Conocí a Juan Francisco Viarnes —o al hombre que decía llevar ese nombre— mucho antes de que el “Narcoescándalo” estallara en 2013 en la Jefatura de Policía de Córdoba y en la Casa de Gobierno. No fue por un expediente ni por un titular de diario. Fue sencillamente en la planta baja del pabellón dos de la vieja cárcel de barrio San Martín, un lugar donde el aire pesa y las verdades muchas veces surgen a la luz antes que en otros entornos.
Tiempo después, semanas antes de que el escándalo detonara en 2013 y se llevara puesta a toda la cúpula de Drogas Peligrosas, volví a verlo en su casa de barrio Urca. Viarnes me llamó para que lo viera urgente: “Adolfo, te tengo una bomba”, mensajeó días antes de que se concretara el encuentro.
Allí, entre cafés y las jactancias que lo caracterizaban desde jovencito, Viarnes desplegó su currículum de sombras: me habló de su paso por la banda del Gordo Valor y la Garza Sosa, de su participación en el secuestro de Cristian Schaerer en Corrientes, pero sobre todo de lo más reciente: de cómo se había convertido en un “eslabón necesario” para que una banda de uniformados hicieran millonarios negocios a partir de la extorsión, el “embagallamiento”, el robo de drogas y la venta de impunidades.
Trece años después de aquellas charlas, la noticia de su muerte llegó en pleno veraneo, con la frialdad de un cierre de edición que nadie hubiera imaginado cronicar. Viarnes fue hallado el pasado 10 de enero de 2026 en un baldío de Florencio Varela. Seis balazos, una ejecución profesional y un cuerpo “descartado” en una zona liberada del Conurbano.
Viarnes, de 66 años, vivía sus últimos días bajo una identidad prestada en una casa humilde de Berazategui. Tras salir de prisión en 2024, el “Francés” sabía que su tiempo era prestado. Quien fuera el agente encubierto ilegal que detonó el “Narcoescándalo” cordobés intentaba mimetizarse en la geografía del Conurbano Sur. Pero el pasado deja huellas. Claro que las deja.
La investigación del fiscal Darío Provisionato (UFI N° 1 de Varela) ha logrado desarmar la primera capa de la trama: el entorno religioso. Viarnes se refugiaba bajo el ala de la Iglesia Evangélica Impacto, liderada por el pastor Marcelo Gómez (hoy detenido). Sin embargo, la fe no alcanzó para frenar la codicia. La captura de Víctor Gómez, hermano del pastor en la frontera de Corrientes con dos millones de pesos en efectivo desnudó el precio de la traición.
No sería descabellado pensar que el “Francés” fue entregado por quienes le juraron asilo. El hombre que sabía demasiado, el gran simulador que puso en jaque al poder cordobés, terminó sus días en el barro, lejos de las luces que alguna vez supo manipular con tanta astucia.
El mito del plan desestabilizador
Para entender la magnitud de la hipocresía que rodea este caso, hay que empezar por desarmar una de las mentiras más fuertemente validadas por el establishment cordobés: la idea de que el Narcoescándalo fue una operación montada por el kirchnerismo para “voltear” al gobierno de José Manuel de la Sota. Esa versión, que los grupos de poder abrazaron con un amor desesperado, sostiene que a Viarnes se le encomendó la tarea de buscar a Tomás Méndez para armar un relato guionado.
La verdad es mucho más sencilla que ese relato fantástico construido ex post facto. A mediados de 2013, la persona a la que recurrió Juan Viarnes no fue el conductor del ciclo ADN, que en aquel momento hacía volar la pantalla de Canal 10.
No recurrió a Méndez. Recurrió al autor de esa nota.
No conocía a Tomás Méndez por aquel entonces. No tenía vínculo con él más que su número telefónico en mi agenda de contactos. Fue en el living de Urca donde Viarnes me contó detalles de las barbaridades que hacían los policías de Drogas, encabezados por Rafael Sosa. Rozaba lo inverosímil. Demasiado para ser verdad. Viarnes lo sabía, por eso se ofreció para filmarlos en plena acción. Hacían falta cámaras ocultas y un medio donde exhibirlas.
