Por Lea Ross
“Esto es un reclamo de justicia y en repudio a los métodos terroristas que viene aplicando hacia quienes defendemos el ambiente”, grita con un megáfono en mano Eugenia Carballo, de la Asamblea San Roque Despierta, en pleno centro de la ciudad de Cosquín. “Terrorismo dicen, ¡bárbaro!”, comenta enojada una señora con lentes oscuro, al borde de la calle.
Es el día miércoles 10 de mayo. En el casco céntrico coscoíno, una veintena de manifestantes, de distintos pueblos del departamento serrano de Punilla, se desplazan desde la plaza central hasta los Tribunales. Es la semana que se cumple un año del desalojo contra un acampe orquestado por distintas organizaciones, que bloquearon el paso de las topadoras que avanzan con las obras de la denominada Autovía de Punilla, el proyecto vial más importante de la provincia. Unas diez personas se quedaron a dormir, hasta que fueron desalojadas en plena madrugada por unos 50 uniformados, compuestos por policías e infantería.
Se supone que existe una investigación que está llevando a cabo la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, para determinar quién dio la orden para sacar a las acampistas en un horario irriosorio como son las 3:40 de la madrugada. El problema es que los polícias que orquestaron el operativo fueron pasados a retiro, luego del asesinato policial contra Jonatan Romo, ocurrido en la ciudad punillense de La Falda, y que generó otro maremoto en la institución policial cordobesa. Un documental sonoro se acaba de realizar por parte de quienes activan contra la obra, que incluye los testimonios que estuvieron en aquella noche fría y oscura, y que La Luna con Gatillo lo comparte desde este portal:
En el documento entregado, tanto en Fiscalía como en el juzgado de control, se plantea que la existencia de aquella intervención vecinal exigía “un fallo judicial sobre las objeciones técnicas presentadas en el amparo ambiental, entre ellas la falta de consulta previa a comunidades indígenas y tribales, y ante un eventual destrucción de patrimonio natural y cultural, de manera irreversible, información respecto a los responsables intelectuales y materiales de un eventual crimen de destrucción patrimonial, tras haber sido rechazado este proyecto de manera explícita y verbal por la mayoría de los asistentes a la audiencia pública, dada las inconsistencias técnicas del estudio de impacto ambiental y que además, dicho territorio considerado territorio sagrado para las comunidades indígenas y cuidando la reserva hídrica y cultural del Río Yuspe”. También señalan que el conflicto viene violando el Acuerdo de Escazú, el convenio 169 de la OIT (Organización Interamericana del Trabajo), el artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, se recuerda la vigencia de un hábeas corpus preventivo para defensores ambientales.
Lo técnico
Sobre las deficiencias técnicas que se mencionó en el documento, el estudio ambiental de la autovía dividió la traza total, que abarca los 43 kilómetros desde San Roque hasta La Cumbre, en diez tramos según las características geográficas y trabajos de obras. El llamado tramo 6 sería el lugar donde ocurrió el último desalojo. Si sumamos el tramo 7, que abarca la construcción de un puente sobre el río, hablamos de un área donde más del 90% de las plantas son nativas, cuyos árboles más notorios son los espinillos y los piquillínes, y entre las especies arbustivas se puede encontrar el palo amarillo.
Dos años atrás, La Luna con Gatillo había graficado los resultados cuantitativos del mencionado estudio, publicados en los anexos llamados matrices de valoración, que miden los impactos de cada actividad de las obras y su fase en operación.
En la primera gráfica, se expone los diez impactos más negativos para cada tramo. Podemos observar que el Tramo 6 tiene como principal impacto negativo, expresada en línea amarilla, las voladuras. Pero en la medida en que la traza va a travesar el río Yuspe, que sería el Tramo 7, lo que más crece es la remoción de vegetales (línea naranja), también conocido como desmontes, y es el de mayor pico de severidad en toda la traza. También se advierte que el segundo mayor peligro, en línea violeta, son los riesgos de incendios. De ahí que se puede dimensionar que la preocupación de índole ambiental tenga una mayor concentración en la capital nacional del folklore.
Por el contrario, si observamos las diez actividades más benéficas que traería la autovía, vemos que en los tramos 6 y 7, al igual que el resto de los ocho tramos, lo más beneficioso en línea azul es la forestación. O sea, la plantación de especies en algunas zonas ya desmontadas como paliativo de lo perdido, lo cual expone la deficiencia metodológica y ontológica, al afirmar que la plantación de especies nuevas traerían mayores beneficios que las originarias que estuvieron por siglos. Incluso, nótese que a medida que se sumerge por la reserva (del Tramo 6 al 7), los beneficios que más difusión tiene de esta obra, que son el tránsito vehicular y el acceso a las localidades, no incide en nada en esa parte de la autovía.
