La persecución judicial contra el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, que lleva adelante el Fiscal Provincial Ernesto de Aragón obtuvo como respuesta una masiva muestra de solidaridad con el dirigente sindical de parte de organizaciones políticas, sociales y hasta futboleras, que repudiaron el papel que cumple el Ministerio Público Fiscal sobre su figura, cuyo domicilio fue allanado hace un año, secuestrándole los teléfonos celulares, aun no devueltos, incluso a su hijo menor de 10 años.
En ese marco, se expresaron en apoyo solidario con el dirigente estatal la Junta Interna de ATE-CONICET Córdoba; Agrupación 17 de Octubre ATE; ATE Río Cuarto; ATE Río Tercero; ATE Cruz del Eje; ATE San Justo; ATE Adelia María; ATE Lanús; ATE Provincia de Buenos Aires; Consejo Directivo Nacional de ATE; CTA-A Río Cuarto: CTA-A San Francisco; CTA-A Córdoba Capital; CTA-A Punilla; CTA-A Traslasierra; CTA-A Capital; CTA-A Misiones; Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) tanto a nivel nacional como provincial; Agrupación Marta Juárez; Agrupación Más Talleres; Izquierda Socialista Río Cuarto; Cuña Roja Juventud Izquierda Socialista Río Cuarto; Movimiento Peronista Córdoba; Federación Aceitera Desmotadora (FTCIODyARA): y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), entre otros.
El Fiscal De Aragón ordenó, al cumplirse un año exacto de los allanamientos, que incluyeron la sede de ATE Río Cuarto y su domicilio particular, que se presente a declarar como imputado.
El mismo día también el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros -émulo de su par nacional, Patrica Bullrich- pidió en los medios de comunicación una “Ley Antipiquetes” en Córdoba -pedido que fue rápidamente instrumentado por la legisladora oficialista Nadia Fernández para darle estado parlamentario a la iniciativa- que se propone modificar el Código de Convivencia, estableciendo sanciones para quienes “alteren el tránsito de personas y vehículos sin la autorización de la autoridad competente”, dando cuenta de que la escalada es coordinada e integral con el objetivo de criminalizar la protesta social y amedrentar a los dirigentes que se atreven a desafiar las políticas de ajuste en la provincia.
Cabe mencionar que la causa que tiene imputado a Giuliani se origina en las protestas que ATE y la CTA-A realizaron el 25 de mayo de 2024, con motivo de la visita del Presidente Javier Milei a Córdoba Capital, cuando impulsaba que todos los gobernadores del país firmen el llamado “Pacto de Mayo” con que se comprometían a aplicar el brutal ajuste que sufre el país, iniciativa que fue abortada por la protesta y finalmente se firmó en el mes de julio en Tucumán.
Radio Abierta frente a Tribunales II.
Aquella iniciativa fue finalmente frustrada por las movilizaciones del 25 de mayo, donde la Gendarmería atropelló la concentración pacífica de los trabajadores en el ingreso de Aeropuerto Córdoba. Posteriormente, sería la Policía Provincial la que desplegara otra represión más virulenta en la esquina de 27 de abril y Avenida Vélez Sársfield, mientras Milei volcaba su discurso de odio en un acto en el Cabildo de la ciudad.
El 30 de mayo pasado una Radio Abierta en Tribunales II acompañó la declaración de Federico Giuliani en la causa armada por el Fiscal De Aragón. El dirigente de ATE y la CTA-A Córdoba contó en la oportunidad con el respaldo de numerosos sectores de trabajo y referentes de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas.