Los 100 días del Gobierno de Javier Milei se caracterizaron por un retroceso en las condiciones de vida de los sectores populares y por un avance de las políticas de entrega, saqueo y pérdida de soberanías que favorecieron a los sectores más concentrados que operan en la economía local. En estos tres meses la gestión de La Libertad Avanza ha intentado promover una reforma constitucional de facto, a través del DNU 70/23 y del Proyecto de Ley Omnibus, modificando de raíz y a espaldas del pueblo gran parte de las normas que regulan nuestra vida en sociedad.
Este documento de diagnóstico fue producido por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA) y aprobado por la Conducción Nacional para ser presentado en el Congreso de la Central el próximo 23 de Marzo. Presenta una síntesis de las principales medidas impulsadas por el Gobierno nacional. Asimismo, señala que este modelo sólo cierra con un incremento de la represión estatal y que, a pesar de ello, la resistencia social ha sido una constante. Desde las primeras movilizaciones de diciembre hasta la próxima concentración popular del 24 de Marzo, pasando por la huelga general del 24 de Enero y el paro del 8 de Marzo, los 100 días de Javier Milei han sido acompañados por 100 días de resistencia. Se trata de una historia cuyo final está lejos de haber sido escrito.
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Las primeras consecuencias del programa económico son ineludibles. En estos 100 días la inflación fue del 71,4% y afectó principalmente a los sectores populares. El salario real de los trabajadores registrados cayó un 17,9% entre diciembre y enero, el haber jubilatorio en estos tres meses retrocedió un 29,5% y el salario social complementario, percibido por los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, tuvo una merma del 37,6%. El análisis de las variaciones en el gasto público muestra a las claras la dirección de las políticas oficiales: mientras todas las partidas destinadas a gastos sociales cayeron significativamente, los recursos destinados al pago de los servicios de la deuda crecieron un 37% interanual en el primer bimestre del año.
El impacto sobre las condiciones de vida de los sectores populares también incluye retrocesos en el Empleo, la Salud, la Vivienda, la Educación y la Seguridad Social, cuyo avance institucional más importante se plasmó en el DNU 70/23, aún vigente. Por fuera de esta norma, el documento también destaca, entre muchos otros, los obstáculos para acceder a medicamentos y el desfinanciamiento del Fondo para la Integración Socio Urbana.
En materia laboral, la reforma contenida en el DNU 70/23 fue suspendida por decisión de la justicia laboral. Sin embargo, la acción del gobierno nacional ha debilitado herramientas muy importantes como el Salario Mínimo, Vital y Móvil y la Paritaria Nacional Docente. A su vez, en el sector público avanzó con despidos y no renovación de contratos, afectando a miles de trabajadores y trabajadoras.
La asunción de Javier Milei también puso en marcha un cambio en la orientación del aparato estatal que fue más allá de un recorte en distintas dependencias públicas. Se desmantelaron áreas de intervención y se redujo el financiamiento de muchos sectores, al tiempo que se fortalecieron todos aquellos ligados a las fuerzas represivas.
La intervención del Gobierno nacional no se limitó al plano material, también lo hizo y de manera muy significativa en el plano simbólico. Con su accionar construye sentido, fija los límites de lo públicamente aceptable. El racismo, la discriminación y la crueldad, a partir de su validación por la palabra oficial encuentran así un terreno fértil donde replicarse. Los discursos que Javier Milei pronunciaba en el pasado como panelista de televisión tenían un impacto sobre la sociedad muy distinto al que poseen cuando son efectuados como presidente de la Nación. Los ataques al Estado, a las organizaciones sindicales, a los movimientos sociales, al movimiento feminista y al movimiento de derechos humanos, entre otros, forman parte de este proceso, que conduce a una exacerbación del individualismo y la violencia del sálvese quien pueda.
Para llevar a cabo sus políticas, el Gobierno nacional necesita doblegar la resistencia social al ajuste y sostener las herramientas institucionales que le permiten gobernar por decreto. De allí que en estos 100 días se haya intensificado la represión y criminalización de la protesta social. En este período se contabilizan al menos 17 eventos represivos llevados adelante por las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de protestas, dentro de los cuales al menos 320 personas recibieron heridas de distinta consideración, 56 personas fueron detenidas, se iniciaron causas a 44 manifestantes, activistas o dirigentes y se impusieron cinco multas millonarias a organizaciones sindicales, de desocupados y partidos políticos. La represión en los hechos fue acompañada por reformas institucionales, tales como el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, aprobado por el Ministerio de Seguridad y la inclusión en el proyecto de ley ómnibus de reformas muy regresivas en el Código Penal.
La resistencia social frente a esta avanzada no se hizo esperar. La legitimidad de origen del gobierno de Javier Milei contrasta con una creciente ilegitimidad de ejercicio, en tanto sus políticas no hacen más que profundizar la crítica situación que vienen atravesando los sectores populares desde hace mucho tiempo. Las primeras acciones contra las medidas del gobierno se realizaron a pocos días de su asunción y en ellas cumplieron un papel muy importante no solo las representaciones orgánicas sino también formas espontáneas de protesta. Movilizaciones, paros, cacerolazos, medidas de alcance general o sectorial, locales o nacionales, con una solidaridad internacional que no encuentra antecedentes en nuestra historia reciente, la resistencia social ha ido en aumento a lo largo de estos 100 días.
Este documento muestra los retrocesos sobre las condiciones de vida que han generado las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei en sus primeros 100 días, pero al mismo tiempo da cuenta de la vitalidad que posee la resistencia de los sectores populares, y expresa la necesidad de que ella se traduzca, más temprano que tarde, en una alternativa donde la Unidad, la Justicia Social y la Soberanía Popular sean los ejes para la construcción de una Patria Emancipada y Pluricultural.
Fuente: www.ctaa.org.ar