Sobreprecios
Luego de otorgarle el aval ambiental, aún cuando la extensa audiencia pública tuvo un 90% de rechazo a la obra, se resolvió que la Autovía quedaría dividida en dos mitades, separadas a la altura de Molinari, que está dentro de la jurisdicción de Cosquín. La primera mitad, a su vez, se fragmentó en cuatro secciones, donde se licitaron de manera simultánea. Las topadoras de Cosquín, que tuvieron su freno de un fin de semana por el mencionado acampe, son manejadas por la empresa constructora SACDE, del magnate Marcelo Mindlin, quien es socio de Joe Lewis, el apropiador del Lago Escondido. Es el mismo cuya estancia disfrutaron reconocidas figuras del ámbito judicial, además de ex agentes de servicios de inteligencia de la SIDE y gerentes del multimedio Clarín, del cual solventaron los pasajes, del cual disfrutaron de partidas de poker, entre otras actividades. Todo se puso sobre el tapete a fines del año pasado, por la filtración de chats del ex ministro de seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, del cual también participó de aquella jornada.
Las otras tres secciones se la ganaron José Chediack SADIC y el Grupo Roggio, ganando la mitad de las cuatro. La presentación de ofertas que realizaron las tres constructoras empujaron cifras que giraban alrededor de un 40% por arriba del promedio de las respectivas ofertas iniciales propuestas desde el Estado provincial, lo cual brinda la sospecha de un posible sobreprecio, bajo acuerdo previo de los empresarios.
En los fundamentos de la sentencia del juicio llamado “Causa Vialidad”, que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex-funcionarios en la cartelización de obra pública en la provincia de Santa Cruz, los jueces sostuvieron que hubo un excedente en los proyectos que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, también condenado, que rondaron un promedio del 21%. En el caso de la Autovía de Punilla, volvemos a repetir, es casi el doble: 40%. Hasta ahora, no se visualiza que ningún fiscal de oficio esté interesado en investigar esto.
La palabra sagrada
La manifestación coscoína apuntó sus dardos contra la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien pidió la elevación a juicio contra media docena de personas que participaron de un escrache, en el centro de la ciudad de Cosquín, contra el intendente de Cosquín Gabriel Musso. Ocurrió el 13 de agosto de 2022, en otra marcha, cuando varios se enteraron de su presencia en un bar para tomar café. La concentración se realizó en los alrededores del comercio, con cánticos y pancartas. Según el pedido de elevación, que redactó Kelm y que accedió La Luna con Gatillo, se basaron como prueba en la palabra de los policías que estuvieron en el momento de los hechos, además de registros en video subidos de Facebook, y por mensajes sueltos expuestos en grupos de Whatsapp.
Paula Kelm fue la misma que desde su instrucción se llevó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, quizás el primero del país donde el sector feminista organizado advirtió que la única persona procesada era inocente y que se trató de un perejil. Fue incriminado por una supuesta confesión del sospechoso, encerrado en un cuarto de una comisaría, rodeado de policías y sin abogado de por medio. De hecho, en los fundamentos de la sentencia, donde fue absuelto, uno los jueces consideró que las pruebas recolectadas por Kelm no solo “ha sido obtenido con vulneración de las garantías constitucionales”, sino que como consecuencia del mismo “significaría desnaturalizar la garantía lesionada, al punto tal de legalizar el fruto de su violación” de la ley.
La Luna con Gatillo trató de comunicarse telefónicamente con la fiscal Kelm. Pero no obtuvo respuesta.
Un escazú para Schiaretti
A veces, el poder judicial se maneja de manera bifronte. En agosto del año pasado, el mismo mes de ocurrido en el escrache contra Musso, la jueza de control María Ferreyra emitió una resolución que incita a la Policía de Córdoba a no intimidar a “grupos defensores de derechos humanos en lo que respecta a asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios y pobladores de las localidades afectadas en el valle de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas”.
También, se recomienda al Gobierno crear un protocolo sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad cuando hay manifestantes que proclaman derechos ambientales.
Precisamente, sobre los mismos, y explayado en el contenido de la resolución, se adhiere a categorizarlos como “defensores ambientales”, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú.
