La Corte Suprema revocó la “falta de mérito” por delitos de lesa humanidad que había beneficiado al propietario del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y resolvió que se dicte una nueva sentencia. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma se presentó en 2016 como querellante ya que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos contra dirigentes del SOEAIL-CTA Autónoma, así como contra asesores legales tanto del gremio como de la obra social de los azucareros del Ledesma.
Así, con las firmas de tres de sus miembros y la disidencia de uno, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 dictó la falta de mérito de Blaquier y ahora la causa podría ir a juicio oral por 29 casos de privaciones ilegales de la libertad.
Blaquier y el administrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados como partícipes necesarios de “La Noche del Apagón”, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes.
El fallo fue firmado por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y por el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que firmó su propio voto en disidencia con la mayoría.
Rosenkrantz consideró que la Corte no está en posición de juzgar la falta de mérito de la Cámara porque no se trata de una sentencia definitiva.
Para la mayoría, en cambio, se deben salvar “la contradicción de criterios entre pronunciamientos sucesivamente dictados en una misma causa” para ofrecer un mejor sistema de justicia y evitar que las discusiones procesales obstaculicen “el avance del proceso”.
Highton, Maqueda y Rosatti valoraron también e hicieron propios los argumentos de la procuradora fiscal María Alejandra Cordone Rosello, quien en 2017, dictaminó que correspondía dejar sin efecto las sentencias de Casación, confirmar los procesamientos y dejar el camino allanado para un juicio oral.
El fiscal general ante la Cámara Federal, Javier de Luca, también reclamó a la Corte que interviniera para revocar la falta de mérito que benefició tanto a Blaquier como a Lemos.
Los jueces del alto tribunal también cuestionaron el supuesto de la Cámara Federal de que las pruebas no permitían tener por acreditado que los imputados supieran que los vehículos prestados se iban a utilizar para un delito, y por eso resolvieron que se pondere nuevamente y que se escriba entonces una nueva sentencia.
“La noche del apagón” refiere a los cortes de luz que las autoridades militares del gobierno de facto produjeron para secuestrar a unas cuatrocientas personas en el departamento de Ledesma, provincia Jujuy, cuando la distribución de la energía estaba en manos del grupo empresario propietario del ingenio Ledesma.
Diversos testimonios, que figuran en la causa, señalaron que se utilizaron vehículos en las operaciones represivas con el logo de la empresa “Ledesma”.
Blaquier perdió el pelo pero no las mañas
En 2013 el empresario Carlos Blaquier le inició una causa a Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) bajo la acusación de presunta «usurpación» a raíz de su ingreso en una propiedad de Ledesma en el contexto de una protesta.
En 2017, junto al ex ministro Jorge Triaca, impulsaron la intervención del sindicato, que lograron evitar con una asamblea que convocó a más de medio millar de trabajadores del Ingenio azucarero más grande del país.
En agosto de 2020, Ledesma fue el lugar con más muertos por Covid-19 por habitante de Argentina. “No por nada Jujuy y el departamento Ledesma es un foco rojo porque acá todos los comerciantes, las pymes están haciendo un esfuerzo por guardar la cuarentena pero Ledesma funciona de manera normal. Los protocolos que hay son para beneficiar la producción, no a la salud de los trabajadores. Ahí están los resultados”, aseguró entonces Rafael Vargas, Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma a nivel nacional.
Fuente: www.infogremiales.com.ar