Por Pablo Callejón*
Cuando te hablan de seguridad jurídica, te hablan de poder. Asì la entienden. Es la posibilidad de hacer lobby, de confeccionar un contrato, de saber a qué teléfonos llamar. De fijar las condiciones y que nada cambie. La seguridad jurídica es vista como el status quo de los poderosos.
Los planes de autoahorro y los créditos UVA son un ejemplo de ese espacio de dominación donde es posible que una de las partes se adueñe de las leyes, y también de las trampas.
El sistema apunta los más vulnerables, social y económicamente. Solo los sectores medios o bajas apuestan por comprar un auto en cuotas. No tienen otra opción. ¿Cuántos podrían ahorrar 2 millones 300 mil pesos por el auto más barato del mercado? Los planes de autoahorro fueron la trampa que los incluyó. El sistema es tan perverso como atractivo. Primero te ofrecen una cuota baja, que “vos podes pagar”. Y cuando estás adentro, quedás de rehén de un plan usurario. La concesionaria decide las reglas generales y la letra chica. No tiene forma de perder. El derrotado natural es el adjudicatario.
La cuota sube más que la inflación porque queda atada al precio del 0 kilómetro. Y si el auto que compraste se deja de fabricar, te lo sustituyen arbitrariamente por un nuevo modelo. Hay quienes empezaron pagando 10 mil pesos por un Fiat Palio y tres años después abonan 60 mil por mes. Ni siquiera vendiendo el auto los afectados podrían cancelar la deuda.
El negocio es aún más redondo para los bancos que financiaron créditos hipotecarios con la fórmula UVA. ¿De qué se trata? Es la Unidad de Valor Adquisitivo que se actualiza por inflación. A esto se suma el interés que aplican las propias entidades bancarias. En los últimos 6 años se convirtió en la única modalidad posible para acceder a un préstamo inmobiliario. Insisto, la única.
El Estado promovió un sistema que aún hoy impulsa. Fue generado por el gobierno de Mauricio Macri y ratificado por Alberto Fernández. También por los gobernadores. El Gobierno de Juan Schiaretti promociona actualmente un plan de viviendas con actualización UVA. Los bancos, en complicidad con el Banco Central, generaron un sistema con una rentabilidad altísima, en la que nunca pierden. Tienen la vaca atada. Fijan las condiciones y ante el mínimo incumplimiento intiman al deudor con la certeza de que la Justicia siempre les dará la razón. Cómo advierten, son dueños de las leyes y de las trampas.
El contrato cayó en una brutal inequidad que el Estado no ha querido modificar. Macri gestó la estafa y Fernández cuidó a los bancos, incumpliendo con su palabra en campaña.
Quienes defienden este sistema aseguran que aumentaron las cuotas y el capital, pero también el precio de la vivienda. Son hombres de negocios, claro. Sin embargo para las familias deudoras se trata de la peor de las pesadillas. Deben pagar cuotas abusivas, cada vez están más endeudas y naturalmente no piensan en vender la casa.
No se metieron en un crédito para hacer una especulación financiera, sino para darle un hogar a sus hijos.
Hoy tener una vivienda o comprarse un auto para trabajar es un negocio de pocos vivos, con el paraguas del Estado.
No hay seguridad jurídica para quien no puede pagar las cuotas porque sus salarios suben menos que la inflación.
Los afectados no fijaron ninguna condición, no tienen el teléfono del político ni pueden hacer lobby en un café de los despachos oficiales. Pierden, solo eso.
Algunos voceros del progresismo de redes sociales piden que los afectados “se jodan por creerle al macrismo y a los bancos”. Aseguran que “el Estado, o sea todos, no nos podemos hacer cargo”. Uno de los éxitos de los dueños de la segurida jurídica es conquistar el discurso. Los estafados por planes de autohorro y créditos UVA no piden que el Estado compense a los bancos o concesionarias para que bajen la cuota. Exigen que se recupere un marco normativo de equidad, con esfuerzo compartido.
El Estado que formuló las únicas condiciones posibles para alcanzar el auto más barato o comprar una casa propia, hace años que hace la vista gorda para resguardar a los que ganan fortunas a costa de miles de familias.
Si el modelo no se cambia de raíz, sino se resguarda el interés de los únicos afectados, si hay reuniones con banqueros en el Llao Llao y se ningunea a los reclamos sociales de los endeudados, no habrá más seguridad jurídica que la de los dueños del dinero.
*Periodista