Segmentación tarifaria: Alrededor del 30% de la población usuaria perderá la totalidad de los subsidios entre septiembre y enero de 2023

Reproducimos el Informe Ausencia de una mirada integral a la problemática energética, elaborado por el área de Energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que fundó Claudio Lozano y coordina Ana Rameri.
Según el Informe, alrededor del 30% de la población usuaria perderá la totalidad de los subsidios entre septiembre y enero de 2023
• La ausencia de una mirada integral a la problemática energética, que ponga el foco en el monitoreo constante de costos de explotación de los subsistemas hidrocarburífero y eléctrico, respectivamente, constituye una falencia estructural que sigue ensombreciendo la comprensión de la problemática en su conjunto.
• La cuestión tarifaria está directamente ligada a ese análisis integral, ya que los componentes de los precios mayoristas y su incidencia en la tarifa final que pagan los usuarios, representan entre un 40% y un 45% promedio del total erogado en la tarifa.
• No se explica adecuadamente la formación de los precios mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica, al tiempo que la dinámica de los subsidios a la oferta incremental de gas natural en el marco del plan de incentivos tiene una incidencia relevante en la problemática de los subsidios energéticos.

Sobre los anuncios de segmentación tarifaria

Luego de la conferencia brindada por el flamante equipo del área energética, conducido por su titular, Flavia Royón, en referencia a las decisiones definitivas sobre la segmentación tarifaria en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, se pueden sacar algunas conclusiones.

En primer lugar, la ausencia de una mirada integral a la problemática energética, que ponga el foco en el monitoreo constante de costos de explotación de los subsistemas hidrocarburífero y eléctrico, respectivamente, constituye una
falencia estructural que sigue ensombreciendo la comprensión de la problemática en su conjunto. En tal sentido, la cuestión tarifaria está directamente ligada a ese análisis integral, ya que los componentes de los precios mayoristas y su incidencia en la tarifa final que pagan los usuarios, representan entre un 40% y un 45% promedio del total erogado en la tarifa. Como ya hemos explicitado en distintas ocasiones, no se explica adecuadamente la formación de los precios mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica, al tiempo que la dinámica de los subsidios a la oferta
incremental de gas natural en el marco del plan de incentivos tiene una incidencia relevante en la problemática de los subsidios energéticos.

Asimismo, la otra arista del asunto, es la evolución de los costos variables de las grandes empresas generadoras de energía eléctrica, que están regidos por precios en dólares y cuya adecuada auditoría y control brilla por su ausencia. En este aspecto, la propia dinámica de devaluación permanente que nuestro país ha sufrido en 2021 y continúa profundizándose en 2022, implica que la cuenta en pesos de esas transferencias a las generadoras por parte del Estado nacional, no ha dejado de incrementarse. Igualmente, con los costos de los combustibles líquidos que, a través de CAMMESA, son comercializados a las empresas termoeléctricas. En concreto, sobre todo este esquema, debe echarse luz con prioridad para recuperar una mirada integral sobre los subsidios.

Dicho esto, es importante manifestar algunas precisiones sobre lo anunciado por la Secretaria de Energía, en referencia a la segmentación tarifaria. En primer término, los anuncios permiten observar que alrededor del 30 por
ciento de los usuarios residenciales de gas natural y energía eléctrica, perderán parcial o totalmente los subsidios luego de los tres ajustes sucesivos de las tarifas, previstos para septiembre, noviembre y enero de 2023. En ese número, se incluye el 10 por ciento inicial de los usuarios de mayores ingresos que pierden los subsidios en su totalidad, y por lo menos un 20% adicional de los usuarios que integran el grupo de los ingresos medios y sobre los que se había afirmado que verían ajustados sus gastos en menor medida, teniendo en cuenta el umbral de consumo de 400 kwh mensuales establecido en los anuncios iniciales del Ministro de Economía, Sergio Massa. Por cierto, sobre este punto, se ha aclarado que la pérdida de subsidios alcanzaría sólo a la parte proporcional de consumo superior a ese umbral, mientras que, para el caso de las provincias del Noreste y otras regiones donde no existe la
posibilidad de consumir gas natural, los umbrales se elevan a 550 kwh por mes.

En relación con estos anuncios, el nuevo Subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, expresó que alrededor del 70% de los usuarios de energía eléctrica registran consumos promedio que están por debajo de los 300 kw/h mensuales y que, en tal sentido, el umbral de 400 kwh aparece como razonable. Si bien esta observación está en línea con la dinámica de consumos medios de esas franjas de usuarios que están debidamente registradas, la variabilidad de los consumos siempre puede alterarse en función de diversas situaciones, como la cuestión climática, la incorporación de equipos nuevos no suficientemente equipados para el ahorro y eficiencia energéticos o situaciones de otra índole que generen mayor expectativa de consumo. También debe recordarse, que una heladera, un sistema
de iluminación simple, más algún artefacto para calefaccionar, generan consumos que, cuanto menos, se acercan al umbral de los 400 kw/h, siempre y cuando no se usen los calefactores de manera intensiva en las temporadas
invernales. Estos aspectos, no parecen estar claramente considerados.

