Agrupaciones de jubilados y jubiladas enviaron una carta a Fernanda Raverta, interventora de la ANSES, donde reclaman un haber previsional “no menor a la canasta de la tercera edad”, el “82 % móvil del mejor último promedio de salario percibido para todas las jubilaciones”, la no “diferenciación retroactiva entre jubilados”, la “recomposición completa de los aportes patronales”, la “restitución completa de las prestaciones y medicamentos de PAMI”, los “plenos derechos para los compañeros de Rentas Vitalicias”, el rechazo a las reformas Previsional y Laboral, la “no a la usurpación de los fondos de ANSES”, y que “ANSES y el PAMI sean dirigidos por sus trabajadores y beneficiarios”.
“La jubilación paso a ser una asignación de miseria no solo para los trabajadores de menores ingresos sino también para todos los aportantes independientemente de sus contribuciones al sistema. En estos momentos de crisis, cuando los jubilados adultos mayores debemos mantener cuarentena, es absolutamente imposible para esa mayoría que recibe el haber mínimo, mantenerse y alimentarse con exiguo del valor de la jubilación mínima determinado por decreto”, remarcan.
En la carta enviada a la funcionaria de la ANSES y dada a conocer públicamente, los y las jubiladas rememoran cómo era el Sistema Previsional argentino: “El sistema creado por la ley 14.370 utilizaba los fondos acumulados por sistemas anteriores y los que ingresaban con aportes de los trabajadores en actividad para pagar las jubilaciones establecidas por la tasa de sustitución del salario (TSS) como salario diferido. Desde la reforma previsional de 1969, impulsada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía a través de las Leyes 18.037 y 18.038, que implicó una transformación estructural con el incremento de las restricciones en el acceso a los beneficios y la imposición de un principio de distribución regresivo hasta el presente, todos los gobiernos han apelado a los fondos previsionales para resolver los problemas generados por administraciones contrarias al interés popular olvidando la pertenencia de esos fondos“, remarcaron y agregaron: “No se nos escapa que los fondos de financiación del Sistema Previsional vienen siendo desviados y absorbidos para otros fines por otros sectores económicos mediante la disminución en los aportes patronales, el trabajo informal sin aportes y las exenciones especiales que se han producido hasta el presente”.
En esa línea, sostienen que hoy “la jubilación paso a ser una asignación de miseria, no sólo para los trabajadores de menores ingresos sino también para todos los aportantes independientemente de sus contribuciones al sistema”. Asimismo, agregaron: “Este destrato se extendió a una gran parte de la población que incluye a los beneficiarios de rentas vitalicias, que luego de nacionalizados los fondos de las administradoras privadas (Fondo de Garantía de Sustentabilidad-FGS), quedaron afuera del régimen general”.
En cuánto a cómo los y las afectan las políticas previsionales gubernamentales en contexto de pandemia y cuarentena, expresaron que “es absolutamente imposible para esa mayoría que recibe el haber mínimo, mantenerse y alimentarse con el exiguo valor de la jubilación mínima determinado por decreto, completamente alejado del valor de la canasta básica del adulto mayor analizada por organismos independientes de reconocida idoneidad e independencia y que al pasado mes de abril alcanzaba $45.020″. También remarcaron que “la consideración de que las necesidades del adulto mayor son menores que las del trabajador en ejercicio son falsas en la mayoría de los casos debido a las necesidades extras, de atención a la salud, de las dificultades de movilidad y de atención especial, que implican mayores costos”.
Por todo lo expuesto, reclaman el “inmediato suplemento de $ 30.000, hasta establecer en el más breve plazo, un valor mínimo del haber jubilatorio no menor a la canasta de la tercera edad“, el “82 % móvil del mejor último promedio de salario percibido para todas las jubilaciones“, que no haya “ninguna diferenciación retroactiva entre jubilados”, la “recomposición completa de los aportes patronales“, la “restitución completa de las prestaciones y medicamentos de PAMI“, “plenos derechos para los compañeros de Rentas Vitalicias“, rechazan las reformas Previsional y Laboral, reclaman la “no a la usurpación de los fondos de ANSES“, y que la “ANSES y PAMI sean dirigidos por sus trabajadores y beneficiarios“.
La carta a la interventora de la ANSES Fernanda Raverta fue enviada por las agrupaciones Jubilados Autogestionados, Jubilados Clasistas de Vicente López, Jubilados de CTA Almirante Brown y la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, que a su vez se nuclean en la organización Jubilados Insurgentes (cuyo mail de contacto es insurgentes@gmail.com). Además, fueron enviadas también copias a la Presidencia de la Nación, a la Defensoría el Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría de la Tercera Edad.
Fuente: www.anred.org