Por Claudio Lozano*
El conflicto en la circulación y el transporte que plantearon los últimos acampes, ha dado lugar a un conjunto de discusiones entre el Gobierno de la Ciudad y el Nacional que eluden, ocultan, y agravan la dura problemática social que da lugar a las citadas manifestaciones.
Desde el Gobierno Nacional, parapetados en los datos de descenso de la pobreza y el desempleo dicen “No hay más planes”, como si hubiésemos ingresado en un sendero de virtuosismo económico donde el empleo estuviese resolviendo ya la problemática de la pobreza y el hambre. Desde el Gobierno de la Ciudad, siempre en un intento de aportar nafta en cualquier incendio, proponen como solución que quienes entorpezcan el tránsito reclamando por su situación de despojo en términos sociales, sean penalizados quitándoles los planes que hoy tienen. Así, mientras la Nación se niega a aumentar los planes de contención, el Gobierno de la Ciudad propone que haya menos. Ambas posiciones eluden dar respuesta a lo que está por detrás de los acampes piqueteros.
En realidad, es la desigualdad, la pobreza y el hambre lo que motoriza la protesta en la Argentina. No merece mucho análisis la propuesta punitiva del Gobierno de la Ciudad. Sí merecen una evaluación las argumentaciones del Gobierno Nacional. Que la pobreza y la indigencia hayan exhibido una tendencia a la baja en el último trimestre no supone razón para no pensar en cómo atender los reclamos. El 2021 ha culminado tan grave como el 2019. Se ha recuperado el evento crítico y extraordinario que ocasionó la pandemia, pero hasta el momento no se pudo avanzar más que eso.
Es más, una lectura rápida del último quinquenio permite reconocer una escalera ascendente de la pobreza conforme a la cual, partiendo del 30.3 % de pobres y el 6,1 % de indigentes del 2016, y luego de la efímera mejoría del 2017, el segundo semestre del 2021 muestra una tasa de pobreza del 37,3 % (+ 23%), y una indigencia del 8,2 % (+ 34 %).
A la vez, la baja en la tasa de desempleo del 8,2 % al 7 % pasa por alto que hace ya tiempo la tasa de desocupación ha dejado de ser un indicador eficaz de la gravedad de la situación ocupacional. De hecho, la recuperación de la economía ha tenido un impacto casi nulo en el empleo registrado de no ser por el empleo registrado público. Por otra parte, en simultáneo con el descenso en la tasa de desocupación, se observa una tasa de sobreocupación del 27,4%. (Casi cinco millones de personas) y hay un aumento de los denominados en la encuesta como “ocupados demandantes” que pasan del 16,5% al 17,4 %. La precariedad ocupacional y el cuentapropismo informal ocultan desocupación. Por eso, la verdadera presión de búsqueda de empleo en el mercado laboral involucra al 24% de la fuerza laboral y la disponibilidad efectiva de fuerza de trabajo para trabajar llega al 30%. De no mediar la creatividad que los trabajadores argentinos demuestran para pelear por la sobrevivencia, la desocupación del país estaría más cerca de esos porcentajes que del 7 % último. Entre el 25 y el 30 % es la población laboral con dificultades que hoy tenemos y que alimenta el cuadro de pobreza existente.
Por otra parte, sobre los 17.146.261 de pobres que la Argentina acumula luego del último quinquenio, los datos disponibles indican que los planes y subsidios solo llegan al 47,6% de la población pobre (quedan afuera 8.984.641 personas) y el 56,1 % de los indigentes (quedan fuera y sin cobertura 1.654.775 personas). Es más, los salarios Potenciar Trabajo ni siquiera cubren hoy la población objetivo de la economía popular. Esta última involucra a unas cuatro millones de personas y los titulares del salario social complementario son 1.390.000.
Frente a estos datos resulta pobre preocuparse por la congestión del tránsito antes que de la necesidad que mueve la protesta. Resulta ingenuo suponer que ingresamos en un sendero virtuoso donde el empleo resolverá el problema, inaceptable decir que no hay más planes sin presentar otra política al respecto, y perverso castigar con el quite de los planes a quienes demanden atención frente a tanto despojo. Se trata de resolver el problema. No de agravarlo.
Frente a esto ratificamos la posibilidad de instrumentar un conjunto de políticas que permitan encauzar la situación.
Impulsamos una estrategia de Renta Universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo, una propuesta de cumplimiento de la jornada de 8 horas que elimine la sobrejornada ilegal vigente, y la socialización de la renta tecnológica vía la reducción del tiempo de trabajo en las firmas que forman parte de la cúpula del poder económico del país. Sostenemos:
a) Establecimiento de un Ingreso Básico Universal para toda la población entre 18 y 65 años en situación de informalidad y desempleo. Ingreso que debe ser equivalente a la línea de Indigencia para el adulto que mide el INDEC. Objetivo: conformar junto a la Asignación Universal una Renta Básica que garantice que ningún hogar esté bajo la línea del hambre.
b) Garantizar a los 4 millones de trabajadores de la economía popular el cobro de un salario social de empleo y formación que los incorpore a una red de economía pública y social junto a los Estados Nacional, Provincial y Municipal, las pymes, las cooperativas y las organizaciones populares. Objetivo: Ningún trabajador cobrando menos que el salario Mínimo, Vital y Móvil.
Ambas propuestas requieren un financiamiento del 2% del PBI.
c) Eliminar la sobrejornada laboral que realizan 2.300.000 trabajadores asalariados registrados. Objetivo: Cumplir con la jornada legal de 8 horas, eliminar la sobrejornada y crear de este modo 832.763 puestos de trabajo
d) Impulsar una estrategia de reparto de la productividad resultante del cambio tecnológico en las principales empresas del país. Objetivo: Reducción de la jornada laboral con mantenimiento del nivel salarial. Esta propuesta supone unos 500.000 puestos de trabajo.
Obsérvese que lo expuesto en c y d permite absorber la desocupación abierta y por tanto reduce el financiamiento de las propuestas a y b.
Lo expuesto impactaría mejorando los ingresos populares, ampliando el mercado interno y dándole un nuevo impulso a la recuperación económica.
*Presidente de Unidad Popular