Por Nicolás Honigesz*
Todo había nacido con la concesión Grünbein, del Presidente Roca, por la cual se cedieron 2.500.000 hectáreas a diecinueve estancieros británicos. Primero, para “despejar” los campos se contrataron a los “cazadores de indios”, que eliminaron a los tehuelches, y luego se comenzó con la explotación de las fuerzas de trabajo.
Para el año 1920, más de 20 millones de hectáreas se encontraban divididas en 619 establecimientos, de los cuales tan sólo 189 eran de argentinos.
“La población activa del territorio de Santa Cruz se dividía por ocupaciones en 3.297 jornaleros, 1.178 en artes manuales, 1.055 empleados particulares, 706 en comercios y 671 en ganadería. Extrañamente encontramos a 4.432 en el rubro sin especificar; presumiblemente en esta clasificación se debe ubicar a los peones rurales”.
El grupo económico hegemónico en la Patagonia argentina y chilena estaba constituido por los fundadores de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. “La Anónima” se había constituido en 1908 a partir de la unión comercial de José Menéndez y Mauricio Braun, representantes de los dos grupos empresariales más importantes, con objeto de comercializar las lanas del sector argentino de la Patagonia.
Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y a partir de una crisis económica internacional el precio de la lana después de la Primera Guerra Mundial se había desbarrancado, los estancieros latifundistas ya no estaban generando ganancia y acumulaban ingentes stocks de producción que no podían colocar por falta de compradores. Naturalmente, los primeros que padecerían los efectos de la crisis serían los asalariados. Gran cantidad de despidos sumados a las humillantes condiciones de trabajo detonaron las protestas.
La Sociedad Obrera de Río Gallegos y la Federación Obrera (FORA), de tendencia anarquista, comenzaron a actuar con celeridad. Impulsaron una intensa campaña de sindicalización de peones. Difundieron literatura libertaria y propiciaron la organización obrera antioligárquica. Aparecieron las huelgas y con ello comenzaron las detenciones, allanamientos policiales y clausura de locales obreros en algunas ciudades de la Patagonia. Entraron en escena los parapoliciales escuadrones “blancos” de la Liga Patriótica que, al margen de la ley pero sin un límite de hecho, perseguían a huelguistas y colaboraban con comerciantes y terratenientes de la zona. Mientras tanto, las negociaciones entre trabajadores y hacendados fracasaban porque los últimos se negaban a aceptar el petitorio con exigencias módicas que presentaron los huelguistas para reanudar su actividad. Se reclamaba un sueldo mínimo de 100 pesos, comida en buen estado, dignas condiciones de higiene, velas para alumbrar en la noche y que las instrucciones de los botiquines sanitarios estuvieran en español en lugar de inglés.
El Presidente radical Hipólito Yrigoyen envió, en enero de 1921, a Santa Cruz tropas del ejército al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela con la orden de normalizar la situación. Varela y sus hombres volvieron a Buenos Aires, pero el quebrantamiento del convenio, meses más tarde, por parte de los hacendados hizo que el conflicto estallara con mayor virulencia. Se decretó paro general y se ocuparon haciendas. La organización obrera se fortaleció y se proveyó de armas a la población para la autodefensa. Los principales líderes del movimiento libertario eran el español Antonio Soto y el entrerriano José Font, conocido como el noble gaucho “Facón Grande”. En vistas de este panorama de beligerancia, en octubre de 1921, volvieron las tropas de Varela, esta vez con el objetivo preciso de acabar con las huelgas y revueltas como sea.
Durante las huelgas obreras acaecidas en Santa Cruz en los años 1921 y 1922, la prensa santacruceña en el diario riogalleguense El Nacional , dirigida por el sector latifundista, cumplió un papel fundamental en calidad de dispositivo de fabricación y mantenimiento del status quo, a través de una configuración del huelguista en el imaginario social planteada en términos de enemigo de la población.
En su regreso Varela declara la Ley Marcial. Así se dispararía una escalada cruenta de violencia y represión que liquidaría las huelgas al compás de fusilamientos masivos de anarquistas y peones rurales. Una de las situaciones más sangrientas se vivió el 8 de diciembre de 1921 en la Estancia La Anita, donde centenares de obreros cayeron abatidos frente a pelotones de fusilamiento. También se produjo un episodio trágico en los campos del establecimiento ganadero Bella Vista. Los cadáveres de los 200 peones que resultaron asesinados allí fueron trasladados a una fosa común en lo que hoy se conoce como el Cañadón de los Muertos, cerca de la localidad de Gobernador Gregores. Entre las 1500 víctimas que aproximadamente dejó el accionar militar en el sur argentino, se encontraban Hugo Soto y Facón Grande.
Lo que parece ser un relato histórico del siglo pasado hoy se mantiene latente: la desigualdad , la acumulación de la tierras en la Patagonia, la extranjerización de las tierras, la explotación al servicio de latifundios al servicio de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías, sigue siendo un escollo sin resolver. El proyecto de Ley consistente en declarar las torturas y los fusilamientos como crímenes de lesa humanidad es una deuda histórica del Estado argentino. El proyecto de ley busca declarar delitos de lesa humanidad a las matanzas ejecutadas para reprimir aquellas huelgas históricas en la provincia de Santa Cruz, entre los años 1919 y 1922, fueron ejecutadas desde el Estado para acallar aquella Patagonia Rebelde.
La Comisión de la Memoria y las mesas patagónicas de memoria, vienen trabajando desde hace años en este tema e impulsaron también la concreción de este proyecto. También el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien fue terminante al poner en relación esta matanza con el presente más urgente: “No estamos aquí hablando de pasado, estos son temas de una actualidad estricta”. El proyecto propone además la creación de una Comisión Bicameral Investigadora para la determinación de la Verdad Histórica, que trabajará en documentos, testimonios, archivos, para completar una investigación que aún tiene muchas puntas abiertas. Y en especial para finalmente esclarecer el destino de los restos de las víctimas, esa parte de la historia aún borrosa que los familiares aún siguen reclamando esclarecer.
*Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma