Por Jorge Falcone
Mientras en el Norte Global el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz – mentor del Ministro Martín Guzmán – sale a apuntalar a la Gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva ante acusaciones de usar consideraciones políticas para torcer evaluaciones técnicas, circunstancia que podría poner en riesgo el último tramo de negociaciones en curso por el tema de la deuda contraída por nuestro país, por aquí parece irse superando el cisma producido al interior de un oficialismo bruscamente despabilado merced al catastrófico resultado de las elecciones de medio término y la consecuente misiva pública de una Vicepresidente que venía argumentando que, a causa de la pandemia, “este partido aún no se jugó”, y reivindicando la gestión de su marido y las suyas como si este no fuera el turno de gobierno de una coalición de la que fue artífice principal.
Así, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner se desmarcaba de tal derrota reclamando cambios bajo amenaza de renuncia del pleno de sus funcionarixs afines, en un acting difícilmente interpretable como otra cosa que un desesperado intento por rescatar votos propios, retomando a continuación un pragmatismo que recuerda ensayos duranbarbistas como el de Unidad Ciudadana, al proponer el ingreso al gabinete nacional de un exponente del más retrógrado neomenemismo como el ex gobernador de Tucumán Luis Manzur.
La ficha que movió, condicionó a un Primer Mandatario debilitado por numerosos reveses a transformar al gobierno del Frente de Todxs en el de la Liga de Gobernadores e intendentes, con las consecuencias que ello permite prever en la orientación general de la gestión, pero fundamentalmente en la administración de los recursos destinados – en la Era del Fin del Trabajo – a contener a esa enorme masa crítica de desempleados indispuesta a desaparecer de la faz de la tierra.
Por estos días, el periodista estrella de La Nación + entrevistó a Juan Carlos Torre, sociólogo argentino, especialista en temas relacionados con el peronismo y el movimiento obrero, sobre los que escribió trabajos considerados clásicos. En dicha ocasión, este acreedor al Premio Konex en Sociología y el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria Científica, manifestó su convicción acerca de que uno de los fenómenos más novedosos que presenta el mundo del trabajo a nivel local es la aparición de una suerte de central obrera de trabajadorxs sin patrón, cuya contraparte, y frecuente empleador, es el Estado, calificando tal novedad como un posible camino hacia la recuperación del pleno empleo.
Para ratificar o rectificar su punto de vista, corresponde realizar un cierto repaso del universo al que este investigador hace referencia.
El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular ha llegado a los 2 millones 800 mil inscriptos. Creado para conocer qué características tiene el trabajo informal en la Argentina – quiénes integran el sector, cómo generan sus ingresos, en qué actividades- -, en su último informe, que acaba de ser presentado, resaltan cuatro datos:
1) Principal forma productiva: las siete provincias en las que el Renatep tiene más inscriptos que los registrados en el empleo privado (SIPA) son Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.
2) Trabajadoras: la feminización en la economía popular es bien nítida. El 57,4% de les trabajadores del Renatep son mujeres. Este dato puede ser mejor dimensionado si se recuerda que, mientras que en la economía informal son mayoría, en el mercado laboral privado – con un empleo en blanco en una empresa – las mujeres son minoría y sólo ocupan el 32,9%. Vale tener presente que como consecuencia, en la Argentina la pobreza está feminizada, es decir que hay más mujeres pobres que varones pobres.
3) Jóvenes: La población de la economía popular es marcadamente joven. La edad promedio del trabajador de la economía popular es de 33 años. Se ve así cómo la franja que más dificultades tiene para encontrar empleo busca generarse ingresos a través de la economía popular.
4) Planes sociales: Sólo el 25 por ciento de lxs trabajadorxs de la economía popular tienen un plan Potenciar Trabajo. Dicho al revés: el 75 por ciento no tienen planes sociales. Este número era previsible para quienes están bien informados sobre el tema, sobre el que los medios hegemónicos mienten desde el principio de los tiempos, en su cruzada por demonizar cualquier avance de la organización social. Otro dato resulta más sorprendente, y es que apenas el 22 % de lxs trabajadorxs de la economía popular perciben la Asignación Universal por Hijo, y por lo tanto la Tarjeta Alimentar.
