Franco Orsato, trabajador de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Río Cuarto, Delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) e integrante de dicho Colectivo advirtió que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso establece “barreras administrativas” que contradicen tratados internacionales.
El debate por las pensiones no contributivas sumó un nuevo capítulo de tensión tras el anuncio del proyecto de ley “Contra el Fraude en el Otorgamiento de Pensiones”. Desde distintos sectores vinculados a la temática, el rechazo no se hizo esperar, alertando sobre el impacto regresivo que estas medidas tendrían sobre una población ya vulnerabilizada. Franco Orsato, trabajador de la ex Agencia Nacional de Discapacidad e integrante de dicho Colectivo, fue tajante al analizar la propuesta oficialista: “Realmente es otro atajo que busca el Gobierno para no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
En diálogo con el programa “Es un montón”, Orsato señaló que el proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei contradice los acuerdos internacionales que Argentina ha ratificado en materia de protección e integración. Según el referente, el espíritu de la norma parte de una premisa negativa hacia los beneficiarios. “Ya en sí el título, el encabezado del proyecto, hay una presunción de que ya existen irregularidades en el otorgamiento de pensiones. Volvemos a cargar, a demonizar al Colectivo de Discapacidad aplicando la lógica de la sospecha”, manifestó.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la implementación de controles que, según los trabajadores del área, funcionan como obstáculos para el acceso al derecho. La iniciativa plantea verificaciones constantes, auditorías masivas y un reempadronamiento obligatorio.
Para Franco Orsato, estas medidas van en contra de lo establecido por la Convención Internacional: “Van a poner barreras administrativas que van a afectar a la persona con discapacidad, sobre todo a aquella que tiene discapacidad intelectual, a los habitantes de las zonas rurales y sobre todo a los sectores en situación de pobreza”.
Además, el especialista puso el foco en la incompatibilidad que propone el proyecto entre el cobro de una pensión y el empleo registrado. Según explicó, esto choca de frente con el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. “Desalienta la inclusión laboral, refuerza su dependencia estructural y mantiene la exclusión económica”, advirtió.
El proyecto establece que aquel beneficiario que no cumpla con el nuevo registro sufrirá la suspensión de su contribución. Al respecto, Orsato vinculó esta medida con intentos previos del Gobierno que fracasaron o fueron cuestionados por su implementación.
“Vuelven a la carga con lo que anteriormente le han sacado el nombre de auditorías médicas; se lo sacaron porque se ve que caía mal ya en la opinión pública. Ahora vuelven con un reempadronamiento obligatorio que no hace más que volver a colocarle barreras a la persona, que tiene que volver a presentarse en algún lugar y presentar documentación médica”, detalló el integrante del colectivo.
Finalmente, Orsato concluyó que estas acciones terminan estigmatizando a las personas en su condición, limitando derechos que deberían ser universales y obstaculizando la posibilidad de que quienes reciben una pensión puedan insertarse en el mercado de trabajo formal.
Fuente: www.lv16.com.ar