Adelantaron que “mientras no haya trabajo y salarios dignos, no habrá paz social”. Advirtieron acerca de las pésimas condiciones de higiene y seguridad y, además, responsabilizaron al Gobierno Provincial por los daños y perjuicios que pudieran sufrir las personas que “son obligadas a poner en riesgo su vida en el trabajo por la desidia estatal”. El plenario de Provinciales tuvo lugar este miércoles en la sede ATE Córdoba, Entre Ríos 450.
“Otra vez, en lo que constituye una remanida práctica del “Cordobesismo” en más de dos décadas de Gobierno en la Provincia, se volvió a imponer un Acuerdo Salarial con los gremios amigos, con porcentajes tan magros que condenan a los trabajadores y trabajadoras de la Provincia a sobrevivir bajo la Línea de la Pobreza en la mayoría de los casos.
“Rechazamos por insuficiente e irrisoria la pauta salarial de un 20 % de aumento en tres veces. Lo acordado no se condice con la disparada de los precios, fundamentalmente de los alimentos, del tarifazo por goteo que se viene dando con los aumentos de combustible, el próximo descongelamiento de las tarifas de los servicios de electricidad, agua y gas, entre otros.
“Una familia tipo necesitó en diciembre del 2020 $82.085,90 para satisfacer sus necesidades. Esto es lo que necesita un hogar de trabajadoras/es (pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar), según el relevamiento de la Junta Interna de ATE-INDEC. Significa que se necesitan cuatro salarios mínimos para no ser pobres. El Salario Mínimo, Vital y Móvil está actualmente en $20.587 y pasará a ser de $21.600 pesos a partir de marzo. Una vergüenza.
“Estos son los datos crudos de la economía real que padecen las y los trabajadores/as estatales de Córdoba, una provincia devastada por el sobre endeudamiento, la pobreza, el hambre y el desempleo. Más de la mitad de las familias cordobesas accede a los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria con alguna ayuda del Estado Nacional o Provincial, según se desprende del informe que elabora el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas. Entre ellos, muchas y muchos son compañeras y compañeros empleados de una de las provincias más ricas del país con mayor cantidad de pobres e indigentes.
“Para firmar este pacto espurio a espalda de las y los laburantes, el Gobierno de Schiaretti violó una vez más el Derecho a la Libertad y la Democracia Sindical priorizando la negociación con los gremios que le aseguran un “congelamiento del conflicto”. Desde ATE decimos que mientras no haya trabajo y salarios dignos, no habrá paz social.
“Los mismos que reconocen haber protagonizado el condenable episodio del “Vacunatorio VIP” privilegiando a sus funcionarios por sobre el resto de la población, son los que piden a los trabajadores -que somos quienes garantizamos el funcionamiento diario del Estado- que acepten estas migajas.
“Nuevamente fuimos ignorados, pese al formal envío de notas tanto al Ministerio de Salud como a la Casa de Gobierno para participar en la Mesa Paritaria y de Discusión Salarial del Estado Provincial para este 2021, desconociendo nuestra representación de las y los trabajadores del sector.
“En representación de las y los trabajadores quienes se han expresado en Asamblea, desde los sectores del Estado Provincial organizados en ATE exigimos lo siguiente:
– Recuperación inmediata y en un solo pago del 10% del poder adquisitivo perdido en el último período del año 2020.
– Ningún trabajador debe percibir un sueldo inicial que se encuentre por debajo de los $56400 según el Índice de Canasta Familiar Córdoba, siendo el mismo su salario de base al ingreso a la Administración Pública Provincial.
– Para no seguir perdiendo poder adquisitivo ante la inflación, exigimos un aumento no menor al 30 por ciento retroactivo a febrero y que esta pauta se revea en el mes de junio de este año, y en base a índices de inflación de Córdoba.
– Que los Bonos Incentivos otorgados por el Estado Provincial para el sector de trabajadoras/es hospitalarios, por ser éstos Servicios Esenciales debido a la exposición y peligro inminente para sus propias vidas y la de sus familiares, sean incorporados a la asignación básica de cada agente tanto sea trabajador/a que se desempeñe en los nosocomios, de la ley 7233 y/o 7625. También nos manifestamos que a las/los administrativos de la Ley 7233, se les tiene que duplicar el insuficiente monto otorgado -de solo 2.500 pesos- ya que es una cifra tan magra, indigna y en negro que solo demuestra el poco interés y la discriminación a la que somete a sus trabajadores el Sr Gobernador.
– Exigimos el inmediato cese de modelos de precarización laboral impuestos hasta la fecha en cualquiera de sus figuras, promoviendo el uso y abuso de los mismos y que colocan a los las y trabajadores/as en una situación de abandono, sometimiento y desigualdad en su máxima expresión.
– Que se cubra los planteles de personal necesarios y que hoy faltan, que se respeten las altas por las bajas efectuadas -ya que hace años esto se incumple y afecta a la cobertura de cargos-, a fin de garantizar las prestaciones, la atención segura, oportuna y eficaz en cada dependencia, lo cual se traduce en mejor atención al usuario y en evitar la profundización de la sobrecarga laboral que ya sufren las/los trabajadores/as.
– Restitución de la Caja de Jubilaciones a sus verdaderos dueños que por muchos años y por medio de sus aportes y contribuciones ha sido desfinanciada por los distintos gobiernos de turno, con modificaciones sustanciales y leyes que han destruido el salario jubilatorio de las/los trabajadores/as provinciales.
– Desde ATE planteamos con firmeza, que ningún salario debe perder ante la inflación. Para nosotras/os, trabajadoras/es estatales, la salida de la crisis económica y sanitaria es sin ajuste.
– Además exigimos condiciones de seguridad e higiene laboral dignas ya que si al día de hoy no ha sucedido ninguna catástrofe de envergadura contra las y los trabajadores y usuarios/as -como podría haber sido si el desplome del techo del Hospital Misericordia esta semana se habría producido una hora después-, es de pura casualidad. Lo advertimos y hacemos responsable al Gobierno de la Provincia de Córdoba por los perjuicios que, al respecto, pudieran ocurrir contra aquellas personas que son obligadas a poner en riesgo su vida en el trabajo por la desidia estatal;
Por todos estos motivos, es que declaramos el Estado de Alerta, Asamblea y Movilización Permanente en todas las dependencias de la administración pública provincial y organismos descentralizados”.
Fuente: www.atecordoba.org