Hacia una Argentina Falkland

Por Jorge Falcone

Diplomacia hipócrita con barniz de Patria Grande

A significativa distancia física del cierre del acuerdo con el Fondo – en el marco de la asunción de  la presidente electa de Honduras, Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, destituido en 2009 -, Cristina Kirchner brindó  una charla en la Universidad Nacional Autónoma de Tegucigalpa, titulada “Los pueblos siempre vuelven”, en indisimulable y decidido apoyo a la primera mujer en llegar a la presidencia de aquel país centroamericano, que enfrenta no pocos desafíos internos desde antes de asumir el cargo.

En su “clase magistral”, y dirigiéndose en repetidas ocasiones a Héctor, el hijo del mandatario oportunamente depuesto, Cristina produjo una disertación de alrededor de 25’ que careció del brillo al que la oradora tiene acostumbrado a su público habitual. Comenzando por una pobrísima reseña de las guerras independentistas del Siglo XIX, derivó hacia los Terrorismos de Estado del Siglo XX y su posterior transformación en lawfare – siempre identificándose con la suerte corrida por varixs de  sus aliadxs regionales de otrora, que la siguieron atentamente desde la primera fila del auditorio académico -, cuidándose de mencionar al Fondo con todas las letras en medio de tan delicada negociación, y concluyendo con el argumento posibilista de atribuir a la falta de recursos económicos la imposibilidad de asumir una política más resuelta en materia de preservación del medio ambiente.

La ceremonia de asunción posterior se produjo en el marco de una rebelión en el seno de la izquierda hondureña provocada por la competencia entre dos parlamentarixs que disputan la titularidad del poder legislativo. El grupo escindido del nuevo oficialismo está comandado por Beatriz Valle, ex vicecanciller de Zelaya y nueva secretaria de la junta directiva parlamentaria, quien se resiste a aceptar el Pacto de Oposición, previo a las elecciones, alcanzado entre su partido y el Partido Salvador (PSH), comandado por el vicepresidente electo, Salvador Nasralla. Esa pelea complica la gobernabilidad del país en los albores de la nueva gestión presidencial.

Dada la presencia en dicho evento de figuras como el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el canciller de México, Marcelo Ebrard (uno de los principales socios políticos del presidente Alberto Fernández) y ex presidentes como Dilma Rousseff, Evo Morales (Bolivia), y Fernando Lugo (Paraguay), la ocasión fue propicia para ofrecer a la prensa mundial – en sintonía con el título que escogió para su disertación Cristina – la imagen de que en Nuestra América va tomando forma un nuevo ciclo progresista, circunstancia cuyo margen de incidencia real no solo desmienten los indicadores macroeconómicos de la región, sino algunos gestos inequívocos del flamante primer mandatario chileno respecto de la Venezuela bolivariana o la Nicaragua sandinista, abiertamente acompañados por nuestra cancillería, que acaba de condenar de manera expresa la supuesta violación de Derechos Humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En su exposición, el representante argentino, Christian Machuca, habló de desapariciones forzadas y pidió al “régimen” de Maduro cumplir con los pedidos de otra figurita repetida de la progresía continental, la Alta Comisionada Michele Bachelet.

Aunque ya “no todo lo que brilla es oro” en la tierra del Comandante Chávez, la inclaudicable resistencia de las comunas socialistas fomentadas por el difunto líder hubiera merecido un gesto geopolítico más fraterno por parte de nuestro país.

Pero el voto en cuestión se produce luego de una serie de señales de acercamiento del Gobierno Nacional con Estados Unidos, como la perdidosa reunión del canciller Santiago Cafiero con su par Anthony Blinken y la entrega de credenciales de Alberto Fernández al embajador norteamericano en el país, Marc Stanley, en un acto protocolar que podría haber encarado cualquier  funcionario de segunda línea.

En Cancillería vienen planteando que la presidencia de la Celac y los viajes de Alberto Fernández a Rusia y China no generarán tensión con Washington y confían en poder acordar “4 o 5 puntos” con el gobierno de Joe Biden para mejorar la relación con el FMI, ingenua expectativa que recuerda a la de Leopoldo Fortunato Galtieri, aquel general majestuoso que apostó por que el Gran País del Norte nos hiciera el aguante durante la Guerra del Atlántico Sur.