Desde el informe anterior, de mayo de 2021, hubo un crecimiento de lxs trabajadorxs de infraestructura social, que es el rubro en el que entran los albañiles del Plan de Urbanización de Barrios Populares y las de las cuadrillas de mejoramiento barrial. Estos son trabajos de pequeña obra pública que sostiene el Estado, que se financian con una parte del impuesto a la compra de dólares y del aporte a las grandes fortunas. El número de estxs trabajadorxs pasó de 192.000 a 234.000 desde mayo a agosto. A modo de aproximación, puede verse ahí la generación de 40.000 puestos de trabajo, aunque conviene tomarlo como dato condicional porque la inscripción en el Renatep no es obligatoria, ni significa que lxs nuevxs inscriptxs no estuvieran trabajando desde antes. Pero es una tendencia a seguir con atención.
Datos oficiales registran 1,3 millones de argentinxs desocupadxs y muestran que la recuperación de la economía avanza más rápido que la generación de puestos de trabajo.
En el último año la economía reincorporó a solo el 54% de lxs trabajadorxs formales del sector privado que perdieron su empleo durante los meses de cuarentena más estricta.
En el segundo trimestre de 2021, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total de la población) alcanzó el 45,9%; la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas con relación a la población total) se ubicó en 41,5% y la tasa de desocupación (personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA) se ubicó en 9,6%.
Acuciado por la pérdida del favor popular, y como parte del salvataje de los sectores más castigados por el cuatrienio macrista y la pandemia, el gobierno ha puesto a consideración un proyecto que apunta a transformar la asistencia social en empleo reconocido.
El Programa Integral Más y Mejor Trabajo Argentino tendría por finalidad sustituir los planes, programas y acciones de empleo y/ o productivos existentes del Estado Nacional, que se integrarán a este. Según se promete desde el terremoto de las PASO, regirán bajo los principios de universalidad, transparencia, libre acceso y federalismo.
La sustitución se realizará de acuerdo a lo que disponga la reglamentación, la que deberá ser realizada por el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación que luego designe, y no implicará una disminución de los beneficios percibidos.
Se formalizará a través de subprogramas, proyectos y acciones específicas a implementarse por las áreas competentes del Poder Ejecutivo Nacional, articuladamente con los distintos gobiernos provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los sectores productivos y de las organizaciones sindicales involucradas.
Se instrumentarán acuerdos específicos con los organismos públicos y los sectores productivos de las distintas jurisdicciones para articular con el Programa las acciones que cada uno de ellos ejecutarán.
Dicho Programa tiene los siguientes objetivos específicos: Contribuir al sostenimiento y promoción del empleo genuino, fortaleciendo las unidades productivas como ejes de desarrollo local; impulsar beneficios específicos para las MiPyMES, las cooperativas, mutuales y actores de la economía popular que resultan ser los empleadores del Programa; favorecer la reinserción en el mercado laboral de lxs trabajadorxs desocupadxs y subocupadxs, sujetos de derechos de los programas sociales de empleo y/o productivos; establecer canales de diálogo con las organizaciones sindicales que permitan el afianzamiento de los derechos laborales, promuevan la capacitación y el ascenso en los puestos de trabajo; impulsar la adaptabilidad del sector privado a los nuevos procesos productivos a través de la asistencia técnica, la capacitación laboral y formación continua de lxs trabajadorxs; promover la mejora de la gestión y el aumento de la productividad de los emprendimientos asociativos de trabajadorxs; estimular la generación de redes de conocimiento e innovación, propiciando la integración de las capacidades existentes en las instituciones que interactúan en este campo.
