Por Verónika Ferrucci
Una mamá se animó a denunciar y eso permitió iniciar el proceso de una investigación judicial por grooming y abuso sexual contra adolescentes en el norte de Córdoba, en Villa de María de Río Seco. Hasta el momento, hay 16 detenidos en la causa, entre ellos, José Aníbal Ricardo Villarreal, que era asesor legislativo de Ernesto Ramón «Cañito» Flores, de Hacemos Unidos por Córdoba. Los medios ponen el eje en quien paga el costo político y en si la culpa es de las adolescentes, del hospital, de la familia y no en la naturalización del acoso y abuso de los varones, y los pactos de impunidad que gozan.
Villa de María, del departamento de Río Seco, es el último pueblo antes de Santiago del Estero y tiene unos 6000 habitantes. Es común que un remis con jóvenes vaya de noche hacia Sumampa, Ojo de Agua. La socialidad nocturna se da en ese corredor que tiene entre 47 y 75 km de distancia. Además, desde San Francisco del Chañar hasta Ojo de Agua, hay familias que viven entre ambos lugares, por trabajo, por migraciones temporales, por vínculos entre parientes. Lo que es novedoso para esta zona es que una madre se animó a denunciar la desaparición de su hija, que fue encontrada en la provincia vecina. Denunció y tuvo respuesta, algo poco frecuente, ya que son muchas las situaciones de vulneraciones y situaciones de violencia de género que no encuentran respuestas ni de la policía ni del aparato judicial, cuentan las integrantes del Colectivo Mujeres del Norte, con quien conversé para entender más sobre este caso que cobró relevancia mediática en las últimas semanas.
Esa denuncia derivó en una investigación judicial por la cual 16 varones quedaron imputados con cargos que incluyen grooming (contacto digital con fines de cometer delitos contra la integridad sexual), abuso sexual con acceso carnal reiterado y presunta promoción a la corrupción de menores hacia cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años. Analía Cepede es la fiscal de Instrucción de Deán Funes a cargo del expediente, con pruebas que incluyen peritajes tecnológicos y testimonios en cámara Gesell. Los hechos habrían comenzado hace un año y medio, los detenidos son adultos de varias localidades de la zona y se esperan más detenciones. Por el momento, la fiscal desestimó que sea “una red de trata organizada por un tercero o por un grupo, sino una mecánica informal de transmisión de contactos telefónicos entre los hombres en busca de sexo”, el famoso «de boca en boca”. También dijo: «Esto es hambre», para describir que los agresores “se aprovecharon de la desprotección total de familias que sobreviven marginadas y dependientes de asignaciones de subsistencia para perpetrar los abusos”. José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los principales imputados, en un audio, reconoce que intercambiaba chapas, bolsones de mercadería y colchones a cambio de abusos sexuales a menores.
Hasta el momento, los acusados son un policía, peones rurales, remiseros y José Aníbal Ricardo Villarreal, registrado administrativamente como asesor del, hasta hace dos semanas, legislador departamental, Ernesto Ramón «Cañito» Flores, quien fue intendente de Villa de María durante tres períodos consecutivos entre 2011 y 2023, y anteriormente, había sido legislador departamental entre 2007 y 2011 con filiación partidaria al peronismo cordobés. Una historia de casi dos décadas en el poder. Se investigan, como lugar de los hechos, distintos puntos de la localidad, incluyendo un campo a su nombre.
La Legislatura de Córdoba atravesó, en pocos meses, dos casos donde se reiteran vínculos de legisladores peronistas con asesores o contratos vinculados, como el caso de Claudio Barrellier, imputado por el feminicidio de Agostina Vega y vinculado a Ricardo Moreno, quien dejó su banca oficialista por este motivo. Y ahora, Flores, quien primero pidió licencia y, luego, tras presiones en la Unicameral y tras el pronunciamiento de la senadora Alejandra Vigo manifestando que era motivo para que renuncie, renunció posteriormente.
