Por Miriam Campos
“Una vive encerrada en la casa, los familiares no quieren venir acá porque no se puede ni salir al patio a tomar mate, ni nada. Hay que estar siempre adentro. En época de pandemia Porta quintuplicó su producción de alcohol, y eso ha sido terrible para nosotros” dice Rosa Acuña, que vive en barrio San Antonio, al sur de Córdoba capital, donde se encuentra la planta de bioetanol Porta Hermanos. “El monstruo del barrio”, como le dicen las y los vecinos que siguen reclamando al Poder Judicial que frene la contaminación a la que están expuestos hace ya una década.
La planta está radicada allí desde 1995; en ese entonces sólo embotellaba alcohol. Desde 2012 su gran apuesta es la producción de bioetanol, y la expansión actual incluye la producción de licores, vodka, fernet, vinagres, aceites, salsa de soja y jugos de limón. Pandemia mediante intensificó la producción de alcohol sanitizante, a 24/7.
“Se hizo un estudio aproximadamente a cinco kilómetros alrededor, podría ser más, y hay contaminación. No es solo nuestro barrio, es también el de al lado, el otro, todos alrededor. El aire es de todos, por eso tenemos que defenderlo entre todos” cuenta Rosa, y agrega: “Los niños están todos contaminados. Se les han hecho estudios de toxicidad y tienen sus cadenas de ADN alteradas. Parece que antes que nuestras vidas valen más los grandes negocios”.
En ese marco, este domingo 23 y lunes 24 de octubre el barrio se moviliza una vez más. Unas sesenta personas viajarán a Buenos Aires para reclamar ante la Corte Suprema que agilice el recurso extraordinario presentado en julio de 2021, tras un fallo “blando” de la Justicia Federal, una sentencia a vista de la comunidad de San Antonio que permitió a la empresa seguir funcionando pese a que no contaba con la licencia ambiental establecida por ley.
“Nuestros cuerpos están deteriorados, cansados, ya no tenemos forma de vida, entre los olores, las vibraciones… es una cosa muy diferente contarla, que vivirla. Nuestros cuerpos ya no resisten tanta injusticia, porque hay leyes y no se cumplen en esta provincia de Córdoba. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema” plantea Rosa, que en la semana previa al viaje se reparte el tiempo entre el cuidado de su mamá enferma, las labores cotidianas y la difusión de lo que pasa en el barrio.
“No es solo nuestro barrio, es también el de al lado, el otro, todos alrededor. El aire es de todos, por eso tenemos que defenderlo entre todos”. (Foto: Fuera Porta)
Principio precautorio
Con el recurso extraordinario, la organización de mujeres de barrio San Antonio “Vecinxs Unidxs en Defensa de Ambiente Seguro, “VUDAS” como se las conoce, busca llevar la causa al máximo tribunal, cuyo ingreso depende de la Secretaría de Juicios Ambientales y actualmente está en manos del secretario de jueces Néstor Cafferatta. El lunes 24 pedirán audiencia para reclamar que la presentación empiece a circular en los pasillos y en la calle harán el ya conocido festival “Primavera sin Porta”, para visibilizar el reclamo en la capital del país.
A priori, el objetivo es lograr que se ordene el cese de la actividad de la planta hasta tanto la empresa finalice el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, la obtención de la licencia ambiental, a la que Porta Hermanos nunca le dio cumplimiento de acuerdo a la legislación y por lo tanto, tal como reconoció la Cámara Federal en su fallo de hace casi tres años, implica “un serio riesgo para la salud de los habitantes de los barrios aledaños”.
En ese entonces, diciembre de 2019, el juez federal Hugo Vaca Narvaja indicó que la fábrica produce bioetanol en un barrio residencial sin Estudio de Impacto Ambiental, en incumplimiento de la Ley 10.208 de Políticas Ambientales de Córdoba y otras normativas vigentes.
En el fallo, el magistrado indicó que los informes ambientales presentados “son concluyentes en determinar la relación existente entre la contaminación ambiental y los problemas de salud que sufre la población aledaña a la industria Porta Hermanos (…) a pesar de que se sostenga que no se superan los niveles de contaminación permitidos, ello no quiere decir que no exista contaminación”. Sin embargo, en lugar de disponer el cierre inmediato de la empresa o aplicar el “Principio Precautorio” que habilita determinar el cese de la producción ante el riesgo, como esperaban en San Antonio, el magistrado le otorgó a Porta Hermanos diversos plazos para que se adecúe a la ley.