Grieta en el Frente de Todxs: Ganaron lxs Kulfas (“pagar es crecer”), perdieron lxs Moreau (“yo no hubiera pagado”)

Sabido es que, superadas las Sociedades del Disciplinamiento que tuvieron lugar durante el siglo pasado, estas Sociedades del Control que rigen durante el actual encuentran en la deuda de los países periféricos uno de los principales yugos establecidos por el Norte Global para prorrogar su sometimiento.

Repasando el desarrollo de las tensas negociaciones con los acreedores internacionales que se vinieron produciendo durante el mes de enero, corresponde señalar que en el seno de la variopinta coalición gobernante confrontaron varios puntos de vista, desde el de quienes se avenían sin chistar a padecer la tutela trimestral de los veedores enviados por el Fondo para supervisar un ajuste leonino, al de quienes cada vez menos tímidamente fueron desdramatizando las implicancias de un  default.

A prácticamente un mes de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central resultan insuficientes, en los tres sectores que componen el oficialismo perciben que las tratativas vienen siendo cada vez más difíciles, dada la intransigencia en los condicionamientos que exige Washington para refinanciar la deuda acumulada desde la dictadura, y salvajemente incrementada por Macri.

Cabe recordar que la ilusión de un FMI fraterno acariciada por  Kristalina Georgieva se hizo trizas contra el escándalo por favoritismo en un antiguo ranking del Banco Mundial que estuvo a punto de costarle la cabeza a mediados de 2021. En este momento el equipo a cargo, con Gita Gopinath y el halcón brasileño Ilan Goldfajn a la cabeza, y con el británico Ben Kelmanson encargado del caso argentino (a quien tendremos de “inquilino” por bastante tiempo a partir de las próximas horas), es mucho más hostil. Oportunamente, Fernández y Guzmán habían convencido al resto del FdT de firmar un acuerdo imposible de cumplir con el argumento de que las condiciones tampoco serían tan estrictas, al menos durante el período de gracia inicial de cuatro años. Pero al redactar la letra chica quedó claro que no sería un asiento contable sino un pasaporte al cogobierno con el Fondo hasta el final del mandato.

Como si eso fuera poco, en el Tesoro, el encargado del caso argentino es David Lipton, el mismo halcón demócrata que secundaba a Christine Lagarde al frente  del Fondo en 2018 y que ejecutó la orden de Trump de blindar a Macri, aun contra su voluntad.

La entente del Fondo Monetario con el Tesoro norteamericano no es novedad para el peronismo ni para la familia Cafiero, ya que quien acaba de viajar a clamar por piedad al accionista mayoritario es el nieto del también joven agregado financiero en Washington durante 1949, Antonio Cafiero, quien le recomendó al mismísimo Juan Perón que no se asociara al Fondo en carta remitida el 25 de julio de ese año.

Sin embargo, no fue el canciller quien trazó la estrategia de negociación con el FMI sobre el supuesto de la colaboración estadounidense que finalmente fracasó. Se trata de Gustavo Béliz, tan silencioso decisor en la intimidad de Olivos como pro-yanqui, que siempre descontó el apoyo de la Casa Blanca, incluso antes de que asumiera su ocupante actual, cuando Sergio Massa sumó su propio entusiasmo americanófilo. La tesis de que Washington evitaría a toda costa una crisis en medio del Cono Sur demostró carecer de asidero.

El interrogante que campeó en el establishment fue si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno estaba recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensaba la cuerda para negociar mejor o si se preparaba para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI. El desconcierto que imperó hasta el anuncio oficial sobre el acuerdo se reflejó en la disparada de los dólares paralelos.

Inesperadamente, también sobre las Fiestas, Fernández decidió aceptar invitaciones que podría haber declinado sin mayores consecuencias, para volar  en las próximas horas a Moscú y a Beijing justo en el pico de tensión de ambas potencias emergentes con Estados Unidos. A Rusia llegará justo mientras se colma de tropas la frontera con Ucrania. En China planea concurrir a la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que Biden llamó abiertamente a boicotear. Ninguno de esos dos gobiernos ofreció dinero para cubrir el vencimiento impagable de marzo y sería infantil pretender que se puede improvisar una salida así en menos de un par de  meses, con la parsimonia que caracteriza especialmente a la diplomacia del Gigante Asiático. Pero el gesto apunta a mostrar que Argentina no solo tiene un aliado. Aunque parece tratarse de una maniobra tardía.