La semana pasada, se sumó el pedido de investigación para la Fiscal Fabiana Pochettino, denunciada por presunto encubrimiento y retardo de justicia en el caso de una mujer que denunció a Villarreal en el 2020 por reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado continuado y promoción a la corrupción de menores agravada, la cual quedó archivada en la comisaría local. Marina Romano, abogada defensora, expresó en medios locales que la investigación no avanzó ni se otorgó protección a la víctima. Villarreal, que está detenido en la cárcel de Cruz del Eje, sumó un nuevo hecho en la causa tras identificar a un niño con vínculo familiar como nueva víctima.
Los pueblos chicos tienen particularidades, pero que no tienen que ver con las descripciones feudálicas o premodernas que escuchamos por estos días de los periodistas citadinos respondiendo a una vieja lógica de capital-interior. Por los tamaños pequeños, no es posible el anonimato de las acciones, todo el mundo se conoce y todo está al alcance de la mano; las redes solidarias, el chisme y, para algunos, los pactos de silencio y la impunidad.
Desde el Colectivo de Mujeres del Norte de Córdoba, dejan algo en claro: “Estas prácticas abusivas no tienen un color político, ahora son los cordobesistas, antes fueron los radicales. La oposición radical salió a hablar y hay mucho cinismo en cómo se está dando la discusión localmente; parece que siguen sin importar las vidas de las niñas y mujeres, y sí quién paga el costo político. El acoso, el abuso, la violencia hacia mujeres son pactos masculinos que van más allá de la pertenencia partidaria y no son fáciles de romper o poner en evidencia. Hay dos antecedentes, una denuncia al Intendente de Sebastián Elcano y otra de abuso a una niña en Cerro Colorado, en ambos casos, eran parte de un entramado radical. Hay que poder mirar la complejidad de los niveles de polarización de poder que existen en estos territorios y que se ha agudizado en estos últimos años”.
Este colectivo se conformó en 2018 en Cerro Colorado con participación de mujeres de Santa Elena, Río Seco, El Rodeo y con un trabajo territorial en la zona con campañas médicas, talleres de consejerías con mujeres, jóvenes y niñas. “Vamos a lugares donde las políticas públicas casi que ni existen, hay programas de medicamentos, anticonceptivos, preservativos que no llegan y, mucho menos, la educación sexual integral, que queda a la voluntad de docentes. No hay programas accesibles de salud mental y falta información, y, muchas veces, dentro de las instituciones, espacios respetuosos y seguros”. Si bien, con los años, se ha ido avanzando, actualmente, el recorte en todo nivel impacta muchísimo.
¿Qué nos muestra este caso?
Se responsabiliza a las adolescentes, a sus madres, al personal de salud mientras se siguen naturalizando las prácticas de uso y abuso de los cuerpos. “Lamentablemente, el aprovechamiento de jóvenes que viven situaciones de pobreza, falta de oportunidades es una realidad que pasa hace mucho.En estas localidades, las cosas se saben, pero nadie dice nada. Las prácticas sexuales a cambio de dinero o favores han existido siempre, pero ahora la sexualización y el ofrecimiento se hacen cada vez con pibas más chicas. En todas partes, están estas complicidades, no es solo en los pueblos del norte, lo que pasa es que hay lugares donde hay más poder para invisibilizar, pero ahora se está resquebrajando ese poder, es muy bueno que ahora se hable, quizá ayudó la relevancia mediática”.
Una de las integrantes cuestiona que el ojo está puesto siempre en qué hacen o dejan de hacer las mujeres y disidencias, y se pregunta: “¿Qué hacen los varones para terminar con las complicidades? ¿Cuándo van a empezar a reunirse y decir que no quieren esto para sus hijas e hijos?”.
