Frente a la convocatoria oficial para la discusión de precios y salarios, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, entiende que para que la misma sea efectiva en primer lugar la misma debe ser democrática e incluir a las representaciones legítimamente reconocidas que estén involucradas en la producción, la formación de precios, el trabajo y los salarios.
En primer lugar vemos como alentadoras las declaraciones del Ministro de Economía en el sentido de que en el corriente año los salarios deben superar a la inflación. Pero no deja de preocuparnos que al mismo tiempo se señale con ello que se busca contribuir al objetivo de la política oficial de “establecer un ancla a las expectativas inflacionarias”.
Nuevamente afirmamos con total énfasis que “los salarios no generan inflación”. ¿De qué otro modo puede explicarse que frente a variaciones de precios cercanas al 48% en 2018 y 54% en el año 2019 los salarios de los trabajadores registrados según los datos del INDEC hayan perdido un promedio del 17,5% y los no registrados registren una caída superior aún (-27,5%)? ¿Dónde se verifica la relación entre alarmantes índices inflacionarios y crecimiento salarial? Cabe destacar que esta tendencia continuó durante el 2020, con una caída de casi dos puntos en el caso de los asalariados registrados del sector privado y de más de seis puntos en el sector público.
Un párrafo aparte merece el comportamiento del Índice de Precios de Alimentos y Bebidas. En efecto, frente a variaciones del IPC de 48%, 54% y 36% entre los últimos tres años, el mencionado índice registró guarismos del 51%, 57% y 42%, es decir que en todos los casos estuvo por encima del nivel general. De forma tal que aquellos sectores de menores ingresos, que destinan la mayor parte de los mismos al rubro alimentos, fueron los más perjudicados. Solo en el año 2020 el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió casi 10 puntos contra el IPC pero verifica una caída de 14 puntos frente al índice de alimentos y bebidas. El deterioro del Salario Mínimo, Vital y Móvil en los últimos años ha sido de tal magnitud que en comparación con 2011 el retroceso fue del 38% en términos reales, ubicándose en la actualidad en niveles similares a los de 2004.
La contracara de esta pulverización de los ingresos populares es una argentina con más de 18 millones de pobres y casi 5 millones de indigentes. En tal sentido el principal objetivo político de cualquier gestión económica debe ser revertir este deterioro, para lo cual la recuperación de los niveles de ingresos perdidos es prioritario. De lo contrario pensar solo en emparejar futuras previsiones inflacionarias implicaría cristalizar el escenario actual, no solo en términos de la estructura de ingresos, sino fundamentalmente en cuanto a sus consecuencias sociales.
En el corto plazo para que esta recomposición se cumpla es necesario señalar que las previsiones inflacionarias que se fijan en el presupuesto parecen demasiado optimistas. En efecto, la evolución de los precios en los últimos meses se encuentra más en línea con las expectativas que ubican la inflación del 2021 bien por encima de la pauta del 29% oficial, llegando a casi el 50% anual en el Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el BCRA. Como consecuencia de ello, cualquier medida que se adopte en materia salarial no solo debe garantizar un incremento por encima de la inflación prevista oficialmente, sino que también debe incluir mecanismos que garanticen su recomposición en caso de que la variación de precios termine ubicándose por encima de dicho porcentaje.
Por otra parte, dada la magnitud del retroceso experimentado en los últimos cinco años resulta fundamental que se establezcan planes y objetivos plurianuales de recuperación del salario real, ya que ello será necesario para dotar de apoyo y legitimidad a las medidas que se implementen en el corto plazo. En efecto, una recuperación de algunos puntos porcentuales por encima de la inflación final de 2021, luego de una caída del salario real superior al 20% en los últimos años, será importante en tanto y en cuanto sea parte de un proceso de crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. De lo contrario, podría ser considerada como una mera corrección luego de años de caída, sujeta a un nuevo proceso de ajuste en el año 2022.
En segundo lugar también es importante señalar que con casi el 50% de la fuerza laboral en situación de informalidad, desempleo o inactividad forzada por el impacto de la pandemia, no alcanzará con los instrumentos tradicionales de la política salarial para recuperar los ingresos populares. Frente a las características que hoy exhibe el mercado de fuerza de trabajo laboral aquellos instrumentos (SMVyM, paritarias, básicos de convenios) siguen siendo fundamentales, pero no bastan para enfrentar el cuadro social actual. En este punto resulta imprescindible que las organizaciones representativas de la economía popular tengan un lugar primordial en este debate, así como también aquellas políticas dirigidas a sostener los ingresos de este grupo de trabajadores, tales como el Salario Social Complementario y el Ingreso Familiar de Emergencia.
Como consecuencia de ello, una política salarial no solo debe apuntar a establecer pautas de coordinación de los incrementos nominales de los asalariados registrados, sino que también debe incluir mecanismos que impidan que ellos sean licuados por los aumentos de precios, al tiempo que debe considerar las particularidades del mercado de fuerza de trabajo de nuestro país y fortalecer los ingresos de los sectores de más bajos recursos.
En este marco, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma entiende que como parte de este debate en torno a la evolución de precios y salarios las siguientes medidas y objetivos deben tener un lugar primordial.
En primer lugar, debe convocarse de manera urgente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde debe establecerse una estrategia para recuperar lo perdido y al mismo tiempo establecer el costo de la canasta de bienes y servicios que garantice las necesidades de reproducción de la vida de un trabajador sin cargas de familia. La discusión del Salario Mínimo, Vital y Móvil debe anteceder a la discusión paritaria, a fin de servir como piso de referencia y debe promoverse su funcionamiento de manera permanente a lo largo de todo el año.
En segundo lugar, debe establecerse un incremento de emergencia para jubilados y jubiladas, en paralelo con la aplicación de los índices de movilidad, de manera de comenzar a recuperar la caída de casi el 20% en términos reales que, como mínimo, experimentaron los haberes previsionales en los últimos cinco años.
En tercer lugar, entendemos que resulta propicio volver a insistir con la necesidad de discutir un piso de ingresos de carácter universal para toda la población desocupada o con ocupaciones de sobrevivencia que permita, más allá de la inserción en el mercado de fuerza de trabajo, alcanzar niveles de dignidad para el conjunto de los hogares, garantizando una Argentina libre de hambre.
Sin embargo, cualquier política que busque recuperar ingresos de los sectores populares quedará ahogada si al mismo tiempo no se impide que ella se vea desvirtuada por los aumentos sostenidos de precios y, en particular, por la apropiación de niveles de renta diferencial por parte de los sectores más concentrados de la economía que operan localmente. En tal sentido se hace imprescindible generar mecanismos de control y concertación de precios a lo largo de toda la cadena de producción con la participación del Estado, productores, sin excluir a las PYMES; trabajadores y trabajadoras incorporando a las organizaciones de la economía popular; organizaciones de consumidores y el movimiento cooperativo. De forma tal de transparentar y desarmar el comportamiento predatorio y especulativo de los oligopolios formadores de precios, y de productores que privilegian precios internacionales en detrimento del mercado interno, en particular de aquellos que operan en la producción de alimentos y en la producción de insumos de uso difundido que suelen tener un peso muy importante en el precio final.
Firman: Ricardo Peidro; Hugo Godoy y Claudia Baidorria, Secretario General y secretarios adjuntos de la CTA Autónoma, respectivamente.
Fuente: www.agenciacta.org