En los escarceos del Presidente gravita el hecho de que, a su entender, la política regional navega otras aguas que cuando asumió. Luis Arce, Gabriel Boric y Pedro Castillo no presidían Bolivia, Chile y Perú respectivamente. Gustavo Petro y Lula tampoco estaban a punto de ganar en Colombia y en Brasil, como ahora.

Aunque “soñar no cuesta nada”, la tensa vigilia de Nuestra América demuestra que ni Bolivia está en condiciones de radicalizar una política antinorteamericana, ni el nuevo mandatario chileno contempla dicha posibilidad, ni Perú está llevando a cabo nada que se le parezca.

Pero se acabaron las conjeturas. Muy a pesar de un mensaje presidencial que, cargado de optimismo impostado pretendió calmar a la opinión pública y ofrecer previsibilidad a los mercados, una vez más, contrariando el reclamo popular y el de lxs funcionarixs más sensatxs, la línea política que se impuso al interior de la coalición gobernante fue la de que Argentina continúe siendo un sumiso pagador serial de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa, aunque nuestras reservas estén en rojo y cunda la miseria colectiva.

La contracara del edulcorado discurso oficial consistirá en un estricto control de la emisión monetaria (virtual intervención del Banco Central), un significativo recorte del gasto público con control trimestral de ejecución presupuestaria según cumplimiento de metas, aumentos de salarios y jubilaciones también solo según cumplimiento de metas fiscales, el achicamiento de la brecha cambiaria oficial y blue al 30% (devaluación), la instalación de una Misión de Control Permanente del FMI en Argentina, tasas de interés positivas para alimentar la timba financiera,  guardar reservas para pagar al FMI y girar ganancias a casas matrices, la continuidad de pago a los bancos de Leliqs y demás instrumentos a tasas por encima de la inflación, la legitimación formal del endeudamiento contraído por Macri y de la responsabilidad en ello del FMI. Vale decir, en términos reales, el cierre de la grieta con Juntos por el Cambio.

Las reacciones de indignación no tardaron en manifestarse. La CTA – A, por ejemplo, expresó “rechazamos el camino de acuerdo con el FMI y reafirmamos que las deudas se pagan pero las estafas no. El préstamo más abultado de la historia del FMI fue otorgado de forma irregular. Hay responsables administrativos y políticos tanto en la anterior gestión como en el propio organismo internacional. Ese capital fugado nunca tuvo como propósito llegar a nuestro pueblo. La historia lo ha demostrado: ningún programa del FMI busca el desarrollo económico, sino que pretende generar excedente para pagar la deuda. Con el acuerdo Argentina opta por el camino de refinanciar un préstamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y resignando soberanía”.

Poco después, también en tono crítico, se pronunció el Partido Comunista argentino, integrante de la coalición gobernante.

Las organizaciones sociales rebeldes, por su parte, se declararon en Estado de Alerta, y preparan una respuesta contundente para el 8 de febrero.

Hay que decirlo con todas las letras: El agradecimiento del Primer Mandatario y el Ministro de Economía a la “prudencia” de la CGT y los movimientos sociales aliados – ¡qué país generoso, ¿no?! – debería avergonzar entre sus filas hasta a lxs más cara rotas.

Considerando hasta dónde se polarizaron en seno del oficialismo las opiniones sobre el carácter del acuerdo, no sorprende que la decisión adoptada haya traído severas consecuencias al interior del Frente de Todxs. La renuncia de Máximo Kirchner a su Jefatura en el Bloque de Diputados oficialistas va en tal sentido. Aunque, al menos según la consultora de Roberto Bacman, la medida en cuestión cuenta con un 49% de aprobación de la sociedad, indicador sumamente elocuente de que lxs argentinxs no pasamos por nuestro mejor momento en materia de conciencia política. Frente a tal consenso, y hasta nuevo aviso, la competencia por el 2023 amaga disputarse entre Alberto y Larreta.

