Desde su Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, Carlos Ferreres denunció el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad y que se intensificaron desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación.
Símbolo de esto es la pérdida de capacidad de intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo federal destinado al fomento del desarrollo y la aplicación de políticas públicas que garantizan el pleno acceso de derechos fundamentales a las personas con discapacidad. El ajuste que está aplicando el Gobierno nacional no solo se traduce en las 500 personas despedidas que atendían a este sector de la población sino también con el cierre de los Centros de Referencia (CDR), la suspensión del inicio del trámite para obtener pensiones, el atraso salarial de las y los prestadores por la falta de actualización del nomenclador y de las pensiones no contributivas, entre otras políticas que sostienen ese entramado social.
Una mención aparte merece el fuerte recorte de la coparticipación a las provincias, que achica aún más la capacidad de respuesta a las necesidades territoriales de la ciudadanía provocando el cese de prestaciones, tratamientos y entrega de medicación indispensable para la salud.
Por otra parte, con la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece el Clasificador Internacional de Funcionalidades (CIF) – norma internacional para describir y medir la salud y la discapacidad – es la ANDIS la que seguirá utilizando o no el citado clasificador para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a quienes lo soliciten. Esto deja librado al directorio y al Consejo Federal a que hagan un uso discrecional de la misma.
Los reclamos del sector se expresaron en la movilización del miércoles frente al Congreso de la Nación, donde diversos sectores se unieron para repudiar el fuerte deterioro social que está ocasionando el Poder Ejecutivo nacional. Es por eso que organizaciones sociales y políticas se unieron para dar apoyo a la declaración de una Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad – que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación – y contempla la actualización de fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores. Además, exige reactivar las pensiones por invalidez (sólo se otorgaron 586 de 500.000 solicitudes en los últimos 14 meses).
Sin embargo, las y los representantes de Javier Milei en el Poder Legislativo ya expresaron su rechazo a la iniciativa porque implica un gasto no prioritario y su meta es sostener el déficit cero. Advirtieron que, de ser necesario, se recurrirá al veto presidencial para que la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad no prospere en la Cámara Alta.
Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, manifestó: “Nos queda la satisfacción de estar en la calle junto a los que resisten al capitalismo puro y duro que encarna el Presidente. Pero también nos quedamos con el sabor amargo del destino de este proyecto que ya se anunció será vetado, aunque todavía tiene que pasar por el Senado. Desde ATE queremos lograr la participación y el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho en la elaboración y gestión de políticas públicas. Nuestro accionar va en línea con la declaración universal de los derechos de la persona con discapacidad que en Argentina tiene rango constitucional”.
Entre los principales reclamos que ATE le hace al Gobierno nacional se encuentran la protección de los derechos a la educación, a la atención integral, a la rehabilitación, al transporte y al trabajo; un trato digno; la actualización del nomenclador ante el colapso inminente del sistema único; la eliminación de las auditorías sobre pensiones ya otorgadas y la restitución inmediata de las que fueron quitadas; reforzar las Pensiones no Contributivas y que las mismas no sean incompatibles con empleos formales; fortalecer el Régimen General de Empleo Protegido (ley 26.816); financiar el funcionamiento de los distintos programas de la ANDIS.
La grave situación ya ha generado masivas movilizaciones en todo el país, y cuenta con el respaldo de la comunidad en general. Lo que sucede en discapacidad está íntimamente relacionado a lo que ocurre en todos los sectores del Estado argentino que están siendo vaciados o cercenados, desconociendo los derechos constitucionales y los Tratados internacionales que protegen al colectivo históricamente vulnerado por la desigualdad estructural.
Fuente: www.ate.org.ar