Tras esta instancia, la fábrica presentó en 2020 una recusación ante la Cámara Federal de Apelaciones, aún sin resolución por parte de los camaristas Ávalos, Montesi y Vélez Funes.
La comunidad de San Antonio llevará su reclamo a Buenos Aires para visibilizar la situación que atraviesa el barrio hace 10 años. Foto: gentileza RNMA
“La planta de la empresa se encuentra inserta en un barrio densamente poblado, por lo cual los efectos negativos podrían devenir en daños graves e irreversibles en los derechos fundamentales de las población”, indica a este medio el abogado Ramiro Fresneda -quien representa a las y los vecinos- sobre la importancia de la aplicación del Principio Precautorio regulado en el artículo 4 de la ley General de Ambiente 25.675.
“Fuimos a la Corte Suprema porque la sentencia, al limitarse solamente a ordenar a la empresa que en 90 días realice dicho procedimiento, deja literalmente desprotegidos y en absoluta indefensión a las y los vecinos, dejándolos librados a la espera del cumplimiento del procedimiento citado, cuando los daños a la salud se han producido y continúan produciéndose y han sido valorados por los jueces al momento de emitir sentencia”, explica el letrado.
Fresneda considera que la sociedad cordobesa esta cada vez más “preocupada y ocupada” respecto a las problemáticas ambientales y destaca “la distancia abismal que existe entre lo que expresan las leyes en materia ambiental en el orden Provincial, Nacional y Supranacional con lo que sucede en la práctica, tal como queda demostrado en el caso Porta”.
“En ese sentido, nos preguntamos: si una empresa de la magnitud de Porta Hermanos logró ampliar de manera considerable su actividad soslayando los procedimiento exigidos por la ley, ¿cuántas empresas están en idéntica condición en nuestra provincia?, ¿cuántos emprendimientos de magnitud estarán fuera de la ley, sin que la sociedad esté informada?”, plantea el abogado y aclara: “Estos interrogantes bajo ningún punto de vista debieran ser interpretados como una resistencia al progreso, sino es lisa y llanamente el derecho de la ciudadanía a exigir que se cumplan las leyes del Estado de Derecho”.
Diez años de lucha
María Rosa Viñolo vive a 50 metros de donde están los silos de la producción de bioetanol de la fábrica. Tiene tres hijos, ya adultos, “dos nietitas” y hace 36 años que reside en el barrio. “Me casé y acá nos hicimos la casita. Compramos el lote y con esfuerzo durante varios años fuimos construyendo. Decidimos venir a vivir a este barrio, que era súper tranquilo y un lugar precioso para vivir, sobre todo para los chicos en ese entonces” cuenta, y añade que con el tiempo todo eso se fue transformando: “Ahora esta situación, que nos está llevando mucho tiempo, realmente nos ha arruinado un poco los proyectos y la visión que teníamos para la vida en este barrio, la vida digna que queríamos. Por eso luchamos, eso es lo que defendemos”.
VUDAS nació buscando información de lo que pasaba en el barrio, a qué se debían esos olores, los malestares físicos que las y los vecinos comenzaban a manifestar. La organización pidió explicaciones en el municipio y la Provincia y fue de a poco armando la trama de una empresa que obvió el estudio de impacto ambiental, la correspondiente licencia y, en tanto, la protección de los vecinos.
Tras los estudios científicos que presentaron en la causa, siguieron reclamando en el fuero federal y ahora le tocan la puerta a la Suprema Corte. “Siempre hemos ido paso por paso, siguiendo cada instancia, pero necesitamos que la Justicia sea más directa, que no tenga esta burocracia, que se dé cuenta de que cuando están en juego el ambiente, los cuerpos, la gente, la comunidad, tiene que ser más rápida”, dice María Rosa. El reclamo, está dicho, cumple ya una década.
“Es fuerte lo que está pasando acá, y no lo podemos finalizar; tampoco lo podemos entender. Si esta empresa es ilegal, si esta empresa es un monstruo, si está pegada a un montón de barrios que también están siendo perjudicados, entonces decimos: ¿Cómo puede ser que no lo puedan ver, que no puedan darse cuenta?”, plantea María Rosa y cierra: “La mayoría de quienes iniciamos esta lucha somos mujeres, madres, abuelas… cómo no vamos a luchar por las familias si vemos que algunos se van sin poder ver justicia, y además los niños siguen siendo afectados. ¿Cómo una madre se va a quedar tranquila, cruzada de brazos viendo que su familia se está enfermando? Para nosotras eso es inaceptable”.
Fuente: www.lmdiario.com.ar