Se libraron los primeros pagos a quienes adhirieron a la ley de reparación por lo sucedido en 1995, cuando fue el atentado en la Fábrica Militar Río Tercero.
Finalmente el lunes se libraron los primeros pagos para quienes adhirieron a la Ley que contempla indemnizaciones por el atentado ocurrido en 1995, cuando se produjo la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero.
A los siete primeros pagos, los confirmaron desde uno de los estudios de abogados que patrocina a demandantes por lo ocurrido. Se trata del que está a cargo de Rosela Mengo, quien junto a Elvio Vissani llevaron adelante los trámites de sus representados.
Si bien, se liberaron pagos (que se realizan con bonos de consolidación de deuda del Estado), para patrocinados por dicho estudio, la medida comenzaría a alcanzar al universo de demandantes, que son miles de personas, siempre que los expedientes cumplan con las exigencias administrativas.
Se trata de un trabajo que realizó la Comisión de Pagos de las Indemnizaciones del Ministerio de Defensa. Desde el Gobierno se había indicado que tras los procesos administrativos, inclusive el paso necesario por la SIGEN, se abonarían progresivamente los montos resarcitorios para los adherentes a la ley.
No se conocen los montos que se depositaron en las cuentas de las primeras personas que recibieron sus pagos, aunque las mismas ya cuentan con el asesoramiento de un corredor de bolsa, por tratarse de bonos.
Se establece en la ley, que los resarcimientos son por daños morales y psicológicos, materiales, lesiones graves, gravísimas, y muertes.
Por otra parte, si bien hay montos que se abonaron por sentencia judicial, quienes adhirieron a la ley, podrán cobrar la diferencia entre lo que les corresponde y lo que efectivamente recibieron.
Un largo proceso
El espíritu de la norma, como otras de reparación, contempla el pago con bonos de cancelación de deuda del Estado. El proyecto fue convertido en ley en 2015, En julio de 2014, a instancias del entonces diputado Eduardo “Wado” de Pedro (hoy Ministro del Interior), tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fueron 179 los legisladores que votaron en afirmativo. Debería pasar más de un año para que en septiembre de 2015, Senadores la aprobara también por unanimidad y se sancionara finalmente.
En el año 2007, el entonces interventor de Fabricaciones Militares (DGFM), Arturo Puricelli, en el gobierno de Néstor Kirchner, había acordado con el abogado cordobés Mario Ponce, patrocinante de miles de demandantes agrupados en la Comisión de Damnificados, un acuerdo que evitara llegar a un juicio que insumiría demasiado tiempo.
En el año 2008, la ex Presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una visita a la Fábrica Militar, anunciaba la elevación del proyecto a la Cámara Baja. La iniciativa no avanzaría en Diputados.
Finalmente, como está señalado, en 2015, fue sancionada la ley por el Congreso y promulgada por la entonces mandataria a cargo del Ejecutivo. Restaba la reglamentación. La norma establecía que quienes habían demandado al Estado, podían adherir a la misma, desistiendo de la acción civil en la Justicia.
La reglamentación
En el año 2018, finalmente la ley fue reglamentada cuando era presidente Mauricio Macri. Para que eso ocurriera, existieron fuertes reclamos. En una instancia intermedia, trascendió que se había elaborado un “borrador” del Decreto reglamentario, en donde se establecía el concepto de “causa vigente”.
Si aquel decreto prosperaba tal como estaba redactado, nadie hubiera cobrado ya que los adherentes a la ley no tenían en vigencia sus causas. El “borrador” generó una polémica y hasta un proyecto de resolución de la Legislatura de Córdoba, solicitando al Gobierno de entonces que se respetara el espíritu de la norma.
Se consideraba en el borrador de la reglamentación que quienes se beneficiaran con dicha ley, debían tener sus causas activas hasta seis meses antes de la sanción de la norma. En concreto: quienes habían suspendido la acción civil por adherir a la ley, no podrían beneficiarse con la misma.
Finalmente, el decreto de reglamentación estableciendo los pasos administrativos para llegar al momento del pago se redactó en base a lo establecido originalmente. Ocurrió en el año 2018.
Antes de dejar el gobierno la anterior gestión, en el Boletín Oficial publicaba una resolución. En la misma, se indicaba que ya comenzaba a correr el trámite administrativo. Inclusive se adjuntaba un anexo con los nombres de quienes supuestamente cobrarían y los montos, cuando en realidad se debía esperar un proceso extenso, hasta que efectivamente se iniciara el pago. Se trataba de 124 expedientes.
La Resolución estaba firmada por la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Algunos medios, por desconocimiento o no, cuando aún gobernaba la anterior gestión titulaban que eran los primeros resarcimientos que se pagaban, cuando en rigor restaba mucho para ello. Ponce, a través de la Comisión de Damnificados, aclaraba precisamente que restaba aún para que sucediera.
La supuesta inminencia de los pagos, generaba una expectativa en los demandantes, algo que terminó por diluirse, cuando se conocía que el proceso de cobro no era inmediato.
Una nueva etapa
Con la llegada del nuevo Gobierno, comenzaron a firmarse las certificaciones para abonar las indemnizaciones. El ex Ministro de Defensa, Agustín Rossi, había indicado que era una prioridad cumplir con los demandantes. Por ello, es que se decidió conformar una Comisión Especial abocada al tema Río Tercero.
Ante la demora desde la Comisión de Damnificados, inclusive se realizó un acampe de reclamo en la Plaza San Martín. Desde Fabricaciones Militares, se aseguraba que restaban algunos pasos administrativos, pero se cumpliría en la palabra comprometida.
Al frente del Ministerio de Defensa ya había asumido en reemplazo de Rossi, Jorge Taiana. Ponce presentó entonces un recurso ante el Juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
Finalmente, como está señalado, el lunes se liberaron los primeros pagos, siete, correspondientes a un estudio jurídico, pero que deberían alcanzar progresivamente al universo de demandantes.
Una intimación de la Justicia
Desde la Comisión de Damnificados, se informó en la semana que Ponce había presentado un escrito al juez Ochoa fechado el 1 de febrero, para que intimara al Gobierno a cumplir con los resarcimientos.
El magistrado riocuartense, el 3 de febrero dictó un decreto en donde emplazó al Estado a abonar las indemnizaciones en el término de 10 días. Según aseguró una fuente, la notificación se recibió el lunes en el Estado, “luego de liberados los primeros pagos”.
Eso comenzó a suceder ahora. La expectativa es que ese proceso no se detenga. La misma fuente señaló a este medio: “En tanto y en cuanto, los expedientes administrativos estén correctamente presentados se irán liberando los pagos a quienes hayan adherido a la ley”.
Fuente: www.3rionoticias.com.ar