El Gobierno de Schiaretti convocó a personas “de riesgo” de los equipos de salud a trabajar de manera presencial. ATE presentó un amparo en la Justicia Provincial.
“La norma no consigna ni mínimamente de qué manera, en qué proporción, con qué seguridad, las personas comprendidas dentro de los “grupos de riesgo” (mayores de 60 años, con afecciones cardíacas, respiratorias, con obesidad) dejan de estar en riesgo con una o dos dosis de alguna de las vacunas y por ello no podemos aceptar que se convoque así, sin más”, expresaron desde la Asesoría Letrada de ATE Córdoba.
“El tema es de vida o muerte toda vez que en nuestro país ya murieron casi 65 mil personas de COVID-19 y cualquier cambio que vuelva atrás con decisiones sanitarias de protección de la vida debe de ser largamente fundamentada y consensuada con todos los actores”, explicó el Secretario General de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani.
El máximo representante del Consejo Directivo Provincial (CDP) de Córdoba advirtió, a su vez: “Qué “casualidad” que convoquen a personal de enfermería cuando ya desde el año pasado estamos denunciando el faltante de personal en la Salud Pública Provincial, un faltante enorme en todas las áreas y especialidades pero que se torna crítico en enfermería, con enfermeras y enfermeros terapistas atendiendo muy por encima de las necesidades y pautas establecidas por organismos nacionales e internacionales para las buenas prácticas de salud, con polifuncionalidades, haciendo de camilleras/os, realizando diálisis, cuidados intermedios, atenciones de rutina, quirófano, muchas veces todo dentro del mismo turno”, expresó. Advirtió que, “aunque los casos de enfermería son los primeros de los que hemos detectado, con el correr de los días seguramente aparecerán personas pertenecientes a “grupos de riesgo” de otras áreas que también habrán sido convocadas/os”.
Para Giuliani, la convocatoria “pasa de ser solo un tema de salud de las trabajadoras y trabajadores que el Estado Provincial ahora convoca, para convertirse en un problema político: el de sucesivos Gobiernos que llevan al máximo la sobre-exigencia de las y los trabajadores del Estado sin hacerse cargo del verdadero problema que tienen y que es el de la falta de inversión, el del paulatino ajuste a las y los trabajadores y el recorte de derechos al conjunto de la población”.
“Así -enfatizó Giuliani- la Provincia prefiere jugar con la muerte de sus trabajadoras y trabajadores a cumplir con el verdadero fortalecimiento del sistema público de salud. Dice que no tiene dinero pero es porque no lo busca entre el verdadero poder de Córdoba. Nos dejan al Pueblo a merced de la pandemia mientras las ganancias de los exportadores, de los de siempre, se van por las nubes”.
El devenir de la norma y los justificativos del amparo judicial
La primera norma que el Ejecutivo Nacional dispuso con el advenimiento de la pandemia y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para las y los trabajadores fue determinar a un grupo de personas como “grupo de riesgo”. En este “grupo” se incluyó a diversas poblaciones: aquellas ya que tenían enfermedades preexistentes a la pandemia que podrían empeorar en el caso de contraer COVID-19 (inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, cardíacos, con afecciones respiratorias u obesidad); personas gestantes y mayores de 60 años. Este grupo de personas, por su mayor riesgo potencial de empeorar sus cuadros clínicos o producir algún perjuicio a su salud o la de su hijo/a en gestación, quedó aislado desde el comienzo del año 2020, aunque continuaron cobrando su remuneración, cumpliendo tareas de manera remota. El aislamiento persistió aún luego después de julio del año pasado en que de ASPO la situación sanitaria se calificó como DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio).
A principios de abril de este año, el Ministerio de Salud y el de Trabajo de la Nación, publicaron una declaración conjunta que dice que a los 14 días de que la persona reciba una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus, puede ser llamada a trabajar. Y ello alcanzaba, también, a las trabajadoras y trabajadores de estos “grupos de riesgo”, ya sea que trabajen en el ámbito público o privado. “Sin embargo, hace 15 días y luego ratificado con el Decreto 287 del pasado viernes, el Presidente de la Nación suspendió para la Administración Pública la norma emitida a principios de abril entre el Ministerio de Salud y el de Trabajo de la Nación y continuó corriendo las disposiciones generales previas a estas enmiendas”, explicó Eugenio Biafore, abogado de ATE quien lleva adelante el amparo.