Las líneas de acción a ejecutar serán las siguientes: Sostenimiento y fortalecimiento del empleo, brindando apoyo económico a lxs trabajadorxs; promoción de nuevos puestos laborales, incentivando la contratación de trabajadorxs sujetos de derechos de programas sociales; intermediación laboral, vinculando eficientemente los requerimientos de puestos de trabajo a cubrir con los perfiles ocupacionales disponibles, mediante la asistencia y el fortalecimiento de la red de oficinas y servicios, del sector público, las organizaciones sindicales y de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta actividad; formación profesional contínua, implementando propuestas formativas acordes a las demandas sectoriales; asistencia técnica, facilitando el acceso a los distintos servicios de consultoría que brindan los entes públicos especializados en materia tecnológica, administración, planificación y producción.
El sistema de pagos establece que el empleador deberá abonar al/la trabajador/a el salario en su totalidad junto con las cargas sociales y aportes patronales, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que rija la actividad.
El Estado Nacional, a través de los órganos de aplicación, procederá al aporte del monto total de cada programa social al empleador de la totalidad de trabajadorxs registradxs de manera directa y automática.
Este beneficio es compatible con otros beneficios, aportes y/o programas implementados para favorecer el desarrollo de los empleadores, teniendo en cuenta las modalidades de los distintos sectores productivos.
Lxs nuevxs trabajadorxs que se incorporen y se encuentren empadronadxs en los sistemas de la Seguridad Social, continuarán percibiendo dichos beneficios bajo la modalidad de salario y en ningún caso podrán percibir un salario o prestación inferior que al momento de la sanción de la ley poseían.
Los sujetos beneficiados que se inserten en el mercado laboral por medio del Programa serán lxs trabajadorxs:
- a) Que perciban programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo y/o los que en el futuro los modifiquen o reemplacen;
- b) Que perciban el Programa Progresar, Potenciar o programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia;
- c) Egresados de Cursos de Formación Profesional promovidos por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social,
- d) Que estén inscriptos en el marco de ferias de empleo;
- e) Que hayan participado de un proyecto de Entrenamiento para el Trabajo.
La sustitución de los programas, planes y acciones existentes en torno al Programa se llevará a cabo conforme lo determine la reglamentación. Los organismos correspondientes deberán efectuar las adecuaciones correspondientes dentro de los 60 días de la sanción de la norma y comunicar fehacientemente a los beneficiarios.
Para el beneficiario este programa es compatible con otros planes o programas que perciba, debiendo ser considerados como una prestación complementaria no retributiva.
Por último, señala que la ley, en caso de sancionarse, estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.
Si reveses electorales como el del 12 de septiembre son capaces de generar semejantes volantazos en el seno de una coalición variopinta cuya mayor coincidencia hasta ahora ha sido cumplir con los acreedores externos, sería deseable que las PASO se celebraran más seguido. Pero, como reza el refrán, “no todo lo que brilla es oro”, y está por verse cuál será la distancia entre la letra escrita y los hechos concretos.
A la fecha, lo único indiscutible es que campea entre nuestro pueblo una indignación del tamaño de la postergación que viene sufriendo.
Ante ese panorama, como atinadamente escribe el militante y analista político Guillermo Cieza, “La propuesta original de arrancar recursos al Estado para promover proyectos políticos disruptivos, empieza a desdibujarse cuando las organizaciones priorizan la lógica de obtener mayores recursos estatales. En los casos más extremos, las organizaciones tratan de mantener una relación amigable con los distintos oficialismos, presentándose como garantes de la paz social y transitando un camino parecido al de la conformación de la burocracia sindical. En los casos menos visibles, las organizaciones mantienen discursivamente la independencia del Estado, pero es el Estado quien les impone sus ritmos de crecimientos y las prioridades en su construcción social”.
Y si las cosas son así, ocurre porque quien se limita a hacer lo posible, nunca cambia nada.
Fuente: La Gomera de David