Por Matías Giuliani*
Según cifras de 2020, en nuestro país cada 7 horas, murió una persona por accidentes laborales o enfermedades profesionales, lo cual significa que fueron 1300 vidas de trabajadores y trabajadoras aproximadamente al año sólo hablando del sector registrado, ya que si consideramos el sector no registrado, el informal, el que representa cerca del 40% de la fuerza laboral, el número asciende drásticamente.
La pandemia del COVID-19 expuso el desinterés empresarial y la desidia patronal. Hubo grandes empresas que obligaron a las y los trabajadores a no cumplir con los protocolos dictados por las autoridades. La exposición innecesaria provocó cerca de 250 mil contagios en ocasión de trabajo en las líneas de producción y en los servicios.
El sector más castigado indudablemente fue el de la Salud, con casi 600 muertes relevadas, cifra que deja al desnudo la crisis estructural del sector y el colapso sanitario que atraviesa.
El actual sistema de Riesgos del Trabajo representa un negocio empresarial basado en la muerte que le asegura los negocios a las ART. Garantiza la ausencia de prevención, y por lo tanto, la generación de accidentes y enfermedades de origen laboral.
Hoy nuestra salud se encuentra en manos de multinacionales y empresas nacionales, sujeta a un sistema perverso con prácticas atroces que enferman, envenenan y matan; junto a la desidia de las patronales en su afán de obtener mayores ganancias a cualquier costo. Por supuesto que esto es posible con la complicidad de los gobiernos y en algunos casos, con el silencio de dirigencias sindicales amigas del poder de turno, que hacen la vista gorda ante las irregularidades y engrosan sus cajas a costa de los compañeros y compañeras.
Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un nuevo fallo con el objetivo de reducir la litigiosidad por riesgos de trabajo y declaró la constitucionalidad de las Comisiones Médicas, validando aspectos clave de la Reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo que lógicamente celebran las ART.
En su momento, como CTA Autónoma de la provincia de Córdoba, en diciembre 2019 y enero 2020, repudiamos el hecho de que el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, haya confirmado al mando de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo al macrista Gustavo Morón, quien en sus años como máxima autoridad del organismo operó como fuente de saqueo e implementó la última reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo perjudicando a las y los trabajadores, dando vía libre para profundizar la flexibilización laboral, quien además propinó gran cantidad de despidos y también está sindicado de haber actuado como agente civil de los servicios de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar.
Así fue también que en su momento, y pese a los tiempos oceánicos que se tomó el Gobierno, como CTA-A Córdoba respaldamos el desplazamiento de Gustavo Morón de la SRT. Una SRT que con nuevas autoridades y como organismo madre del Sistema de Riesgos del Trabajo, marca el ritmo de lo que vengo mencionando. En lo que va del año, han renunciado decenas de trabajadores y trabajadoras, administrativos y médicos, debido a los bajos salarios, el desmantelamiento de las oficinas, la precarización, la violencia de género ejercida por superiores y las condiciones de maltrato laboral.
Las y los compañeros alertan y denuncian que el Macrismo enquistado en las Comisiones Médicas del organismo, defiende los intereses de las ART y busca avanzar con la demolición de esta SRT. Los protagonistas de estas políticas son los que no creen en los derechos de las y los trabajadores y están en sintonía con lo que Macri quiso pero no consiguió y ahora vuelven a proponer discutir desde la oposición: Eliminar la indemnización por despido. Nunca las políticas de flexibilización generaron empleo. La solución no pasa por discutir montos de reparación de daños sino debatir a fondo cómo se hace prevención con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras.
Es por esto que desde la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba estamos convencidos y queremos retomar la lucha para poner sobre la mesa de debate nuevamente y con las modificaciones que fueran necesarias, el Proyecto de Ley de Riesgos y Reparación de Daños Laborales, presentado en 2012 por el entonces Diputado Nacional por Unidad Popular, compañero Víctor De Gennaro. El mismo hace hincapié en el principio de la Prevención, representada por los propios trabajadores y trabajadoras a partir de la constitución de Comités de Prevención de Riesgos en el Trabajo y la elección de Delegados de Prevención en todos los lugares de trabajo, y fue discutido, construido y redactado con la participación de compañeros y compañeras de todo el país, lo cual no es un dato menor.
En tanto no exista una legislación dispuesta a priorizar y defender la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras, es necesario que nos organicemos, participemos y demos el debate acerca de la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, mediante la formación y discusión colectiva.
No hay otra manera de enfrentar este flagelo que no sea construyendo unidad en la acción para pelear en nuestra defensa contra intereses tan poderosos, entendiendo que las y los trabajadores debemos ser partícipes necesarios desde las organizaciones para que, desde la construcción colectiva, podamos lograr que el actual paradigma cambie por uno que privilegie la salud y no el negocio de la enfermedad, porque la muerte por el trabajo es un crimen.
*Técnico Universitario en Higiene y Seguridad Laboral; Delegado de la Junta Interna ATE-SENASA; Secretario de Condiciones de Trabajo y Medio Ambiente de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto; Director del Departamento de Salud Laboral de ATE Córdoba