Dado el silencio de “La Jefa” respecto al bochornoso entendimiento, es más que probable que a partir de ahora cierta gilada invente una nueva “Teoría del cerco” en torno a ella, pretendiendo que siempre fue ajena a la decisión adoptada. Pese a que en el cierre de campaña hacia las legislativas haya expresado a voz en cuello que debíamos “honrar nuestros compromisos”.

Tierra y trabajo: El hervor en ascenso de la caldera social 

Si comenzamos abordando el primer tópico que encabeza este bloque, corresponde advertir que hoy la ciudad de La Plata es el punto geográfico de mayor ocupación de tierras: 250 hectáreas que involucran a más de 40 tomas activas. La mayor de ellas está ubicada en la localidad de Los Hornos, en el ex Club de Planeadores. Allí viven 2.600 personas. En ese distrito hay 260 asentamientos compuestos por unas 200.000 personas, el mayor registro de toda la provincia de Buenos Aires.

Este dilema sin resolver en el municipio gobernado por Julio Garro (Juntos por el Cambio) eclosionó durante los últimos días en la vida cotidiana de lxs platenses, testigos del regreso de vecinxs que ya habían sido desalojados por la policía provincial.

Un relevamiento de las autoridades locales reveló la presencia de adultos, niños y mujeres embarazadas en las nuevas tomas, situación que pone en ventaja a lxs ocupantes a la hora del desalojo.

Según dicha fuente, las ocupaciones activas se despliegan a lo largo de toda la ciudad, desde el Camino Centenario y 450, frente al Parque Ecológico, hasta las vías del ferrocarril en 120 entre 42 y 50, a pocas cuadras del Casco Urbano, pasando por las decenas de tomas en el oeste y el sur platenses, desde Abasto hasta Villa Garibaldi.

En relación a la de Los Hornos, donde unas mil casillas ocupan tierras fiscales que pertenecen a la Nación, la administración de Axel Kicillof elaboró un proyecto de urbanización con servicios, escuelas y centros barriales.

Pese a ello, el jefe comunal solicitó públicamente el desalojo del lugar, afirmando  que la zona se volvió mucho más insegura, que los gendarmes enviados para custodiar el lugar no alcanzan y que al predio siguen arribando familias cuando se había asegurado que esto no iba a suceder.

Organizaciones de izquierda como el Polo Obrero, el FOL y Teresa Vive, entre otras, protagonizaron gran parte de esa ocupación.

También se observaron pasacalles que identifican a organizaciones sociales cercanas al oficialismo como el MTE o La Dignidad, aunque sus dirigentes se apresuraron a tomar distancia de la iniciativa.

Consecuentemente con su raigambre oligárquica, el intendente de La Plata mandó cavar una fosa para evitar que sigan intrusando predios, emulando así a la tristemente célebre Zanja de Alsina, sistema defensivo de fosas y terraplenes con fortificaciones compuesto por fuertes y fortines construidos en el oeste de la Provincia de Buenos Aires entre 1876 y 1877,​ sobre la nueva línea de frontera de los territorios bajo el control del gobierno federal, a fin de evitar la irrupción de lxs principales excluidxs de entonces, que eran nuestros pueblos originarios.

Como queda de manifiesto, muy a pesar del escarmiento que el polémico Ministro de Seguridad Sergio Berni pretendió brindar a lxs sin techo durante 2020 desalojando violentamente un extenso predio en la localidad de Guernica, las ocupaciones activas se despliegan por toda la ciudad, dado que, aunque las autoridades pretendan tapar el sol con la mano, la de tierra y vivienda es una necesidad impostergable y de primer orden.

Más allá de las promesas, a la fecha la única respuesta ofrecida a lxs necesitadxs de un lugar en el mundo es la represión.

Sin ir más lejos, coincidentemente con la capitulación del gobierno nacional ante el FMI, la Bonaerense de Berni y Kicillof desalojó a 60 familias humildes que habían ocupado un terreno ocioso en Barrio Aeropuerto. Se trata de jóvenes trabajadoras y trabajadores, afectados por la falta de empleo y de vivienda, una realidad que se vive en todo el país con índices que llegaron, en agosto pasado, al 20% de desocupación en jóvenes de entre 18 y 30 años.

