“Otro médico más que se va”: El Gobierno Provincial desafectó a 56 profesionales para atender en el interior

Por Nadya Scherbovsky

El plan provincial para la radicación de médicos en el interior comenzó en 2019 con el objetivo de formar profesionales médicos en residencias de medicina general y familiar en el interior de Córdoba. Después de seis años y aun con la promesa de continuidad de sus fuentes laborales y de la atención, 56 profesionales que integraban la primera cohorte perdieron su trabajo el 31 de julio y, por ende, miles de personas quedaron sin cobertura de salud en la provincia.

Por Belén Carcedo y Nadya Scherbovsky para La tinta

El Plan de Radicación de Médicos en el Interior de la Provincia de Córdoba se estructura, en principio, como una residencia en medicina familiar y general, con una duración de tres años de formación y título universitario. El Ministerio de Salud de la Provincia pone a disposición becas para la formación de médiques en centros de salud municipales y en hospitales del interior, organizados en ocho regiones (Noroeste, Noreste, Centro Norte, Centro, Centro Este, Sureste, Suroeste, Sur), con los hospitales provinciales como referencia y que contemplan el acompañamiento de tutores docentes de los municipios, hospitales provinciales y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Para estimular la incorporación de profesionales en este programa, la Provincia ofrece la beca de residencia y los municipios colaboran con alojamiento, alimentación y transporte para las rotaciones de les profesionales, que además cuentan con cobertura de ART y obra social APROSS.

Hace algunos años en una nota periodística, el director de Capacitación y Formación en Salud, Santos García Ferreyra, explicó: “Este programa se genera como una contrapropuesta a una dinámica migratoria hacia las grandes urbes que se da sociológicamente, con el fin de lograr el compromiso y el arraigo de profesionales médicos en localidades del interior, para una mejor distribución de los recursos humanos y un mayor acceso a la salud”.

Conversamos con una médica afectada por la reciente medida tomada por el Gobierno provincial. Por cuestiones de cuidado, solicita que preservemos su identidad y la referenciaremos como Mariana, que cuenta que el principal objetivo del plan era la radicación de profesionales en la zona del interior, donde iban a realizar el total de sus tareas asistenciales y las guardias en el hospital de referencia. “Es una gran contribución a la población, acercando profesionales jóvenes, dispuestos, actualizados y en formación, con una mirada más amplia de la persona y su comunidad. El plan además colabora con las áreas municipales aportando capital humano, ya que los municipios solo ponen los viáticos. En mi caso particular, fue un renegar constante con el área municipal para que abonen mis viáticos, siempre tarde, siempre menos de lo que gastaba realmente”, agrega.

Yamila Baggini Salomón es médica y realizó su formación en la ciudad de Bell Ville. Al consultarle por las ventajas del plan, destaca que una de sus principales virtudes fue la inclusión: no tenía límite de edad y permitía que personas sin formación de posgrado accedieran a una especialización, sin necesidad de trasladarse a Córdoba capital. “Este plan contribuye a la comunidad porque ese médico en la atención primaria de salud puede dar respuesta a múltiples demandas, hacer promoción y prevención de la salud a través de todos los estudios de screening que se pueden realizar, y la comunidad podía llegar a tener el médico de cabecera y conocer, digamos, toda la familia”.

Silvia Miranda Claro también es médica y formó parte del plan en Alta Gracia hasta el 31 de julio. Desde su experiencia, resalta que el programa no solo representó la llegada efectiva del Estado ―a través del Ministerio de Salud y la universidad― a localidades del interior, sino que además fortaleció el sistema con recursos humanos capacitados: “Aporta mano de obra o recurso humano en salud altamente capacitado para poder resolver la mayoría de las problemáticas que se presentan en esas zonas, disminuyendo la necesidad de que las personas se tengan que trasladar a la capital para poder recibir un servicio que se considere de primer nivel de atención. Liberando un poco la carga sobre los hospitales provinciales y municipales de segundo o tercer nivel, y permitiendo también al médico capacitarse mucho más”.

