Por Jorge Falcone
En tanto se dilata peligrosamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, desde el Sur Global el filósofo boliviano Rafael Bautista Segales aporta cierta claridad afirmando al respecto que “La ‘guerra híbrida’ describe el modo operativo de la ofensiva, pero no explica lo que realmente se pone en marcha. Como ya no es posible insistir en el poder disuasivo, en tanto que persuasivo, porque ya ninguna ofensiva garantiza un éxito ni siquiera circunstancial, dado que el mundo ya es otro; lo que aparece como lógica suicida es la diseminación de la ‘guerra infinita’. Como ya no es posible ganar, entonces ya no hay objetivo calculable; en tal situación, si salir del laberinto en el que se halla Occidente implica aceptar un mundo compartido y medianamente inclusivo, lo único que queda es meterse más en el laberinto, o sea, desatar la guerra total”. Paralelamente, en nuestro terruño se actualiza la advertencia de Evita que da título a esta nota.
La pulseada por “parar la olla”
Para cumplir con la meta del FMI, el Ministro de Economía ordenó una nueva suba de tarifas a la Secretaría de Energía, adonde encuentra ciertas resistencias. Aspira a que aumenten un 40% para la mayoría de los clientes, un nivel inferior a la inflación del 60% prevista para este año, lo que implica más subsidios e importaciones de gas.
Con el primer semáforo fiscal, la preocupación apunta al camino por delante, y ahí comienzan a advertirse algunos obstáculos. Los subsidios económicos son de los que más crecen en términos reales, pese a que incorporarán con plenitud el impacto negativo del conflicto entre Ucrania y Rusia avanzado el otoño y especialmente en invierno. Concretamente, en el primer bimestre el gasto en subsidios energéticos creció 85.7% interanual.
La pregonada “guerra contra la inflación” también abre interrogantes sobre el gasto. A principios de abril, el Gobierno autorizó un bono de $ 6.000 a 4,6 millones de jubilados, algo que el Fondo había desaconsejado. Acaba de anunciar otro de 18.000 $ pagadero en dos veces a beneficiarixs del plan Potenciar Trabajo. La partida de $27.600 millones representa un 0,04% del PBI, un nivel moderado, y además se espera un aumento de la recaudación por retenciones. La incógnita es si será suficiente para compensar los mayores subsidios en la segunda mitad del año.
Por su parte, desde la cartera más recalentada por la puja distributiva, tanto Zabaleta como Pérsico -apremiados por una escalada en la lucha social- hicieron hincapié en que podrían incorporarse nuevos beneficiarios al plan Potenciar Trabajo a partir de aquellos que se dan de baja todos los meses, ya sea por fallecimiento, por jubilación o por otros motivos. Según el Movimiento Evita -cuya lealtad oficialista se apresta a ser premiada con una suerte de Agencia de la Economía Popular probablemente a cargo de Alexandre Roig, actual titular del INAES-, se trata de una cifra en torno al 2% mensual. Esa respuesta gubernamental está pendiente.
Los referentes piqueteros plantearon su inquietud por la resolución de fines del año pasado que le otorgó al ministerio de Desarrollo Social la potestad de elegir a qué organización mudarse en caso de que un beneficiario quisiera cambiar de espacio social.
Conteste de que debería haber un acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, – distanciados debido al enfoque que se le diera al Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional – el ministro, ex intendente de Hurlingham, que responde al Presidente, también les pidió a sus copartidarios bajarle el tono a la discusión interna, manifestando “La economía está dando señales concretas, tranquilicemos la política, tenemos que tranquilizar la política”, se supone que apuntando al kirchnerismo duro y puro, y respaldando al ministro Martín Guzmán, – muy cuestionado por La Cámpora – quien oportunamente declaró: “Gestionaremos con los que estén alineados con este programa económico”.
Iniciativas para que las cargas de la Deuda no ahoguen a lxs más vulnerables
Acaso acicateado por las indirectas vertidas por la Vicepresidenta ante parlamentarios europeos y latinoamericanos, desde El Palacio, Alberto prepara el Salario Universal y aspira a presentarlo con Cristina. La iniciativa irá al Congreso y se financiará con un impuesto a empresas alimentarias o suba de retenciones. Ello invita a preguntarse por qué si oportunamente el oficialismo se desdijo sobre la expropiación al monopolio Vicentín ahora esta medida debería funcionar…
Cabe a Martín Guzmán un estratégico rol en la arquitectura del proyecto, con miras a la pacificación interna del Frente de Todos. Se suma a eso que el Presidente relanzará su gestión, con el foco en “los últimos” y cambios en el Gabinete. Estiman que de mínima el SU debería abarcar a 10.000.000 de beneficiarios y beneficiarias, aunque lxs más escépticxs suponen que no pasará de ser una vuelta de tuerca sobre el IFE.
Avanzar hacia el Salario Universal asoma como decisión tomada para el Gobierno. Pero a diferencia de lo que fue en su momento la AUH, para concretarlo el camino será una ley.
