Una vez más, como todos los octubres, en la ciudad de Córdoba y Río Cuarto se realizará una nueva edición de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental a la que adhiere y acompaña la CTA Autónoma. Este año, se desarrollará la 13° edición de la convocatoria que reúne a personas usuarias, familias, trabajadores de salud y organizaciones sociales en un reclamo por la implementación de una ley que data desde hace más de 15 años y, nunca se ha sostenido.
Conversamos con Adrián Marzolini, integrante de la comisión organizadora de la marcha que se realizará este viernes 30 de octubre desde las 18 horas, partiendo desde Colón y Cañada en la ciudad de Córdoba.
Adrián señaló que se vienen realizando reuniones organizativas y diversas actividades que funcionan como encuentro. «Hemos participado, por ejemplo, de una olla popular en el Museo Cervecería Córdoba, en donde todos los jueves se brindan 200 porciones de comida a quien lo necesita. Si bien hay mucho por lo que reclamar, el fuego en este caso de la olla popular, nos une«, indicó.
En el documento de la 13° marcha de salud mental, se reafirma este punto sobre el encuentro: «el fuego de la organización colectiva es el que hoy nos reúne en la calle» pese a que la salud mental está que arde por «el fuego de las políticas de descarte que arrasa con nuestras vidas».
La convocatoria se realizará en medio de nuevos ataques a la Ley de Salud Mental, un día después de que en el Senado se trate una modificación a la normativa, principalmente en las condiciones para la internación involuntaria.
En este sentido, desde el colectivo organizativo señalan que el Gobierno nacional encabeza una ofensiva regresiva contra la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
Bajo el discurso de la eficiencia y la seguridad, buscan reinstalar el paradigma del encierro: quieren flexibilizar las internaciones involuntarias a sola firma y discrecionalidad médica, rehabilitar las instituciones monovalentes y convertir a la salud mental en un negocio o en un asunto policial. No es reforma, es restauración manicomial.
Basta de violencia institucional
Marzolini apuntó que uno de los reclamos de este año está vinculado con la intervención policial en casos relacionados a la salud mental de las personas. «Es un gran problema porque ha crecido el malestar en la sociedad, porque hay pobreza y hay personas que no llegan a fin de mes».
Al respecto, el documento de la marcha apunta que «en Córdoba, el malestar psicológico trepó en 2025 al 23,6, la cifra más alta registrada desde 1993. Crece la angustia, crece la desesperanza y se encienden las alarmas por el aumento de los suicidios en nuestra ciudad, que alcanzaron una tasa de 10,31 cada
100.000 habitantes».
En este contexto, el entrevistado señaló que, en muchos casos, cuando un usuario tiene una crisis es la policía la única respuesta que llega a los territorios. Y la respuesta es represión ya que nos son personas formadas para atender crisis de salud mental y al contrario, criminalizan la locura, el sufrimiento y la pobreza.
«No necesitamos policías, necesitamos equipos de salud», sintetizó el integrante de la mesa coordinado de la marcha.
A su vez, recordó diversos casos de violencia institucional relacionados al abandono, el encierro, las intervenciones violentas y la falta de controles, que en ocasiones terminaron con la muerte de personas usuarias.
Al respecto, también señaló que se reclamará por la puesta en funcionamiento de un Órgano de Revisión Provincial, ya que «donde hay internaciones, restricciones de derechos y situaciones de violencia, tiene que haber control independiente» como indica el documento de la marcha.
La cuestión del presupuesto: que se cumpla la ley
La cuestión de la implementación de la Ley 26.657 viene atado a una situación que se repite sistemáticamente a nivel nacional y a nivel provincial:la falta de recursos disponibles para la salud mental.
Si bien la ley se salud mental establece que en los presupuestos de salud, se destinen 10 de cada 100 pesos a salud mental, nunca se ha cumplido con esa meta e incluso, se va retrocediendo en los porcentajes que se destinan al área.
La ejecución de los programas específicos de salud mental, a nivel nacional, cayó 42% entre 2023 y 2025. Para 2026, se proyectó destinar a salud mental el 1,42% del presupuesto de salud, frente al 10% establecido en la Ley 26.657.
A nivel provincial, si bien los números son mayores, tampoco se cumple con las metas establecidas por la normativa: «Para 2026, el presupuesto previsto apenas roza el 4,99% del total de Salud, y en el primer trimestre solo ejecutaron el 3,90%. Insignificante frente al 10% que exige la ley» indica el documento.
Mejores condiciones para las y los trabajadores
La falta de presupuesto se traduce directamente en guardias colapsadas, turnos a meses de distancia, tratamientos interrumpidos por falta de medicación y equipos territoriales diezmados.
Adrián Marzolini, indicó que es usuario en salud mental, y que su psiquiatra recién le da turno a 3 meses desde la solicitud porque tiene la agenda llena. A su vez, señaló que hay trabajadores de la salud mental que se hacen cargo de turnos completos y de una cantidad de usuarios que sobrepasa su capacidad de atención.
En este sentido, desde el colectivo organizativo indican que «no alcanza con pedirles más esfuerzo a quienes ya están sosteniendo el sistema en condiciones de precariedad. Cuidar la salud mental de la población exige cuidar a sus trabajadores».
Al respecto los pedidos son claros: salarios dignos, nombramiento de personal interdisciplinario como indica la ley y condiciones laborales que no enfermen.
Para conocer más sobre la marcha que se realiza este viernes 30/10 desde Colón y Cañada a las 18 horas, te invitamos a visitar las redes sociales de la convocatoria, ya que existen muchos otros reclamos que se intentarán visibilizar, para lograr que de una buena vez, se cumpla con la Ley de Salud Mental.
Fuente: www.elresaltador.com.ar