El desolador impacto de las medidas tomadas por el gobierno de Milei tienen enorme repercusión entre trabajadoras/es y beneficiarias/os, debido a que mientras el personal vive una fuerte incertidumbre respecto a la continuidad de los puestos de trabajo, la población en situación de vulnerabilidad vio cercenado su derecho a acceder a programas de ayuda social, situación que se suma al corte abrupto de convenios de capacitación con municipios y comunas de la provincia.
Las oficinas de las dependencias de calle Chacabuco fueron cerradas el pasado 8 de diciembre, un domingo, y desde entonces no hubo ninguna comunicación con el personal de los 53 Centros de Referencia de las dependencias ubicadas en las provincias del interior del país.
“Estamos en una situación de mucha preocupación porque se informó que a los contratados solo se les renovó el vínculo por los meses de enero y febrero. Por su parte la nueva estructura de la SENAF va a suprimir subsecretarías y direcciones, por lo tanto más trabajadores quedaríamos en la calle”, agregó.
“Actualmente no tenemos funciones ni se articula con organizaciones, escuelas, municipios o comunas para brindar capacitación de distintas áreas de prevención sobre temas como embarazo adolescente y cursos que formaban sobre los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”, denunció Conesta.
Programas sociales
Respecto al impacto de estas medidas en los programas sociales con que anteriormente se garantizaba el acceso mínimos a derechos fundamentales para la población vulnerable, Conesta explicó que “desde que asumió este gobierno desaparecieron muchos programas en Córdoba. Los más demandados eran los subsidios de medicación de alto costo (medicación oncológica a pacientes que no tienen ningún recurso económico y están en situación de vulnerabilidad socioeconómica). A partir de la información que una fundación que sigue los casos, alrededor de 70 personas ya murieron desde que se inició este gobierno por no contar con la medicación oncológica”.
“Ante las medidas cautelares que hicieron algunas organizaciones sociales el Ministerio impugnó los recursos al tiempo que dejó de entregar alimentos como leche para niños en edad de crecimiento”, remarcó.
Por último la dirigente apuntó que “también se abandonó la entrega de subsidios para personas que vivieron situaciones de catástrofe, como incendios e inundaciones. Desde el cierre de las oficinas del CDR en Córdoba el domingo 8 de diciembre, no se atiende al público ni se puede gestionar trámites para la AUH, ni asistencia y asesoramiento para los planes de la economía social”.
Fuente: www.atecordoba.org