En segundo lugar, la apreciación de ahorro fiscal anualizada para 2023, se ha calculado en 455.000 millones de pesos para los servicios de energía eléctrica y gas natural. Si a esa cifra se agregan los 45.000 millones de pesos provenientes de los ajustes tarifarios en el servicio de agua y saneamiento, se llega a los 500.000 millones, lo que implica 0,4 puntos del PBI. Estas apreciaciones parecen estar en línea con las expectativas de sumar mayor cantidad de usuarios provenientes de los sectores medios a la dinámica de ajustes tarifarios.

Veamos esto con más detalle. Téngase en cuenta que, en la categoría de los hogares del nivel 1, donde se ubicaba a la población usuaria de mayores ingresos, se calculaba que se llegaría al 10 por ciento de los usuarios. Sin embargo, a partir de lo afirmado por la Secretaría de Energía en la conferencia del pasado martes 16 de agosto, la cantidad total de titulares de hogares de no inscriptos para seguir recibiendo el subsidio asciende aproximadamente a 4,5 millones para el servicio de energía eléctrica, y a 3,5 millones para el de gas natural.

Por ende, se puede estimar que, dentro del universo de hogares que utilizan los servicios, junto con aquellos que se inscribieron pero que, por sus ingresos declarados entran en el nivel 1, se llega a más del 35% del total de usuarios
domiciliarios. Ahora, aquí hay que revisar en profundidad las estimaciones anunciadas y, junto con ello, identificar la situación de algo más de 4 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica y un menor número de usuarios de gas natural que no se han registrado, ya que no puede concluirse livianamente que su ausencia se debe a que forman parte del grupo de usuarios de mayores ingresos. En esa línea, puede entenderse que la Secretaria de Energía, Flavia Royón, haya afirmado que “se va a trabajar para recuperar la inscripción de algunos de ellos que, calculamos, podrían pertenecer a familias de barrios populares que no tuvieron acceso a internet para inscribirse”.

Esta situación, ligada a las dificultades para acceder al formulario vía electrónica y otras cuestiones referidas al posible desconocimiento sobre la asistencia a las oficinas de la ANSES o a las de las empresas prestadoras de los servicios para acceder al formulario presencial, son cuestiones no menores que deben considerarse. Suponiendo que pueda arribarse a modificaciones en estos sectores, no deja de ser factible que alrededor del 30 por ciento de la población usuaria, pierda la totalidad de los subsidios entre septiembre y enero de 2023.

Por su parte, un tercer aspecto a considerar, es la situación de los comercios, industrias y otros usuarios no residenciales que constituyen el grueso de las pequeñas y medianas empresas y otros establecimientos, excluyendo entidades de bien público, sobre cuya situación no se ha informado con claridad si tendrán un tratamiento diferencial. Por ende, se puede concluir que probablemente sean incorporados al nivel 1 y pierdan la totalidad de subsidios entre septiembre y enero de 2023.

En cuarto lugar, debe advertirse otra situación. En el decreto 332 de junio de 2022, se establecía que los sectores medios no sufrirían nuevos ajustes, teniendo en cuenta la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2022, que indica que el monto total de aumentos se ubicaba en el 80 por ciento de ese índice. En efecto, los
dos aumentos producidos en el primer semestre de 2022, totalizaron un promedio del 42 por ciento, que era el porcentaje tope por la aplicación de ese índice. Esto involucra, además, al 30 por ciento de usuarios beneficiarios de la tarifa social ubicados en el nivel 2.

Sin embargo, en los anuncios informados, se establece que los hogares pertenecientes al nivel 3 (sectores medios), mantendrán subsidiado solamente el 70 por ciento del consumo promedio de la categoría y la subzona en la que
viven. Esto fue particularmente informado por el flamante Subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, que brindó precisiones sobre la tarifa de gas natural. Por ende, por encima de ese umbral de consumo, se paga tarifa plena, con lo cual, en septiembre y noviembre, muchos usuarios de sectores medios sufrirán ajustes adicionales en sus tarifas. En esta línea, nos preguntamos cómo se compatibiliza esta situación con la propia letra del Decreto 332 del 16 de junio de 2022.

En definitiva, los anuncios necesitan explicaciones mucho más claras y sólidas y, por otra parte, es imprescindible recuperar la mirada integral en la problemática de los subsidios energéticos. Si ese replanteo se demora, si no se demuestra voluntad política para encarar una reorientación integral de la política energética que nos permite abordar horizontes de sentido mucho más claros en favor de las mayorías populares, no haremos más que perpetuar un estado de cosas que termina, indefectiblemente, en un nuevo ataque a los bolsillos de los conciudadanos, castigados por la persistente inflación y la caída de los ingresos.

Fuente: www.ipypp.org.ar