Por Juan Yacobs*
El Supremo Gobierno de la Provincia de Córdoba autoriza hace dos meses de manera sistemática e ilegal a una cuadrilla de arqueólogos y paleontólogos a cargo de la Licenciada Norma Ratto de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), a ingresar en zona de categoría roja de máxima protección de Bosque Nativo, talando el bosque, destruyendo, modificando el paisaje irreversiblemente, bajo custodia policial, dentro de propiedades privadas, donde policías no identificados se enfrentan con las Brigadas Populares.
¿El argumento oficial?: La Autovía de Punilla del Corredor Bioceánico del IIRSA.
Así como el equipo de arqueólogos en ningún momento emite expresión particular alguna, y de manera autómata actúa y se niega a identificarse o explicar las hojas de ruta con las que cuenta, las fuerzas policiales, que ya han sido denunciadas por desapariciones forzadas, detenciones violentas seguidas de muerte y vejámenes de toda naturaleza, custodian la patrulla de huaqueros y arqueólogos ilegales contratados por las empresas Caminos de las Sierras S.A -propiedad del Supremo Gobierno Provincial-; SACDE (Macri); y Roggio (Makentor). Empresas prestatarias entre otras del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, o la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
Las ruinas patrimoniales existentes en un 60% de la traza de la Autovía pertenecen a las civilizaciones líticas Ongamira y Ayampitin, datadas en 12.000 AC, cuyos vestigios milenarios que todavía no han sido relevados oficialmente, reflejan sociedades muy avanzadas en materia de estudios solares, calendarios, así como en técnicas de construcción, vías de transporte, cultivo, cría y reproducción.
Las comunidades indígenas El Ancón, Las Tunas, Siquiman, Timoteo Reyna, Ticas de la Nación Kamiare Kamichingón, interpusieron denuncia federal por el daño patrimonial irreversible causado por las empresas prestatarias así como el Supremo Gobierno autorizante. La denuncia federal recayó en la Fiscalía Federal N º 1 de Córdoba Capital a cargo del Doctor Enrique Senestrari, donde se le solicita que investigue las presuntas violaciones a las Ley Provincial 5543, Ley Nacional 25.743 y el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina.
Un juez ahí por favor
Un capítulo aparte merece la novela judicial cordobesa, de las causas tramitadas en los palacios de la provincia feudal. Los conflictos socioambientales con comunidades indígenas y asambleas vecinales gestionados por la Mesa de Organizaciones y Comunidades Indígenas de Córdoba, junto a la CTA Autónoma Punilla, derivó en el inicio de una medida de hecho el pasado 28 de julio, con la toma pacífica del Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia, en un reclamo contundente por los más de diez años de causas archivadas.
El pasado jueves, un grupo de 15 activistas sociales se negaron a retirarse de la Sala de Audiencias del máximo tribunal hasta contar con una sentencia favorable en las más de 150 causas, amparos y medidas cautelares, archivadas, no ejecutadas y sin resolver. El cuadro del bochorno judicial muestra a las claras la crisis en materia socioambental que refleja la provincia mediterránea, que ya cuenta con solo un 1% del Bosque Nativo en estado de conservación. Y una decena de conflictos sociales en pleno desarrollo.
Mientras se aguarda por el desprocesamiento de dos defensores ambientales detenidos en el desalojo ilegal de Paravachasca, se ha solicitado ante la Jueza de Control, Celeste Ferreyra, de la Sala 9° de la ciudad Capital, un Hábeas Corpus Preventivo, para los defensores ambientales perseguidos, criminalizados y reprimidos por el estado policial cordobés.
*Periodista. Candidato a Secretario General de la CTA Autónoma Punilla en representación de la Lista Nº 1 “Germán Abdala”