A fines de marzo, 80 trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) fueron despedidos. Este organismo, que depende del Estado nacional, tiene a su cargo 55 áreas protegidas en todo el país, en el continente y el mar. Esto hace un total de 18 millones de hectáreas y 2.300 empleados. Dependen de esta área: guardaparques, brigadistas de incendios, profesionales y técnicos, administrativos. La cartera había estado sin autoridades al frente durante más de 100 días hasta que, el pasado martes, designaron como nuevo Presidente a Cristian Larsen.
El abogado especializado en derecho tributario y maestrando en Administración y Políticas Públicas no tiene formación ni experiencia en gestión de áreas protegidas. Hombre del PRO, el exyerno de Lombardi hizo campaña junto a Patricia Bullrich el año pasado. Fue director de Radio y Televisión Argentina S. E., cargo al que tuvo que renunciar en la gestión de Alberto Fernández y por lo cual le inició un juicio al Estado. Luego, desistió porque fue nombrado como director del RTA en representación del PRO. Otra de las cuestiones que figura en su historial es una denuncia de la Oficina Anticorrupción en 2023 por “infrigir el artículo 46 del Código de Ética para la Función Pública”.
“Tenemos plena confianza en llevar a cabo esta tarea encomendada por el presidente Milei. Los Parques Nacionales serán promotores de un desarrollo sustentable vinculado al turismo y la preservación de la naturaleza. Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias”, afirmó el nuevo Presidente.
Desde el sector de APN, miran con preocupación el futuro por posibles nuevos despidos y que el objetivo sea convertir las áreas protegidas a fines recaudatorios, un paradigma corporativo más greenwashing y extractivo que un enfoque de conservación y desarrollo del capital natural.
En Córdoba, son tres los parques nacionales que dependen de la APN; El Parque Nacional Quebrada del Condorito, creado en 1996 y con 37.600 hectáreas en la región que preserva a cóndores y a la Pampa de Achala como reserva hídrica; el Parque Nacional Traslasierra-Pinas ―que abarca más de 100.000 hectáreas del Chaco Seco― y el Parque Nacional Ansenuza ―con más de 660.000 hectáreas de parque y reserva―, creados en 2022.
Los despidos llegaron a cinco personas, pero hay preocupación hacia adelante, ya que la renovación de los contratos es por 3 meses. Desde ATE, indicaron: “Cada quien desarrollaba distintos proyectos y sus despidos tienen un gran impacto en los parques. Una trabajadora era guardaparque provincial de la Reserva Natural de la Defensa de Ascochinga y la única con la que contábamos en ese sector”.
Se vienen realizando diversas actividades de difusión y protesta para visibilizar la situación y poner en agenda el total desconocimiento de la gran tarea que se realiza desde Parques Nacionales. El área protegida en que más despidos hubo fue el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, donde se desvinculó a cuatro profesionales, un técnico y un administrativo, algunos de los cuales llevaban casi 20 años en sus puestos. Como expresaron desde el sector: “Están poniendo en riesgo la capacidad de los distintos parques para permanecer abiertos y dar atención a la población que los visita durante todo el año, lo cual impacta negativamente en el turismo local”. Algo que se pudo ver en la Semana Santa en el Parque Nacional El Chaltén.
El rol que tienen brigadistas es cada vez más importante, no solo en la época de incendios, sino en el trabajo de prevención durante el año. No contar con ellxs sería una regresión muy grande, sobre todo, en esta provincia donde es un gran problema que no encuentra verdaderas políticas de prevención y manejo del fuego, y los parques nacionales actúan como reservorios. Además, es necesario el rol de educadores, investigadores, especialistas, metereólogxs y una diversidad de técnicxs que hacen a la gestión de estas áreas y al cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales.
En la primera ola de despidos, trabajadores del área afirmaron que no hubo revisiones de contratos ni evaluaciones de planillas ni proyectos. Como parte del plan del Gobierno nacional que insiste en que «sobra gente«, “se piensa que el área tiene trabajadores de más cuando, en realidad, antes de estos despidos, la cantidad de personal ya era insuficiente. Muchas veces, cuando hay alguna contingencia o aumentan las visitas a los parques, trabajamos fuera de horario y en los francos”, indicó un guardaparque.
Claudio Chehéber es biólogo y vive en Bariloche, y recientemente publicó una serie de datos, entre los que incluye la mención a una investigación escrita por 18 autores de 5 continentes, en la cual indican que los números de personal de las áreas protegidas y de guardaparques son insuficientes para satisfacer las expectativas globales. “Este estudio ―en concordancia con otras estimaciones internacionales― recomienda un mínimo de un empleado por cada 1.330 hectáreas. En APN, hay un empleado cada 2.174 hectáreas. En otras palabras, para cumplir con la recomendación, APN debería tener 3.760 empleados; UN 63% más que los 2.300 actuales. Recomienda un mínimo de un guardaparque por cada 2.590 hectáreas. En APN, hay un guardaparque por cada 9.091 hectáreas. En otras palabras, para cumplir con la recomendación, APN debería tener 1.930 guardaparques; un 250 % más que los 550 actuales”.
Más de 120 años de trayectoria en conservación que son modelo en la región, hoy, están en riesgo. Para seguir de cerca el tema, podés consultar esta página donde compilan las noticias y las iniciativas desde los grupos organizados y en lucha del sector.
Imagen de portada: trabajadores del Parque Nacional Lanín
Fuente: www.latinta.com.ar