Por Daniel Díaz Romero
La Cámara de Acusación ratificó la imputación de quien fue la máxima autoridad ambiental de la provincia durante el primer mandato de Juan Schiaretti. Se lo acusa de autorizar un loteo en la «zona roja» de Candonga violando la Ley de Bosques. Este proceso, impulsado por la sociedad civil, vuelve a resquebrajar el «blindaje institucional»que protege la complicidad entre el gobierno provincial y los intereses corporativos.
Este no es un déjà vu, sino la confirmación de que los crímenes contra el patrimonio ecológico de los cordobeses deben tener consecuencias judiciales. Raúl Costa, ya condenado en 2023 por una causa similar, deberá enfrentar un nuevo debate por haber autorizado desmontes en la crucial «zona roja» de Candonga, en Sierras Chicas, acusado nuevamente de violar flagrantemente la Ley de Bosques 9814.
La Cámara de Acusación rechazó por unanimidad los recursos de la defensa de Raúl Costa, incluyendo el pedido de prescripción, en una victoria para la sociedad civil que sienta precedente. El tribunal dictaminó que el exfuncionario no puede alegar desconocimiento legal ni ampararse en dictámenes técnicos, ya que él mismo había firmado la normativa que luego infringió.
Candonga: El espejo de una gestión corporativa
El caso que llevará a Costa por segunda vez al banquillo se centra en la autorización ilegal otorgada en 2010 a la empresa Ticupil S. A. para un loteo en Candonga, Sierras Chicas. Según denunció el abogado ambientalista Juan Smith, patrocinante de las querellantes particulares en la causa, este accionar se realizó en condiciones «similares» a las que derivaron en su primera condena, favoreciendo a la cuestionada desarrollista GAMA S. A. en Punilla.
En diálogo con La tinta, Smith explicó el eje de la acusación: “Lo central, tanto en el requerimiento del fiscal como la sentencia del juez de Control y la sentencia de Cámara por la que se acusa a Raúl Costa por el delito de Abuso de Autoridad es que, en la República Argentina y en la provincia de Córdoba (leyes 26331 y 9814 respectivamente), cuando se evalúa un proyecto que implica desmonte de bosque nativo, la autoridad debe aplicar obligatoriamente estas normas e identificar la zona de desarrollo. Si dicha actividad o proyecto es en las zonas denominadas como rojas o amarillas, no debe autorizarse”.
El abogado de Sierras Chicas agregó que estos fallos asumen que no existe posibilidad alguna de que un secretario de Ambiente establezca criterios de aplicación distintos. Si es zona roja, el desmonte no debe autorizarse, es un principio simple, pero “Raúl Costa, sabiéndolo, autorizó a la Empresa Ticupil S. A. un loteo de 306 viviendas sobre la cuenca hídrica del río Chavascate en Candonga”, expresó Juan Smith.
De esta manera, Costa deberá comparecer una vez más ante un Jurado Popular en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación. El proceso fue iniciado por el fiscal Penal y Económico de Primera Nominación. A pesar de la oposición de Costa, tanto el juez de Control y Faltas como la Cámara de Acusación ratificaron la citación y confirmaron la continuidad del proceso penal, desestimando la apelación presentada.
Para Smith, lo central de la acusación contra el exfuncionario provincial por abuso de autoridad (Arts. 45 y 248, 1° supuesto del CP) —ratificado por el fiscal, el juez de Control y la Cámara— es la violación flagrante de las leyes de Bosques (Nº 26331 Nacional y NNº 9814 Provincial).
Estas normas obligan a la autoridad ambiental a identificar la zona de un proyecto que implique desmonte y prohíben la autorización si la actividad se desarrolla en zonas denominadas rojas o amarillas. Es decir, la norma establece un claro «no es no». Los fallos judiciales asumen que el secretario de Ambiente no tiene potestad para establecer criterios de aplicación discrecionales.