La norma deberá materializarse antes de fin de año, procurando construir consensos. Respecto a los fondos para sustentarla, se adelanta que las ganancias del sector de alimentación en los últimos tiempos constituirán la base de medidas a definir. En otras palabras, se tratará de una carga impositiva a la “renta extraordinaria”.
Otros prefieren apuntar al clásico de la suba de retenciones, sin temores al lobby de los sectores empresarios o del campo.
En sintonía con la contraofensiva del Primer Mandatario, en su primera reaparición pública tras los trascendidos de cambios en el gabinete que lo incluían, el Ministro de Economía adelantó que su equipo trabaja en una medida para recomponer salarios para los sectores más vulnerables, y que eso será financiado con una modificación tributaria para que el Estado pueda recaudar parte de lo que Guzmán llamó la “renta inesperada” de algunos sectores por el shock de precios internacionales que siguió a la guerra en Ucrania.
El Gobierno blindó los detalles sobre cómo operaría ese cambio impositivo para financiar las nuevas medidas salariales de emergencia, aunque por la naturaleza de esa decisión, descuenta que deberá hacerlo pasar por el Congreso, lo que implicará una lidia sumamente difícil. No solo por los problemas internos de la coalición de gobierno, sino porque la oposición ya se manifestó en contra de la creación o incremento de impuestos.
A propósito de esto último, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se apresuró a mencionar que “ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la ‘renta inesperada’, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar”.
El Poder Ejecutivo no dio pistas sobre qué tipo y tamaño de ganancias considerará como “renta inesperada”. Solo definió como ingresos “extraordinarios”, a aquellos que tuvieron lugar para determinados sectores (agroindustrial, minería o energía) por el salto de precios internacionales como consecuencia del conflicto bélico en Europa del Este, y que no responden a incrementos en la inversión o en aumentos en la productividad o contratación de personal.
El alcance de las nuevas medidas, se espera, será más limitado al que tuvo durante la primera parte de la pandemia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a 8,9 millones de personas.
De ese universo total, según datos oficiales, a unos 2,4 millones el IFE les correspondió solo por el hecho de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) La mayor parte de las personas que cobraron el ingreso de emergencia fueron trabajadores informales o desocupados. Este sector insumió seis de cada diez IFE pagados por Anses. Otro 27% fueron beneficiarios de AUH y AUE, 700.000 son monotributistas, 180.000 empleados de casas particulares y 120.000 titulares del plan Progresar.
Desde más cerca al pulso de La Calle, con la consigna principal de “priorizar la deuda interna e investigar la deuda externa”, se lanzó una convocatoria multisectorial impulsada por Juan Grabois junto a un centenar de dirigentes sociales y sindicales como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Claudio Lozano, y referentes de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida.
Se trata del Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI), una iniciativa que apunta a visibilizar la crisis social en ascenso y “promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional”
Un pedido de audiencia con el senador Mayans – quien ha pasado a integrar un interbloque con el de Juliana Di Tullio, pero diferenciado de la misma, a fin de disputar el Consejo de la Magistratura – fue la primera acción del Comité “para expresar su preocupación por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares”.
La carta detalla que el principal desafío del Comité es visibilizar las múltiples deudas internas: pobreza, caída del salario, déficit habitacional, falta de acceso a la tierra, destrucción del ambiente, entre otras; y promover políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, “acompañadas de un compromiso presupuestario”.
Es decir, tal se desprende del documento, deudas que hasta ahora mantiene el gobierno del Frente de Todos con los sectores más vulnerables.
Por otro lado, existe acuerdo entre algunos sectores oficialistas disconformes con el rumbo de la gestión y otros decididamente críticos de la misma, acerca de que el pensamiento impuesto por el Norte Global, mayormente metropolitano, establece una mirada urbana de la realidad, que relega al mundo rural al lugar del atraso y el subdesarrollo. Sin embargo, en países como el nuestro, de ese mundo rural proviene la mayor parte de nuestros alimentos, y en un presente de emergencia alimentaria, el capital financiero trasnacional lo tiene muy claro. Por eso mismo, soberanía alimentaria y soberanía territorial son causas sólidamente relacionadas.
El río Paraná es una de las venas abiertas de América Latina, por la que se drenan nuestros bienes comunes ante las narices de un gobierno que mira para otro lado. En consecuencia, para la militancia popular la soberanía debe ser una causa madre, ya que nos abriga a todxs. Por tanto – habida cuenta de la abultada deuda interna que cargamos -, se impone a todos los espacios que así lo entiendan ganar las calles unitariamente en cada control trimestral del Fondo Monetario Internacional. Debido a la guerra en Europa del Este, el primero se adelantó un mes y tendrá lugar en mayo, si se comienza a organizar esa amplia confluencia desde ahora, el mundo entero escuchará semejante clamor. Vale la pena asumir dicho compromiso sin cortapisas, porque – como ya es insoslayable – “sólo el pueblo salvará al pueblo”.
Fuente: La Gomera de David