De acuerdo con dos informes económicos, el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso no parece el de un año electoral. Con recortes a subsidios y escasez de dólares, la única esperanza de crecimiento descansa en una fuerte estrategia antiinflacionaria que, por ahora, nadie vislumbra. Acá, los números.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se trata del primero luego de que se firmara el Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI en marzo pasado. Como consecuencia, y según los economistas, parece un presupuesto “para un año par” ya que, contrariamente a lo que se espera en un año electoral, distribuye poco y ajusta mucho.
En los términos del informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “es cauto en el incentivo a la demanda aunque mantiene el déficit fiscal primario”, entendido como el resultado de restarles los gastos corrientes del Estado a su recaudación impositiva, sin contar los intereses de deuda. Sin embargo, de ese escaso incentivo a la demanda depende el sostenimiento de un crecimiento que el Gobierno proyecta en un 2%.
Analizando en detalle, el CESO muestra que hay un menor gasto total (variación de -2,8% real) gracias a, principalmente, las menores transferencias a subsidios en energía y transporte, el área que sufrirá los mayores recortes.
También se plantea una reducción del déficit fiscal en base a ingresos que no llegan a empatar a la inflación por poco (variación de -0,1% real); y, si bien hay un fuerte incremento en el gasto de capital (+6,9% real) —destinado a infraestructura—, esto lo llevaría del 1,5% al 1,6% del PBI, lejos de los valores superiores al 2% que tuvo hasta 2017.
Crecimiento sostenido por recesión
Por su parte, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), un estudio elaborado por los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri plantea que este proyecto “es difícil encontrar rasgos expansivos”, y que toda su presentación “parece indicar la confianza de la conducción económica de que podrá profundizar el ajuste en este segundo semestre del 2022 para mostrar en el 2023 una importante recuperación”.
Dicho de otra manera, de acuerdo con los números del Presupuesto 2023, se proyecta una recesión para el final de este año; ya que pasaríamos de un primer semestre cuyo crecimiento interanual, en términos de actividad económica, fue del 6,8%, a un segundo semestre (el que está transcurriendo) con un crecimiento de apenas un 1,3%, para cumplir con la pauta del 4% del PBI.
“Menor actividad en el marco de un ajuste (caída fenomenal del gasto público) que según las distintas estimaciones implica que en segundo semestre la reducción del gasto tendrá que estar entre el 9% y 12% —vaticina el IPyPP—. Cumplir la meta acordada con el FMI, por lo tanto, presiona a la Administración Nacional a reducir en esta magnitud el gasto público en la segunda parte del año”.
La escasez de dólares
En tanto, y pese a haber atravesado la refinanciación de la deuda con el FMI y la reestructuración de la deuda privada, los servicios de la deuda representan el 16% del gasto público total en el Presupuesto 2023. Esto ahoga las finanzas públicas “y eleva la subordinación de la gestión gubernamental al financiamiento que los principales agentes del mercado doméstico decidan darle”, ya que del total de servicios de deuda expuesta, el 15% es en dólares y el resto, en pesos, indica el IPyPP.
Por su parte, el CESO anticipa un “escenario de fuerte escasez de dólares” que prevé un reducción de las importaciones de 2,7% a pesar del incremento en el nivel de actividad. Esto, de acuerdo a los economistas del Centro, “sólo podría lograrse con una reducción muy significativa de los precios de las importaciones o de los fletes y costos logísticos, algo que también es de improbable realización”.
Sin otros instrumentos relevantes a la vista para sumar dólares, el Gobierno propone incorporar un blanqueo para que las empresas puedan hacer frente a pagos de importaciones sin sumar presión a la demanda en el mercado de divisas. “Ésta es una alternativa viable ya que una de las grandes restricciones es poder movilizar esos dólares acumulados que se encuentran por fuera del sistema económico y financiero formal”, asegura el CESO.
La incógnita inflacionaria
Por otro lado, el análisis del IPyPP destaca lo que llama el “punto ciego” del Presupuesto: cuáles serán las políticas antiinflacionarias que harían bajar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 95% al cierre de 2022, al 60% proyectado para 2023.
De acuerdo con Lozano, el impulso de una “estrategia antiinflacionaria muy potente” podría convertir el recorte presupuestario que se desprende del texto “en un estímulo a la actividad frente a un plan que congele el sistema de precios”.
Sucede que el Presupuesto oculta un ajuste en todas las partidas, incluyendo las paritarias de estatales, universitarios, y la aplicación de la fórmula de movilidad para jubilados y pensionados. “Para que estas partidas mantengan (sólo mantengan) su poder adquisitivo requieren recursos adicionales por 3.830.686 millones de pesos que hace variar el déficit primario del 2% al 4,6% del PBI, si no se cubre con mayor recaudación”, analiza el IPyPP.
Por su parte, desde el CESO señalan que el descenso en la inflación en el Presupuesto 2023 está planteado en base al fomento de las exportaciones, el fortalecimiento de reservas y el orden fiscal, lo que tiene un alto componente inercial. En consiguiente, “es difícil que estos instrumentos alcancen para una baja tan considerable”.
Fuente: www.canalabierto.com.ar