Efecto Blas
“Queremos resaltar la presentación de la ‘Ley Blas’”, sostiene otra asambleísta, también con el megáfono, y ante las rejas de los tribunales de Cosquín. Se refiere a una actividad realizada en la ciudad de Córdoba, en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, la mamá de Valentino Blas Correas -asesinado por policías, recientemente condenados a perpetua-, Soledad Laciar anunció que se presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley, donde se hará cargo la diputada nacional de Evolución Radical, Gabriela Brouwer de Koning. “Este proyecto es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder más”, declaró Soledad, ante les presentes en la jornada llevada a cabo el 4 de mayo pasado.
La iniciativa propone una reforma al Código Penal, donde incluya aplicar penas de entre 8 y 12 años de prisión, “e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada”, a los policías y penitenciarios que porten armas de fuego de manera ilegal. Esto se debe a que en los distintos casos de gatillo fácil, el homicidio desencadena un segundo delito que es el encubrimiento, donde los uniformados plantan un arma, obtenida de manera ilícita, para simular un tiroteo contra la víctima, que nunca existió. También, se penaliza entre 10 y 20 años aquellos que colaboran o entorpecen una investigación sobre estos crímenes. Finalmente, proponen reducir las escalas penales a tentativa cuando alguien de la fuerza decide quebrar el “pacto de silencio” y brindar información para involucrar a sus pares. Lo que sería la figura del arrepentimiento.
Siloff resalta que el impacto social que generó el asesinato de Blas Correas llevó a una línea comparativa, por parte de la sociedad, con los crímenes cometidos durante la última dictadura: “En esa comparación de épocas, sea con el término de ‘derechos humanos’ o el de ‘Nunca Más’, va en línea de lo que busca este proyecto, que es que genere un impacto simbólico-político de crear una nueva figura y con nuevas penas. Me parece que la función de esta ley va por ese lado, más que ser útil para disuadir este tipo de delitos o no. Y esto me basó en lo ocurrido en el pasado: se hizo con el mismo objetivo en el 2003, y los delitos vinieron en aumento. Quizás hay que revisar muchas otras cosas antes que ver la severidad de las penas”.
“Además -siguiendo con la polémica-, el que presenta ese proyecto es una legisladora de Juntos Por el Cambio. Cuando fueron gobierno nacional, con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, se encargaron de encubrir, avalar y apañar muchísimas violaciones de derechos humanos. Tenemos el caso de (el policía Luis) Chocobar (condenado por haber ultimado en la espalda a un joven que salió corriendo), donde Bullrich fue quien instaló políticamente algo muy fino, en términos jurídicos, que es que no se debería aplicar la legítima defensa sino el de cumplimiento del deber. Es decir, que (Chocobar) no lo hizo para defenderse, sino que simplemente estaba haciendo su trabajo. Y eso se instala judicialmente. Así que eso lo vuelve contradictorio. Pero eso es parte de la política, que en definitiva son impulsos no pasan del simbolismo”.
Schiaretti y Milei
En sus manos recibe los últimos sondeos. Son encuestas donde se le ha preguntado a familias cordobesas a quiénes votarían para Presidente en estas elecciones. Las indecisiones son notables, tanto como los escuetos números que reciben cada nombre. El gobernador ve que el número que lo apoyaría es semejante a la mitad del porcentaje que acumuló para ganar la gobernación, la más alta que hubo a nivel histórico. Hablamos de un 28%. Menos de la tercera parte. Su nombre, Juan Schiaretti, figura a la cabeza. Pero debajo de él aparece Javier Milei, alrededor de un 21%.
Él, Schiaretti, capitaliza el voto de quiénes tienen simpatía de aquellos que logran tener capacidad de gestión, con la confianza de que eso logre superar la crisis económica que se vive. Pero otro sector, opta por patear el tablero. No hay gestión que valga. Elige votar a aquel extraño de pelo largo, aún cuando no comulgue con sus ideas de dolarizar, privatizar o destruir la banca oficial.
Por el momento, Schiaretti se siente chocho de haber logrado juntar a dirigentes radicales y macristas, no solo para obtener un triunfo renovado para la provincia, sino que a la vez sirva de enclabe para la construcción de un proyecto que promete superar la grieta a un mediano plazo. Pero la grieta es anacrónica. Milei termina siendo esa superación. Los saltos de aquellos nombres que formaron parte de Juntos Por el Cambio en Córdoba, ahora encolumnados en el PJ cordobés, son efectivos a nivel táctico. Pero a nivel estratégico, ¿no será que genera un mayor hartazgo en la sociedad cordobesa sobre la falta de escrupulos por parte de quienes se sambullen en la política tradicional? ¿No será que eso genera mayor simpatía por alguien irrisorio como Milei? Por ahora, el ex-cavallista opta por no polemizar con el supra-cavallista.
Fuente: www.lalunacongatillo.com