“Córdoba actuó de manera “especular”, como espejo: cuando Nación dispensó de trabajar de manera presencial a su personal, la Provincia hizo lo mismo con el único personal que directamente le compete, es decir el de la Administración Pública Provincial en su conjunto (Educación, Salud, Administración en General, etc.)”, explicó el letrado. Tal es así que estando ya vigente la suspensión del Decreto, la Provincia, el 22 de abril, emitió la Resolución 166/2021 de la Secretaría General de Gobierno donde dice que “atento a que Córdoba ha adherido al Plan Estratégico de Vacunación” y a que “existe una Resolución Nacional que permite convocar a trabajar de manera presencial a personas aisladas por pertenecer a los “grupos de riesgo”, a los 14 días de haber recibido 1 o 2 dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19″ pasan a ser pasibles de ser convocadas a trabajar de manera presencial. De esa manera, “aquellas personas mayores de 60 años, con comorbilidades (a excepción de inmunodeprimidas/os o con tratamientos oncológicos) o personas gestantes, pueden ser convocadas a prestar tareas de manera presencial nuevamente”, detalló Biafore. La norma provincial, sin embargo, hace la salvedad de que quienes trabajen en salud y pertenezcan a estos “grupos de riesgo”, podrán ser convocadas a los 14 días de aplicada la 2da dosis. La Resolución 166, a su vez, también “dice algo que atenta contra el concepto de “voluntario” de la campaña de vacunación”, advirtió Biafore. “Al personal que haya decidido no vacunarse y que, por ello, no pueda ir a trabajar por no tener aplicadas las vacunas, la Provincia procederá al no pago de su salario ya”.
“Desde ATE cuestionamos la norma por varios motivos”, explicó el asesor legal de ATE. “El llamado a personal incluido dentro de los “grupos de riesgo” lo impugnamos fundamentalmente porque la norma es arbitraria e inmotivada, que carece de todo rigor técnico-científico ya que la norma no expone claramente cómo el riesgo por el cual se produjo el aislamiento de estos grupos ha disminuido o se ha extinguido, haciendo que los fundamentos del aislamiento se extingan también, tras la vacunación con 1 o 2 dosis. La norma no habla de los niveles de inmunización que se obtienen con las vacunas, para enterarnos de ello pretenden, parece, que veamos la televisión“, consignó Biafore. Como no se dice la motivación en la fundamentación de la norma, para el integrante del equipo jurídico de ATE, ello torna “nula” la Resolución Provincial.
Por otro lado, el letrado también consignó que la impugnación presentada está fundada sobre el argumento de que no se podría sancionar con la quita de salario a alguien que no haga algo que la propia Ley no obligue a hacer. Así, “por un lado se dice que la vacunación es voluntaria y, por otro, se dice que si no te vacunás te quitan el salario. Ello va contra el Artículo 19 de la Constitución Nacional, el del “principio de la legalidad” que dice que “nadie está obligado a hacer algo que la Ley no obligue””, detalló Biafore.
Por último, desde el cuerpo jurídico de ATE, advirtieron también otra serie de inconsistencias de la norma provincial: “dice que el personal gestante puede ser convocado tras recibir alguna dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19. Evidentemente quien escribió la norma no tenía idea que, por normativas del propio Ministerio de Salud, no se está vacunando a personas gestantes ya que no está probada la inocuidad a la persona o al feto, con lo cual abre una puerta que, del otro lado, tiene una tapia”.
“Vamos a disputar cabalmente las decisiones de un Gobierno Provincial que parece querer jugar con la vida y la muerte de sus trabajadoras y trabajadores. Para quienes hacemos ATE la defensa de la salud en el trabajo es central. Nadie debe morir en el trabajo”, enfatizó el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
Fuente: www.atecordoba.org