Ante la incapacidad material y técnica para realizar una producción de esa magnitud sin el respaldo de una productora, es que pensé en Méndez y su equipo de ADN. No había otro que pudiera hacerlo como se lo hizo. Por eso fui yo quien compartió con él la información y quien contactó a ambas partes para iniciar una investigación conjunta. Por eso hay que decirlo, para que no haya gente que siga mintiendo a la sociedad cordobesa: si yo no hubiese hecho ese puente, ese supuesto “plan desestabilizador” que el poder hoy denuncia como una conspiración de la SIDE, Sergio Berni y el entonces gobierno nacional, tal conspiración hubiera muerto antes de nacer.
Repito: no hubo un laboratorio político en Buenos Aires; hubo un periodista en un living de una vivienda de Córdoba escuchando a un doble agente caído en desgracia y desesperado por mantener su cabeza pegada a su cuerpo.
Cinismo como estrategia
Por eso no deja de ser fascinante observar cómo los grupos de poder de Córdoba administran la “verdad” según su conveniencia. En 2013, cuando Viarnes destapó la olla, lo defenestraron, lo cancelaron, lo trataron de mentiroso serial. Todo ello pese a que la Justicia Federal —mediante pruebas independientes, testimonios de otros policías, audiencias judiciales y registros oficiales— encontró que sus denuncias eran ciertas: existía una banda de narcopolicías que engañaban a jueces, adulteraba expedientes, armaba causas, proveía falsos testimonios y administraba el tráfico de drogas.
Esos mismos sectores que lo llamaban “mitómano” en 2013 le abrieron los brazos y le dieron estatus de oráculo cuando, años más tarde y desde una cárcel en Paraguay, Viarnes cambió su versión mientras intentaba negociar su extradición.
En su nueva fábula, él ya no era el soplón de una banda de policías corruptos, sino un ariete del complot urdido entre el gobierno nacional de CFK, Tomás Méndez y el kirchnerismo para erosionar al entonces gobernador De la Sota.
El poder cordobés validó a su oportunista mentiroso y abrazó esta segunda versión con una fe ciega, a pesar de que no tenía ni una sola prueba que la sostuviera. Convenía el Viarnes “negacionista” porque les permitía convertir un escándalo de corrupción interna en una épica miniserie de resistencia federal.
La sombra de los blindados
Mientras el establishment se entretenía con las fábulas paraguayas, los protagonistas del escándalo se acomodaban en el sector privado. Rafael Gustavo Sosa, el hombre que cayó por las revelaciones de Viarnes, terminó como jefe de seguridad en Bacar, la transportadora de caudales de la familia Barrera, empresa cuyos dueños fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N° 2 por intermediación financiera fraudulenta.
Fue sólo días después de que la Justicia Federal de Córdoba le asignara una condena simbólica y la diera por cumplida en el mismo día de la sentencia (hoy ese veredicto se halla revertido por la Cámara Nacional de Casación, que consideró a Sosa jefe de una asociación ilícita, aunque no dispuso su detención; el fallo se encuentra a resolución de la Corte).
El círculo se cierra en Florencio Varela. La aparición de dos millones de pesos en poder de Víctor Gómez, —el hermano del pastor que alojaba a Viarnes— a pocos días del asesinato, cuando intentaba huir hacia Paraguay, es otro dato que la Justicia no puede ignorar. Si ese dinero proviene de las arcas que manejan los antiguos enemigos de Viarnes, estamos ante un crimen que podría haber sido financiado con la misma logística que el “Francés” alguna vez denunció y que el poder político intentó tapar bajo la alfombra de la “persecución porteña”.
Por eso la muerte de Viarnes no es solo el fin de un buche, un agente encubierto, un soplón, un personal inorgánico o un simple delincuente con asombrosa capacidad para montar escenarios. Es el recordatorio de un sistema que premia a los mentirosos útiles y castiga a quienes exponen sus miserias.
Su asesinato, ejecutado con la precisión de quienes conocen el terreno y el manejo de armas de fuego, apaga definitivamente esa amenaza. El “ventilador” se detuvo. Al silenciar a Viarnes, se clausura un archivo que muchos necesitaban ver enterrado bajo el barro de Varela.
Fuente: www.revistaelsur.com.ar