Silvia explica que una parte importante del programa era estar radicados en alguna localidad haciendo parte de la práctica y la otra parte en el hospital provincial de referencia de esa localidad: “Hacíamos un puente entre la localidad y el hospital, un poco también alineándonos y complementando la estrategia de ORIS (Oficinas Regionales de Integración Sanitaria) del Ministerio de Salud provincial, lo que facilita un poco los procesos de articulación entre los dos niveles de atención, y eso también era un aporte a la comunidad”. En cuanto al perfil de formación de la especialidad, agrega: “Nuestra formación en medicina general y familiar incluye el aspecto social y comunitario: salíamos al barrio a trabajar con la gente directamente en su vivienda, en la comunidad y eso es una diferencia con otro tipo de prácticas en salud. Muchas veces el concepto de salud en las localidades es un médico que no conoce a la población, va a prestar una atención rápida para solucionar problemas de enfermedad, con un enfoque preventivo. En cambio, al incluir programas, prevención, promoción, salida al campo, es un plus para la comunidad”.


Al finalizar la residencia, a través de una cláusula contractual, cada profesional debe prestar tres años de servicio en la misma localidad. Concluido ese período, el objetivo es la contratación permanente por parte del municipio de base. Sin embargo, esto no se cumplió. Es la primera camada que culmina con la propuesta inicial. El 31 de julio, desafectaron a 56 profesionales sin ninguna propuesta laboral ni continuidad de atención a las personas que estaban acompañando en sus procesos de salud. Es una gran paradoja que, en un contexto de crisis en el que más personas necesitan del sistema de salud público, se decida que todo el interior de la provincia quede desprotegido de atención.


«Los despidos tienen una resonancia terrible, los municipios y los hospitales regionales no pueden absorber a les profesionales, ya formados, que conocen a las comunidades. Se pierde la confianza. La gente piensa ‘otro médico más que se va’», suma Mariana y continúa: “Se cierran consultorios y hasta servicios ya conformados que daban acceso a la salud con perspectiva de derechos y una mirada integral de la atención. Un montón de trabajo que queda en la nada y deja a las personas usuarias en la incertidumbre y sin acceso nuevamente”.

Para Yamila, esta desvinculación representa, por un lado, que las poblaciones pierden a un médico o médica que estuvo presente y comprometido durante años. Por otro, se perjudica al profesional, que queda sin ingreso y muchas veces se ve obligado a dejar la localidad: “Porque se armaron los servicios de medicina familiar también en los hospitales de segundo nivel en donde se había conseguido el acompañamiento de las interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE), la realización de métodos de screening, que generalmente se pueden brindar con el médico de familia, y la atención longitudinal en el tiempo de las personas que ya consideraban a su médico de cabecera”.

Silvia plantea que sabían que eran seis años y nunca hubo una promesa de continuidad desde lo provincial. Para ella, parte del problema es la amplia diferencia de honorarios que se pagan desde la provincia y desde los municipios: “Es mucho más alto el pago provincial en la mayoría de los casos. Por eso, al terminar los seis años y cambiar a las municipalidades ―en los pocos casos que así fue―, nos vemos afectados desde lo económico como profesionales y eso hace que las personas no quieran todas quedarse en la municipalidad trabajando porque, obviamente, va a tener una disminución de ingresos bastante importante con una intensidad horaria muy alta”.

Mariana asegura que desde el gobierno hubo un silencio absoluto, no se comunicaron. Yamila agrega que pensaron que el gobierno los iba a tener en cuenta, dado el compromiso que se le puso a los servicios y a la formación. Silvia entiende que no hay que considerarlos como despidos: “No fue un incumplimiento ni un despido, pero hubo expectativas de continuidad. Si bien el programa permanece abierto y pueden ingresar nuevos residentes, se pierde este recurso que fue capacitado y entrenado durante seis años, que le da muchísima más estabilidad a la continuidad del servicio”.


Una vez más, la formación en esta especialidad —que nuclea a profesionales con perspectiva de derechos y que apunta a acompañar procesos longitudinales de las comunidades, con inserción territorial, compromiso social y una mirada no biologicista y profundamente humanizada de la salud— se ve atravesada por estrategias cortoplacistas de tipo formativo-asistencial. Las cuales son presentadas como intentos de descentralización y de ampliación del acceso tanto a la educación como a la atención sanitaria y terminan siendo insuficientes y fragmentarias. En lugar de consolidar un modelo integral, terminan dejando a la deriva a profesionales con gran capacitación y un fuerte compromiso con el territorio, pero sin opciones laborales dignas ni estructuras institucionales que acompañen de forma coherente el perfil de la especialidad que eligieron.

 Imagen de portada: Prensa Gobierno de Córdoba

Fuente: www.latinta.com.ar