso del transporte”.
El impacto de este informe en la transformación de las políticas públicas respecto a la accesibilidad al transporte no fue el esperado. La Ley Nº 22.431 (Sistema de protección integral de los discapacitados) establece, entre otras
cuestiones, que las empresas deberán renovar los colectivos para que sean accesibles, pero Carlos señala que “a pesar de ese informe tan lapidario de la AGN, del dictamen del INADI, los reclamos que se hicieron en distintas
instancias -incluso judiciales-, las empresas no cumplieron y dejaron de cumplir” y agrega: “los colectivos, por ley, deben ser cambiados a los 10 años, y todas las unidades que se incorporaban debían ser adaptadas. No recuerdo en
qué año ese decreto se suspende, se empieza a prorrogar la vida útil de las unidades y todo eso iba en detrimento de las personas con discapacidad. Con ese informe seguimos insistiendo, fuimos a instancias judiciales. Pero las
empresas son muy fuertes y lograron eludir la responsabilidad.”
Lo que quedó en la AGN: Impacto real en la vida de las personas
Durante el período militar en la Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras había un promedio de 5000 postulantes. Entraban alrededor de 800 y Carlos fue uno. En ese momento, su silla de ruedas debía ser empujada y su madre lo hacía por el recorrido que va desde el cruce de las avenidas Belgrano y Entre Ríos hasta la actual Plaza Houssay.
“Solo podía ingresar a los teóricos porque las comisiones funcionaban en los pisos superiores, no había ascensor. Daba materias libres, porque no podía ir a las Comisiones, no había lugar donde reclamar. Objetivamente, la universidad me expulsó. Al no tornar accesible la parte edilicia, realmente me hicieron imposible hacer la cursada”, recuerda.
En 2007, la compañera Tamara Goldberberg propone también que la auditoria realice el examen de la gestión llevada a cabo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en sus distintas Facultades con relación al acceso de
personas con movilidad y/o comunicación reducida. “Esa auditoría tuvo impacto real en la vida con las personas”, agrega Carlos.
De la experiencia de la CTA-AGN, “de distintas reuniones que mantuvimos con la presidencia de la auditoría, auditores y gerentes”, aclara, “surge la propuesta del formulario, un mecanismo a través del cual todas las
auditorías de ese momento en adelante tenían que verificar el tema del cumplimiento del organismo del 4% y también de la accesibilidad”.
Con el tiempo, la relación CTA-AGN se complejizó y se fue perdiendo ese trabajo en conjunto, pero a Carlos le queda la gratificación de que “esa relación inicial dio lugar a la participación ciudadana en la AGN”. Los y las trabajadoras de la AGN durante este año tendremos dos conmemoraciones: los 30 años de la sanción de la Ley Nº 24.156 y los 20 años de la Participación Ciudadana. El recorrido de quienes hacemos la AGN tiene entre otras cuestiones el aporte de iniciativas como la que aquí narramos.
Con el correr de los años, la Participación Ciudadana en la Auditoría fue institucionalizándose y esa participación en el proceso del control hoy se lo transita a través de los talleres de planificación, los talleres intermedios y en
la reunión anual con las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones sindicales tenemos mucho para aportar al proceso de control en temas de discapacidad. Carlos considera que la agenda de la AGN
debería estar dada con todo lo que atraviesa a los derechos de las personas con discapacidad; y algunos de los temas podrían ser con relación al vínculo de las obras sociales y “el cumplimiento de lo que establece la ley para la provisión de prótesis, los tratamientos, como así también si los niños con discapacidad acceden a los maestros integradores, porque las obras sociales se niegan a cubrirlos”, y, por otro lado, “debería verse si el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está cumpliendo con el cupo en nuevas viviendas que puedan ser accesibles para personas con discapacidad”.
Las Juntas Internas de ATE en los distintos organismos identifican las problemáticas que afectan a la ciudadanía. “Las y los compañeros de ATE que están en la Superintendencia de Servicios de Salud nos plantean la cantidad de
quejas y reclamos que llegan sobre obras sociales que no cumplen con la cobertura de maestros integradores y es un dato significativo que viola los derechos a la educación”, ejemplifica.
Concluyendo, Carlos expresa: “Tenemos mucha información desde dentro de los organismos que deben ejecutar las políticas públicas, sabemos sobre lo que el Estado no cumple. El estar junto al pueblo ayuda también a saber que los
agrotóxicos y el hambre son los grandes generadores y reproductores de la discapacidad” y, aplicando una mirada de género, reflexiona: “La sociedad no se hace cargo que tiene en su ser entre un 10 y 15 por ciento de personas con
algún tipo de discapacidad. Y eso es grave. Porque esa persona que tiene una discapacidad no puede acceder a sus derechos. Y esa persona está en una familia que implosiona, y es generalmente la mujer la que se ocupa de esa
situación. Es en general la mujer la que tiene que salir a pelear para que su hijo pueda ir a la escuela, para que tenga su prótesis, para que tenga lo que necesita para poder vivir”.
Fuente: www.ctaa.org.ar