La CTA Autónoma de Córdoba refutó declaraciones del Ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, y denunció que “existen evidencias de criminalización de la pandemia que circulan por distintos medios, como el caso sucedido en la localidad de Alta Gracia, cuando la Policía directamente ingresó con armas largas en mano a un domicilio para detener a un joven ‘que habían visto circular por la calle’, en una renovada muestra del ‘verdugeo’ con que las fuerzas de seguridad aprovechan la cuarentena para violar protocolos que garantiza la ley”.
Mosquera había asegurado en declaraciones periodísticas realizadas días atrás en Río Cuarto que “el operativo que desarrolla la Policía es sanitario y que no se pretende criminalizar la pandemia”.
Allanamiento policial en Alta Gracia para detener a una persona que “habían visto circular por la calle” en cuarentena.
En un comunicado de prensa, la CTA-A afirma lo contrario: “Hay casos puntuales reflejados por la prensa y otros que no han tomado estado público, pero el Ministro no puede desconocer que en Bell Ville un policía le disparó a una persona por la espalda con bala de plomo (foto de portada) -acontecimiento que fue filmado y viralizado por las redes sociales y que mereció una denuncia a nivel nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre- o la prepotencia y maltrato policial ejercido contra trabajadores de la Central Nuclear de Embalse en un operativo de control realizado en el ingreso a la ciudad de Río Tercero que terminó con golpes y la detención de uno de los operarios en otro claro caso de abuso policial”.
“En Río Cuarto, según datos oficiales, el mayor porcentaje de detenciones en cuarentena recae sobre las trabajadoras sexuales y las personas que circulan en moto. Los datos oficiales son escasos, puramente cuantitativos y con poca profundidad. Pero, con este indicador, se puede suponer que los operativos de las fuerzas ‘del orden’ tienen como objetivo a los más humildes”, enfatiza la nota.
Detención de un trabajador de la Central Nuclear de Embalse en otro caso de abuso policial.
Y agrega: “Lo mismo ocurre en las cárceles de la provincia, donde la situación era alarmante antes de la pandemia y ahora es extremadamente crítica, al punto que un grupo de abogados ha presentado ante la Justicia Provincial un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas privadas de la libertad alojadas en cárceles de la primer circunscripción de Córdoba”.
El pronunciamiento de la Central cordobesa apunta: “Si el Ministro necesita más botones de muestra para demostrar la criminalización de la pandemia en la provincia, le recordamos que en el ámbito de la Departamental Punilla, en un control a la altura de ‘Sol y Río”, se registró otro caso de violencia policial cuando un joven trabajador oriundo de Icho Cruz se dirigía en su camioneta a Carlos Paz. La víctima denunció que fue golpeado, estuvo arbitrariamente detenido varias horas y cuando lo liberaron y entregaron sus pertenencias le faltaba parte del dinero que llevaba en un sobre”.
Joven denunciante de violencia policial en el Valle de Punilla. Además de golpearlo y detenerlo, cuando le devolvieron sus pertenencias, de un sobre que llevaba con $45.000 solo le entregaron $23.700.
“Por eso resulta fundamental asumir que, si no existe un riguroso control civil y político sobre el proceder de las fuerzas de seguridad, lo más probable es que se multipliquen por parte de éstas casos generalizados de violación de los derechos más elementales de la población”, concluye la declaración de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de la provincia de Córdoba que conduce Federico Giuliani.