Al afligente panorama descripto cabe sumar que hoy nuestro país ocupa el séptimo lugar entre sus pares de Nuestra América en relación al valor del salario mínimo, después de Perú y antes del Brasil de Bolsonaro, cuando apenas hace una década figuraba en primer lugar.

Tan es así que, en el mundo del trabajo informal, los movimientos sociales rebeldes, alejados del Gobierno nacional y nucleados en la Unidad Piquetera, denuncian que continúa la morosidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social  en la entrega de alimentos, y reclaman una reunión con el líder de la cartera, Juan Zabaleta, ante quien pretenden renovar demandas como el avance del plan que presentaron el año pasado en procura de crear 1.000.000 de puestos de trabajo.

El funcionario está al tanto de la propuesta pero no responde.

Además, se le han planteado reiteradamente críticas a la calidad y variedad de los alimentos secos que se deberían entregar mensualmente. Sin contar con las demoras, que terminan siendo suspensiones.

La propuesta de crear esa cantidad de empleos es más que ambiciosa, de acuerdo a distintas consultoras económicas. Las más optimistas indican que la economía argentina necesitaría atravesar 5 años a un ritmo de crecimiento económico por encima del 3% anual para lograr recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la emergencia sanitaria, etapa en la que 1,2 millones de trabajadores quedaron desocupados con una baja tres veces más acelerada entre los informales y cuentapropistas que entre los formales.

Las diferencias se profundizan en el tirante vínculo que sostiene el Gobierno con las organizaciones sociales no oficialistas. A principios de este año, el ministro de Desarrollo Social anunció que impulsará una iniciativa que considera clave: garantizar que aquellas personas inscriptas en el programa Potenciar Trabajo puedan optar por la unidad ejecutora en la que cumplir con las cuatro horas laborales diarias que, a cambio de $16.000 mensuales, se les exige como contraprestación.

El anuncio inmediatamente encendió alarmas en los movimientos insumisos, dado  que mientras desde el ministerio se encargan de desvincular las tareas realizadas por los beneficiarios del programa de cualquier adscripción político-partidaria, los dirigentes piqueteros lo ven como una maniobra dirigida a dejar en un “limbo” a quienes cobren el Potenciar Trabajo (más de 1.000.000 de beneficiarios) y decidan irse del lugar en el que contraprestan. Evidente ardid que, lejos de buscar afianzar la autonomía de esas más de un millón de personas encuadradas en alguna actividad no registrada, los colocaría a disposición de lo que decidan los funcionarios de turno.

Por otra parte, preocupa al oficialismo el creciente “éxodo” de militantes de organizaciones como el Movimiento Evita o Somos-Barrios de Pie a las filas de estas organizaciones combativas.

La pulseada entre las mismas y el ministerio de Desarrollo Social es total. En el centro de todo el debate se encuentra la intermediación que ejercerían las primeras a la hora de repartir los programas sociales. Sin embargo, desde el histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano aclaran enfáticamente que el Potenciar Trabajo no tiene relación alguna con el lugar en el que lxs beneficiarixs deciden  llevar adelante su militancia, y que cualquier trámite de traspaso de una unidad ejecutora a otra sólo puede iniciarse a partir del pedido individual de la persona titular del programa.

Lo cierto es que, hoy por hoy, cada uno de lxs beneficiarixs del Potenciar Trabajo cuenta con su propia tarjeta y los movimientos sociales intervienen únicamente al momento de disponer de los cupos. La cantidad de esos lugares es negociada con  el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, quien se encarga de ejecutar las altas y bajas correspondientes.

En este tema la realidad ratifica que “los Reyes Magos son los padres”, y que el empoderamiento popular reivindicado por Cristina en su despedida como presidente, el 9 de diciembre de 2015, solo existe en la fantasía de quienes aún le piden “peras al olmo” del kirchnerismo.

La suerte está echada. Ahora que la partidocracia claudicante que rige nuestros destinos está a punto de convertirnxs a todxs en kelpers, quedará a cargo del arco de organizaciones más consecuentes con un proyecto emancipatorio dilapidar un año más reeditando estrategias que el oficialismo ha demostrado absorber con creces, o trabar de una vez por todas las mandíbulas del cocodrilo que viene masticando al pueblo argentino.

Fuente: La Gomera de David