El abogado también remarcó que “los comportamientos erráticos de secretarios y directores de Ambiente en el ámbito provincial y municipal han servido de telón de fondo para la aparente intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Bosques n.° 26331. Esto podría dejar libradas a las reglas del mercado y la voracidad alrededor de 42.182.650 hectáreas de bosque nativo en Argentina (el 79% del existente), incluyendo 530.194 hectáreas en Córdoba. Este juicio resulta emblemático porque pone en relieve una premisa fundamental que se sostiene hace décadas: en las zonas rojas y amarillas no puede producirse el cambio de uso de suelo y deben conservarse a perpetuidad. Esa conservación es la garantía de la subsistencia de todos los seres humanos y no humanos”.
“Dañar el ambiente no puede ser gratuito”
La Justicia confirmó que, en ambos emprendimientos (Candonga y los que motivaron su primera condena), Costa omitió pasos administrativos esenciales y obligatorios: No exigió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y, en un claro desprecio por la democracia ambiental, no convocó a la Audiencia Pública que exige la ley. La consecuencia directa fue el desmonte en la «zona roja», un área de máxima conservación cuyo cambio de uso de suelo está terminantemente prohibido.
La primera condena contra Costa, emitida en 2023 por la Cámara 10ª del Crimen, lo sentenció a tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta pena se originó por las autorizaciones ilegales otorgadas para el loteo del barrio privado «El Dorado II» (de GAMA S. A.) y para una planta de EPEC en San Antonio de Arredondo.
La batalla legal contra Costa comenzó en 2012, impulsada por el geólogo Juan Carlos Ferrero, cofundador d ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), quien inició la denuncia y, a sus 84 años, presenció el primer juicio, desafiando así al poder político-económico provincial.
“Este fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 años unos cuantos locos valía la pena y pone luz para que sigamos caminando en la dirección correcta. Dañar el ambiente no puede ser gratuito”, sentenciaba la abogada Marcela Fernández en mayo de 2023, representante de ADARSA, al celebrar aquel fallo.
La trayectoria de Raúl Costa se percibe como un síntoma del cordobesismo que favorece a quienes facilitan la expansión urbana a expensas del bosque nativo. A pesar de haber sido reubicado en puestos dentro del gobierno provincial (primero en la Lotería de Córdoba y luego en la Agencia Innovar y Emprender), en un aparente «blindaje institucional», de vez en cuando, este mecanismo presenta fisuras.
Marcela Fernández expresó su esperanza ante el avance de la causa Candonga, destacando la importancia de que el proceso continúe «a paso firme» en un contexto de «impunidad consolidada» y «mucho desprecio por el tema ambiental» en Argentina.
La Secretaría de Miedo Ambiente
Raúl Costa, ex Secretario de Ambiente de Córdoba, enfrentará un segundo juicio por los mismos delitos de abuso de autoridad y ambientales que, irónicamente, debía prevenir como principal responsable de la protección ecológica provincial. Este nuevo revés judicial se da en el contexto de una provincia que ha visto cómo su bosque nativo en buen estado de conservación se reduce drásticamente a solo el 2,8% de su extensión original, evidenciando la crisis ambiental que atraviesa Córdoba.
La gestión de Costa ―y, por extensión, el organismo que dirigía― ha sido bautizada por los sectores críticos como la «Secretaría del Miedo Ambiente». Este apelativo, cargado de ironía y crítica, refleja la percepción de que la entidad no actuaba como un escudo para la protección de los ecosistemas, sino como un facilitador o actor pasivo frente a los intereses de quienes atentan contra el derecho constitucional a un ambiente sano. La inacción o la presunta connivencia gubernamental, largamente percibida como un muro de impunidad, comienza a mostrar fisuras.
Estas grietas no son fruto de una autocrítica institucional, sino de la incansable y metódica perseverancia de los vecinos de las sierras y valles de Córdoba. La organización ciudadana ha logrado presionar al sistema judicial para que actúe sobre las responsabilidades de quienes estuvieron al frente de la Secretaría. El doble enjuiciamiento de Costa simboliza que la sociedad ya no tolera que los guardianes de la ley ambiental sean, a la vez, los posibles infractores. Este caso marca un precedente importante en la lucha por la justicia ambiental, sugiriendo que el tiempo de la permisividad y complicidad gubernamental con las corporaciones ya no se tolera bajo la atenta vigilancia de una ciudadanía activa y organizada.
Imagen de portada: Rodrigo Savoretti para Enfant Terrible
Fuente: www.latinta.com.ar