Por Fernando Ceresole*
Cinco agentes públicos presentaron en las últimas horas una denuncia “administrativa” por “maltrato, acoso, hostigamiento y violencia laboral” contra la conducción del INESCER de Villa María. Se la realizó de manera conjunta, son tres docentes y dos administrativos, y la elevaron hacia la Dirección de Educación Superior y su par de Educación Técnica y Formación Profesional ante la falta de respuesta de las sub y las inspecciones a cargo.
El nuevo inspector al que pertenece ahora ese instituto, Ernesto Olmedo (Inspección III DGES), ya respondió que la misma formará parte de la investigación que lleva adelante el Ministerio de Educación, como adelantó Delia Provenciali a Villa María Educativa, agregando además que tomará parte del tema también otros estamentos legales del Gobierno de Córdoba, tales como la Fiscalía de Estado, entre otras.
En el escrito conjunto, al que pudo acceder este portal, los firmantes indican: “En calidad de agentes del Ministerio de Educación y con cargos docentes en el INESCER presentamos formalmente una DENUNCIA ADMINISTRATIVA por el maltrato, acoso, hostigamiento y violencia laboral que hemos sufrido por parte del personal directivo de la institución”.
Los profesores denunciantes son: El ya conocido Marcel Pochulú por haber llevado a la Justicia ordinaria su caso (Expediente SAC 11452382 y las Actas Sumariales N° 5965/22), y que acredita 29 años de trayectoria en la institución; Jesús Chirino con 35 años de servicio y un tercer docente el cual prefiere no revelar su identidad (si nos consta en nuestra Redacción su nombre, apellido y legajo).
Por su parte, los administrativos son: Fernando Rubiano que acredita 29 años de tareas y María Alejandra Tanus (ex Secretaria Docente) con 20 años de servicio (actualmente es vice directora en la Escuela Alberdi en ambos turnos, ya que Junta Médica acordaron ese pase luego de las presuntas acciones de hostigamiento sufridas en INESCER). La directora actual del Alberdi, vaya coincidencia, también fue trasladada del INESCER por la misma problemática, aunque antes pasó por el IPEM 275).
Pormenores de la denuncia
En la presentación, a su vez, se describe que la mayoría de los denunciantes han desempeñado sus funciones de manera ininterrumpida en esta institución. “Además, todos ellos comparten características de revista similares, lo cual sugiere un patrón de selección en relación a su hostigamiento, acoso y persecución institucional”, agregan.
Otro dato no menor es la trayectoria académica de los denunciantes, además de formar parte del núcleo fundacional de esa institución. También lo explicita la denuncia: “Es importante aclarar que los firmantes de esta denuncia son agentes de planta y, en algunos casos, docentes en sus respectivas especialidades. En el caso de los agentes docentes, todos ellos cuentan con un grado académico mínimo de Magister adquirido durante su servicio, y en un caso, ha obtenido hasta dos posdoctorados, cumpliendo con los mecanismos de acceso vigentes en el momento de su designación en las cátedras”.
“Falta de atención y respuesta”
La denuncia, que suma 16 páginas, se origina, a decir de los firmantes, por “la falta de atención y respuesta por parte de las inspecciones a los reclamos generados debería haber sido motivo de preocupación para la DGES y la DGETyFP, las cuales no actuaron “de oficio”, conforme a sus funciones para investigar y esclarecer los acontecimientos”.
Argumentan, asimismo, que como “consecuencia de la falta de atención al tema, lo que refleja la necesidad de proteger los derechos objetivos y subjetivos de los agentes del Estado cordobés desde una perspectiva estamental. Además, la falta de acción y silencio por parte de ambas Direcciones Generales podría interpretarse como una aprobación implícita de las acciones denunciadas”.
También subrayan en relación al estado actual de esos cinco agentes: “No escapa al conocimiento de ambas Direcciones Generales, así como de las Inspecciones a su cargo, que los directivos del INESCER han incurrido en una serie de conductas constitutivas de acoso laboral y violencia en el entorno educativo, generando un ambiente laboral e institucional hostil. Estas conductas –según cada caso– incluyen expresiones verbales inapropiadas, como desvalorizaciones públicas, gritos, insultos, burlas, difusión de falsos rumores, difamación, amenazas, intimidación y discriminación basada en la religión. Además, se han realizado críticas injustificadas al desempeño laboral, se han asignado tareas irrelevantes con el propósito de humillación y se ha utilizado presión encubierta para inducir la renuncia del personal afectado”.
A modo de preservar la vida privada de cada uno de los agentes denunciantes, obviamos detallar el estado de salud actual que acreditan estos agentes dentro del mismo escrito de la denuncia, refrendados por los profesionales médicos, Dra. María Belén Giordano (Psiquiatra) y el Dr. Carlos Acosta (Psiquiatra y Especialista en Medicina Legal y Medicina Laboral).
“A modo de recibido…”
Este 1° de junio, en tanto, el Inspector Superior III de la Dirección General de Educación Superior Ernesto Olmedo, a “modo de recibido” envío un mismo texto a los cinco denunciantes, vía correo electrónico, acusando recibido de la denuncia y cumpliendo, seguramente, directivas de su superior Liliana Abrate y de Claudia Brain (DGETyFP) destinarias de la presentación realizada por estos agentes.
Villa María Educativa pudo acceder a esa respuesta protocolar: “En relación a su presentación informamos a Ud. que la misma ha sido caratulada como expediente digital, para posteriormente será incorporado a la investigación administrativa que ha dispuesto el Ministerio de Educación. Lo denunciado será tratado por la Fiscalía de Estado, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y la División Apoyo Jurídico de la Dirección General de Educación Superior (Expedientes Digitales N° 0100-189226/2023 y N° 0623-122612/2023)”.
*Periodista. Secretario de Interior del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)