La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) expresa su preocupación ante el accionar del Tribunal Superior de Justicia, que consideró ‘tolerables’ los descuentos del 20% aplicados por el gobierno provincial sobre las pensiones que paga la Caja de Jubilaciones, a partir de la Ley 10694, que impone la pérdida brutal de derechos previsionales. Se aguarda una definición sobre la inconstitucionalidad de la norma.
A pesar que no se trata de las presentaciones realizadas por ATE, el rechazo de las medidas cautelares presentadas contra la Ley Provincial de Reforma Previsional –en el marco de la discusión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la norma- supone para nuestro gremio un retroceso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a los derechos que asisten a los aportantes de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
En concreto, el TSJ se manifestó sobre el llamado ‘núcleo duro’, denominado a partir del Fallo Bossio al mínimo de base del cálculo de haber jubilatorio y las demás prestaciones previsionales. Contradictoriamente con sus propio fallo el tribunal expresa un gravísimo cambio en favor del ajuste de los sueldos de los jubilados de la Caja, que tras toda una vida de trabajo y aporte previsional, se ven podados en sus ingresos en el marco de un programa de fuerte ajuste que el gobierno de Schiaretti aplica sobre las y los estatales cordobeses.
La argumentación del TSJ, en línea con el programa de ajuste que aplica Schiaretti, considera que las pensiones no forman parte del mencionado ‘núcleo duro’ y por lo tanto pueden ser reducidas. Esta resolución choca abiertamente con el artículo 57 de la Constitución Provincial, donde se señala expresamente que “las pensiones también son irreductibles” al igual que las jubilaciones.