Por Antonio “Tano” Muratore*
Si hay una preocupación constante de nuestro pueblo es la inflación. La guita no alcanza para llevar la comida necesaria a la mesa y los salarios -de aquellos que claro está, se encuentran en el circuito formal del trabajo- siempre pierden contra la remarcación constante de los precios de los alimentos. Y si esto pasa con los trabajadores en blanco, ni hablar de las penurias que atraviesan miles de compatriotas que viven de changas para ganarse el sustento diario.
En 2020 la inflación de los alimentos de la góndola fue del 23 %, -según el Gobierno Nacional- pero en las frutas, verduras y carnes, el aumento estuvo por arriba del 56 %.
Y ya que de carne hablamos, un dato reciente da cuenta que las exportaciones de carne bovina aportaron al país USD 2.700 millones en 2020 y lograron triplicar el nivel de divisas de cinco años atrás, aunque el precio de la carne para consumo interno se ha vuelto otro dolor de cabeza para miles de argentinos, obligados a sustituir ese alimento por otros de menores valores proteicos, como el caso del pollo.
A un productor que cría su ganado con pastura natural le va de 3 a 3 años y medio para engordar y llevar el novillo de exportación al kilaje necesario, mientras que el ejemplar vacuno criado en feel lot (engordado en corral), pesa 220 kilos y en cien días lo llevan a 320 kilos, es decir que en 100 días engorda 100 kilos a base de una alimentación de rollo de alfalfa, maíz y un preparado para que no se empaste.
Si repasamos la brecha entre lo que se paga al productor por kilo vivo y los precios a los que se venden determinados cortes vacunos en las carnicerías y supermercados, la diferencia es notable y el Gobierno debería actuar con energía para evitar que no paguemos los precios de exportación en el consumo interno.
Veamos algunos ejemplos: Por el novillo de consumo que pesa entre 430 y 460 kilos, se paga al productor entre $ 140 y $ 160. Por el novillo para exportación -con un peso de 500 a 520 kilos- le pagan al productor $ 155 por kilo vivo. Por la vaca para consumo -muy buena- el productor recibe $ 130 y por el kilo vivo de ternero feel lot (de 320 kilos, recibe entre $ 150 y $ 170 por kilo.
Los cortes argentinos más populares son el asado de tira, el vacío, el matambre y las pulpas: nalga, cuadrada y bola de lomo, así como la carne para puchero: osobuco, falda, quijada, pecho y chiquizuela. Pero resulta que al momento de comprar el asado de tira nos cuesta entre 600 y 750 pesos, y un precio similar tienen el vacío y el matambre; la nalga la pagamos entre 600 y 740 pesos, un poco menos la cuadrada y la bola de lomo: $ 580, mientras que, en la carne para el puchero, los cortes oscilan entre los 350 y los 450 pesos.
Es evidente, entonces, que la diferencia sustancial de precios se da, sin lugar a dudas, en la intermediación. Es decir, desde la faena hasta el mostrador. El Gobierno lo sabe, todos los sabemos, y no basta con alcanzar un acuerdo como el reciente con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC que integran Azul Natural Beef SA, propiedad de los hermanos Alejandro y Enrique Duhau, y Tomás Zymnis (este último residente en Europa); Arre Beef SA, de la familia Borrell; Black Bamboo Enterprises SA -con base en la población santafesina de Hughes, actualmente propiedad de un grupo inversor de origen chino-; Campo del Tesoro SA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar y proveedor de la multinacional McDonald’s; Compañía Bernal, integrada por cuatro grandes frigoríficos que exportan el 45 % de la carne argentina siguiendo los estándares de Finexcor (Tomás Zymnis fue presidente hasta 2005) y Cargill; además de la Compañía Procesadora de Carnes SA; Ecocarnes SA; Exportaciones Agroindustriales Argentinas SA (Carnes Pampeanas) perteneciente al poderoso grupo Cresud del empresario Eduardo Elsztain, principal accionista del Banco Hipotecario y dueño de más de 15 shoppings en el país, entre ellos Córdoba Shopping y Patio Olmos, de la capital provincial; Friar SA; Frimsa SA; Frigolar SA; Frigorífico Gorina SA; Frigorífico General Pico SA; Frigorífico Rioplatense SA; Swift Argentina SA; Logros SA, con su planta en la localidad cordobesa de Río Segundo; Marfrig Argentina SA; Planta Faenadora Bancalari SA; Quickfood SA; Rafaela Alimentos SA, en Casilda; Runfo SA y Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima, propiedad de Federico Braun, tío del exsecretario de Comercio de la gestión Macri, Miguel Braun).
Y en este rubro específico de la industria bovina de exportación “existe subfacturación de los precios”, “un incremento de exportadores sin fábrica”, “evasión” y “operadores marginales con empleados en negro”, es decir una gran ventana de “informalidad”, tal como lo denunciara por estos días el gremio de la Carne, asegurando que “en estos lugares no se pagan las escalas salariales vigentes, no se pagan aportes previsionales ni la obra social de los trabajadores”.
Es que éste acuerdo entre el Gobierno y ABC se promociona como una baja sensible de los precios de cortes cárnicos populares: asado de tira $ 399 -inexplicable porque no redondean-, que representa un 29 % menos a lo que salía en diciembre; vacío a $ 499, un 20 % menos; matambre a $ 549 (-13 %); tapa de asado $ 429 (-15 %); cuadrada y bola de lomo a $ 489 (-13 %); carnaza (osobuco) a $ 359 (-13 %); falda $ 229 (-30 %); roastbeef (-12 %) y picada $ 265, pero, -siempre hay un pero-, a la hora de la compra -los miércoles y fines de semana- brillan por su ausencia de las góndolas, al menos en los supermercados del interior que los comercializan: VEA, Coto, Jumbo, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día y Libertad, y en caso de conseguirlos, su precio inferior es proporcional a la calidad que exhiben.
En nuestra región del este cordobés, que forma parte de la llamada cuenca lechera de la Argentina, los tambos que sobreviven aportan la producción a empresas lácteas como Manfrey, lo que queda de Sancor -vaciada por inescrupulosos directivos en los últimos años- y Santa María.
El litro de leche se paga entre 22 y 23 pesos al productor, según la grasa butirosa -componente energético- que contenga, aunque las lácteas pagan con atraso. Por ejemplo, este mes de febrero los productores están cobrando la producción de diciembre.
Pero lo más repudiable es la escalada de precios que sufre a diario este alimento esencial para nuestras infancias, que en algunos casos representa en góndola hasta el 172 % de lo que se le abona al productor. Otra intermediación en que el Estado debería poner el ojo y actuar en consecuencia.
Es hora que el Gobierno deje de lado el posibilismo y se decida a cargar de una vez por todas contra los formadores de precios, y si de ese lado lo acusaran de limitar la rentabilidad empresaria, pues bien, firmeza y basta de medias tintas: O se está con el pueblo o con aquellos que siempre ganan a costa de él.
*Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), Seccional San Francisco. Secretario General de la CTA Autónoma Regional San Francisco