“La ciudad de Río Cuarto es escenario de una descarada extorsión perpetrada por la Sociedad Anónima de Transporte (SAT) que amenaza no cumplir con el compromiso de reestructurar el actual Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros si no se le concede un sustancial aumento del boleto y una suba considerable de los subsidios”, apuntó en un comunicado la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba.
“La Central ha impulsado desde siempre la desmonopolización del Servicio de Transporte en la Capital Alterna de la Provincia. Precisamente esa posición dominante es la que le permite a la SAT presionar, chantajear y apretar a dos bandas: Al Municipio, por un lado y, por el otro, al hombre y la mujer de a pie, a los laburantes que son quienes utilizan los ómnibus urbanos para ir y venir del trabajo y que ante cada aumento de boleto concedido a la empresa monopólica por el Concejo Deliberante, han cuestionado su prestación por ser cara e ineficiente”, subraya la nota.
La CTA-A afirma que “son capitalistas pero descreen de la libre competencia y el riesgo empresario: Los propietarios de la SAT reclaman que el Estado y los usuarios le garanticen su tasa de ganancia. Cero riesgo empresario. Quieren la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. El discurso de victimización de la patronal y el trato de privilegio que ha recibido de parte de todos los gobiernos municipales, le permite al monopolio mantener como rehenes a trabajadores y jubilados que son los que mayoritariamente utilizan el servicio”.
Y añade: “En julio pasado, y con la sensación de que corría con el caballo del comisario, la SAT ganó la licitación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros que, vale la pena recordarlo, debía entrar en vigencia el 1º de octubre y cumplir las siguientes características: Un mínimo de 6 líneas principales y 12 complementarias; Dos Centros de Trasbordo, uno en el Centro y otro en Banda Norte, para ampliar las combinaciones posibles y mejorar la conectividad entre los barrios; Nuevo sistema de boleto combinado, permitiendo realizar hasta tres trasbordos (en un mismo sentido) con un solo boleto; Los vecinos y vecinas podrán tomarse un colectivo a no más de 5 cuadras de cualquier punto de la ciudad; Obliga el uso de unidades adaptadas para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. La antigüedad promedio de la flota debe ser de 12 años; Implementación de la tarjeta Sube; Recambio progresivo de las unidades hacia el uso de energías alternativas; Creación y reparación de garitas; Implementación de una app de movilidad urbana para consultar recorridos, horarios, tipos de unidad, datos del conductor y cambios en el servicio y la implementación progresiva del cupo femenino y trans en la planta de trabajadores de la empresa”.
“El monopolio ya avisó que si no le suben el boleto y los subsidios no firmará el contrato para cumplir con el nuevo organigrama. Es hora de que el Estado Municipal -que debería actuar como garante de la Justicia Social- tome el toro por las astas, ponga a la empresa en su lugar, y le de una solución de fondo a este grave problema que afecta a los sectores populares”, señala la Central.
“Si el Municipio no actúa con firmeza en defensa de los vecinos y vecinas a punto de ser estafados por esta nueva defección; si los trabajadores de la SAT tienen que resignarse a no percibir sus salarios en tiempo y forma por el incumplimiento patronal; si las autoridades siguen haciendo oídos sordos a las quejas generalizadas por el mal servicio, proseguirá el descreimiento de la gente en un sistema que no da respuestas a sus necesidades. Mucho menos, cuando comprueba que los empresarios se envalentonan frente a la docilidad de los funcionarios que, de no revertir la situación, serán considerados partícipes necesarios de este escándalo mayúsculo”, finaliza la declaración de la CTA Autónoma.