El carácter represivo de la medida atenta contra la libertad sindical y sienta un gravísimo precedente de atropello a los derechos humanos y laborales. Las represalias están prohibidas por el Derecho Nacional e Internacional y son repudiadas, también, por la comunidad universitaria.
“El pasado quince de enero se apersonaron en el domicilio de Juan Valfré -delegado normalizador de ATE en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC)- el vicerrector Enrique Néstor Bambozzi junto a la Escribana Natalia Nazzi. El objeto de la visita era dar constancia de notificación fehaciente de la rescisión del contrato que la UPC mantenía -renovaciones mediante- desde hacía 5 años con Valfré. Los motivos esgrimidos por la dirección de la institución educativa, ninguno.
“Desde ATE Córdoba manifestamos nuestro más profundo rechazo y anticipamos que apelaremos la arbitraria, discriminatoria y persecutoria decisión ante las instancias judiciales pertinentes, contraponiendo a este atropello la denuncia por represalias dirigida a las autoridades responsables. Además, nos urge llamar la atención acerca de que si bien existe una clara motivación gremial y política ante el despido, la condición sine qua non de la arbitraria decisión se encuentra en el fraude laboral y las condiciones espurias de contratación a las que el propio Estado Provincial somete a sus trabajadoras/es: Valfré prestó servicios permanentes durante 5 años en la UPC, haciendo todos los días lo que hace cualquier empleado permanente de la administración pública y hoy lo que es un despido terrible y flagrante, pretende hacerse pasar como una simple “rescisión anticipada” de un contrato temporal.
“Vale recordar que Juan Valfré es uno de los delegados normalizadores de ATE, electo representante del colectivo de más de 100 trabajadoras y trabajadores que a fines del año pasado decidieron organizarse en nuestro sindicato. Él, junto al gran colectivo de docentes y codocentes que se acercaron a ATE, son el emergente de una disputa de la comunidad universitaria en su conjunto contra los directivos y mandamases políticos de la UPC, quienes pretenden restringir el pleno ejercicio de los derechos políticos universitarios tanto a docentes como a codocentes, estudiantes y egresados/as.
“La persecución gremial de la que es víctima Valfré es contrario al imperio del derecho de nuestro país y de la comunidad internacional: Tras la segunda Guerra Mundial se celebraron Tratados Internacionales, entre ellos los centrales Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -a los que nuestro país ha adherido con rango Constitucional a partir del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional– que son los fundantes de la Libertad Sindical. La importancia de estas normas radica en que autorizan explícitamente la organización sindical sin necesidad de autorización estatal o patronal y resguardan a las trabajadoras y trabajadores de la persecución por motivos gremiales, políticos, ideológicos, religiosos, por parte de las patronales. Dicha protección opera especialmente para quienes invisten la función de representantes de su colectivo, es decir las y los delegados que están protegidos bajo el amparo de la tutela sindical. La función de ser voceras/os de los intereses, expectativas, anhelos, frustraciones de sus compañeras/os de trabajo, hace de las/los delegados una pieza fundamental en el andamiaje democrático no solo del colectivo del cual forman parte, sino de la sociedad en su conjunto. Quienes trabajamos, construimos a diario nuestras sociedades e intentar dividir nuestros problemas de los del todo social que integramos tiene la intención de parcializar lo inexorablemente unido para el armónico funcionamiento colectivo, a saber: trabajadores y sociedad; asamblea, delegados y trabajadores. En ese sentido, la afrenta contra Valfré se constituye en una afrenta a todos los/las trabajadores de la UPC, contra la comunidad universitaria en general y contra la sociedad en su conjunto.
“Los Convenios 87 y 98 de la OIT se crearon hace décadas para acabar con las represalias de las patronales contra quienes decidieran organizarse sindicalmente para defender sus derechos: nuestro país es uno más en el concierto de las naciones que ha suscripto dichos tratados, con alcance a cada rincón de su territorio, a cada nivel del Estado, a cada patronal. La afrenta particular contra personal de la UPC, de carácter discriminatoria y antisindical, entonces, se constituye también en una afrenta de alcance internacional, que interesa especialmente a la OIT en tanto atenta contra sus postulados.
“Valfré ha sido una de las personas que ha encabezado la lucha contra la intención de los directivos de la UPC de marginar del ejercicio de un conjunto de derechos políticos a docentes y codocentes -quienes, recordamos, han contribuido activamente en la fundación y organización institucional del espacio de educación superior- y ha contribuido enormemente a su organización en ATE. Las autoridades, con esta represalia de origen antisindical prohibida por tratados internacionales, ilegítima en la comunidad y con base en la enorme precarización laboral de quienes trabajan en la UPC, pretende eliminar todos los conflictos logrando solo una cosa: que queden más en evidencia.
“Las formas espurias de contratación de la UPC, la restricción a los derechos políticos de sus miembros, la persecución sindical y el despido son parte de un mismo proyecto político y de gestión sobre el que la comunidad universitaria en su conjunto ya ha tomado nota y se dispone a desandar. ¡Guay de quiénes se interpongan y más aún si se arrogan el mote de representantes obreros! Recuerden que cuando la colcha es corta y pretenden esconder la cabeza se les asoman los pies por debajo. ¡Dejen ese juego de lado y dispónganse a construir una democracia variopinta donde primen los intereses de las y los trabajadores y no los espurios designios de personeros del poder! Si no lo hacen quedan en evidencia, haciendo el ridículo y perdiendo credibilidad”.
Fuente: www.atecordoba.org