Por Alejandro Jasinski
En 1924 tuvo lugar en Chaco una de las masacres más atroces de nuestra historia, cuando el gobierno arremetió contra lxs indígenas que se habían rebelado a causa de la opresión y explotación ejercidas por la sociedad blanca y cristiana. En 2022, a casi un siglo de aquellos hechos, la justicia federal condenó al Estado y ordenó reparar a las comunidades.
En 1911, en la etapa final de la república oligárquica, se llevó adelante la última gran campaña de ocupación militar del Chaco. Producto de ello nació el sistema de reducciones de indios: verdaderos espacios concentracionarios que serían administrados por el Estado Argentino durante más de cuarenta años. La reducción de Napalpí, ubicada en el sudoeste chaqueño, era la más importante, llegando a reunir a más de 1.500 personas de comunidades qom, moqoit y vilelas, que llegaban allí acosadxs por la miseria y la presión del Ejército. La Reducción, dependiente del Ministerio del Interior, operó como principal agente de la brutal transformación de sus vidas y culturas. Lxs beneficiarixs fueron lxs propietarixs de obrajes, lxs colonxs y las grandes empresas de tanino y azucareras, que podrían acceder a mano de obra barata.
A fines de 1923, la zona chaqueña estaba convulsionada. Ante una cosecha de algodón que iba a ser extraordinaria, todos peleaban por la mano de obra. En mayo de 1924, el gobernador del Chaco, Fernando Centeno, decidió directamente prohibir a las comunidades indígenas que salieran del territorio para ir a trabajar a Salta y Jujuy. El descontento de las comunidades pronto se transformó en protesta contra el mundo de los blancos cristianos. Reclamaban libre movilidad, mejores condiciones de trabajo, mayor remuneración y propiedad de la tierra.
Luego de dos meses de una tensión que fue aumentando, la respuesta del Estado y de las clases propietarias fue brutal. El 19 de julio de 1924, alrededor de un centenar de policías, gendarmes y civiles armados se acercaron sigilosamente a la zona de El Aguará, en la Reducción, y dispararon sus modernos Winchester y Máusers a discreción. Llegaron a usar incluso un avión civil, piloteado por un militar, como puede verse en la foto. Luego, remataron a lxs heridxs, mutilaron a lxs muertxs y persiguieron a lxs sobrevivientes. El eco de los hechos llegó a las grandes urbes. Sin embargo, desde el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial del Territorio, una potente maquinaria estatal se puso en funcionamiento para ocultarlos y negarlos.
Casi un siglo después, la justicia nacional ha emitido una sentencia histórica. No importa cuánto tiempo haya transcurrido: la represión fue lo suficientemente grave como para ser considerada de lesa humanidad. El juicio reconstruyó los hechos minuciosamente para terminar condenando al Estado Nacional por homicidios agravados, con ensañamiento y brutalidad, y reducción a la servidumbre, en el marco de un proceso de genocidio. Así, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, iniciada contra los crímenes del terrorismo de Estado de los 70’s, ha dado un gran paso, extendiendo sus horizontes hacia otro de los grandes episodios de rebelión y masacre de nuestra historia.
Fuente: www.historiaobrera.com.ar