La más joven del grupo cuenta: “Los hombres grandes te conocen de niña, cuando llegás a la adolescencia, empezás a vivir prácticas que están naturalizadas: un chiste sexual, cierto tipo de miradas y comentarios. La sexualización hacia las niñas y adolescentes es muy común, y queda sintetizada en el audio de Villarreal cuando habla de ‘las terneritas’. Ese es un ejemplo, pero hay otros. En una sentada de truco, uno le dice al otro: “Si te gano, me vas a tener que dar a tu hermana». Nadie se escandaliza. En el secundario, cuando entrás a primer año o, incluso, ya desde sexto grado, te están marcando y buscando”.
La vida social de los varones con poder y con ciertos niveles de impunidad se activa en reuniones atravesadas por todo tipo de beneplácito para conseguir mujeres, contactos. “En esos circuitos de juntada, todo está permitido y hay una autorización de poder sin ningún tipo de costo social. Y que todo el mundo sabe, pero nadie sabe”. En un acompañamiento que hicieron en una causa de abuso sexual a una niña en el Cerro Colorado, sabían que, durante la pandemia, circularon muchísimas fotos sexuales de menores a cambio de dinero, pero no consiguieron que ningún varón ofreciera la prueba en la causa. Tampoco las chicas implicadas se animaron a hablar por miedo y por lo que implica luego quedar expuestas a nivel local.
“Hay que hacer un llamado a los varones. Que los municipios, las iglesias, las organizaciones hagan un llamado a tomar acción para que estas prácticas dejen de tener la vigencia que tienen y se llegue hasta el final y se haga justicia. Porque la condición de la pobreza y desigualdades van a ser peores”.
Efecto Agostina
Después de que se conociera la denuncia de Río Seco y la respuesta judicial, la mujer que denunció en 2020 a Villarreal contó que, hace seis años, su causa no avanza y una joven en San Francisco del Chañar se eacercó a una radio a contar que hay dos denuncias que realizó por dos situaciones de abuso y hace tres años no tiene respuesta. “El femicidio de Agostina hizo un clic porque, inmediatamente después, en el Ni Una Menos, hubo en Río Seco una movilización como hacía mucho no pasaba. Éramos un montón y también había varones”. Ellas creen que es posible que lo que se movió con ese caso haya marcado algo en esa mamá que se animó a denunciar y que otras chicas se animen a denunciar.
La Fiscal habló de un chip sexual y fue lo que se detonó en los medios, una irresponsabilidad de su parte decirlo de esa manera, ya que son implantes subdérmicos anticonceptivos que, para su aplicación, dependen de la autonomía progresiva según el protocolo de aplicación de la Ley 25673. “Nos parece un síntoma el desconocimiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue creado para reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia y que tuvo logros significativos. Vale recordar que la provincia de Córdoba fue la última en entrar al programa. Las adolescentes tienen prácticas sexuales, el problema es cómo, con qué herramientas y con qué cuidado llegan a poder experimentar su sexualidad”.
Desde elColegio de Profesionales en Trabajo Social de Córdoba – Delegación Norte, expresaron su preocupación y destacaron que “ninguna condición de vulnerabilidad puede ser utilizada para justificar, naturalizar o minimizar las violencias ejercidas”, y rechazaron los discursos que responsabilizan a las adolescentes por las violencias sufridas. “La responsabilidad es siempre de quien ejerce la violencia, la facilita o la encubre”. E insistieron en la necesidad de fortalecer y sostener las políticas públicas de protección integral de las infancias y adolescencias, garantizando el acceso a la salud, la educación, la educación sexual integral, la prevención de las violencias, el acompañamiento profesional y dispositivos efectivos de protección y restitución de derechos.
Para las entrevistadas, “este caso muestra la falta de perspectiva de género de funcionarias/os y operadores de justicia para generar información clara, concreta y que no atente contra los derechos adquiridos por parte de las mujeres y disidencias”. Ellas lo saben porque, con presupuesto o sin presupuesto, siguen poniendo el cuerpo para hacer que la vida sea un poco mejor.
Fuente: www.latinta.com.ar