Como consigna del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, hay cuatro historias atravesadas por sentencias injustas, desproporcionadas, disciplinadoras y sin perspectiva de género por parte del Poder Judicial de Córdoba. Se levanta la voz para que Delicia Mamani Mamani, Flavia Saganías, Paola Ortiz y Max y Lulén estén en el encuentro. Hay una pregunta que insiste y que tiene que ver con qué tipo de justicia necesitamos, qué pasa cuando el Poder Judicial no garantiza los derechos de las mujeres y disidencias. Los cuatro casos mencionados explicitan una procedimiento judicial donde no hubo perspectiva de género y se pone el ojo en el accionar judicial.
¿Qué pasa cuando el Poder Judicial deja de garantizar derechos, particularmente, a mujeres y disidencias? ¿O cuando los procesos de administración de justicia presentan imposibilidades para el acceso o se hacen juicios exprés que no garantizan perspectiva de género o toman en cuenta elementos probatorios escasos o construidos sobre estereotipos? En estos tiempos en el país, hablar del Poder Judicial es difícil, pero muy necesario. Hace años, hay una demanda desde los sectores feministas de reformas y capacidad de aggiornamento. Pareciera ser que es el estamento más difícil de penetrar; si bien podríamos enumerar algunos casos en que se lograron mejores sentencias, revisiones, la generalidad no lo es.
En la previa del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Interesexuales y No Binaries, se presentó Derecho Feminista. Anuario 2025 de la Guardia de Abogadas Feministas, de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, en la UNC. Un libro que funciona como archivo vivo de un derecho que se piensa desde los márgenes, los territorios y los cuerpos. Participaron tres autoras del Anuario: María Renee Carrizo, abogada, docente y feminista; Marta Paniagua, abogada litigante en Jujuy y Santiago del Estero, y cofundadora de EAFyP; y Susana Salomón, abogada mediadora e integrante de Las Moro, que desarrolla trabajo territorial, acompañamiento jurídico e incidencia política feminista. Todas integran la Guardia.
A partir de la experiencia litigante, en tres capítulos, se recuperan las experiencias de litigio feminista que han llevado adelante las letradas en casos como los que hoy interpelan al Encuentro. Son relatos de prácticas jurídicas situadas, donde se alojan interpretaciones del derecho que nacen de los estudios feministas, del acompañamiento, del litigio y del trabajo territorial. El libro, dice, no solo reúne textos: produce una forma particular de conocimiento jurídico.
Para Rocío García Garro, coordinadora de la Guardia, el litigio estratégico es «una forma de intervenir jurídicamente para generar transformaciones que van mucho más allá del caso concreto. Lleva al proceso aquello que muchas veces el derecho tradicional deja afuera, como el contexto, las relaciones de poder, las desigualdades estructurales, los estereotipos de género y las condiciones concretas en las que ocurrieron los hechos», explica en diálogo con La tinta.
Desde Jujuy y Santiago del Estero, la abogada Marta Paniagua plantea que falta mucho para que las desigualdades interpelen realmente en los expedientes y, por eso, es necesario «moldear la ley en base a estrategias» para que esas desigualdades latentes se visibilicen en sentencias capaces de que «la sociedad modifique conductas arraigadas».
García Garro advierte, además, que las decisiones judiciales distan de ser neutrales: «Están impregnadas de estereotipos vinculados a cómo los jueces, personas privilegiadas por excelencia, creen que deben ser las personas que se encuentran inmersas en un proceso penal». Para ella, el caso de Paola Ortiz es «probablemente, uno de los ejemplos más claros de que el litigio feminista no se construye de manera individual». La libertad de Paola, subraya, es el resultado de un trabajo colectivo y sostenido durante años. Si bien dos abogadas llevaron adelante el litigio (una de la Guardia de CDD y otra de Fuerza Chuncana), organizaciones feministas y sociales produjeron argumentos, presentaron amicus curiae y se organizaron en una Mesa para la Libertad de Paola, con diversas actividades frente a Tribunales, de visibilidad y presión social. Se conformó también un equipo de abordaje psicosocial para sostenerla mientras estuvo privada de su libertad y los medios feministas difundieron la situación.
En el centro de la discusión, recuerda la coordinadora, estaba qué veía el sistema de Justicia cuando miraba a una mujer atravesando una emergencia obstétrica: «Convertía esa situación en una explicación sobre quién era ella y qué clase de mujer debía haber sido». Por eso, insiste, el trabajo en red es parte de la estrategia jurídica. Paniagua coincide: «Somos eslabones de una cadena que debe seguir firme. La libertad de Paola significó una bocanada de aire, pero hay que permanecer vigilantes, hay compañeras que siguen poniendo el cuerpo en pasillos de tribunales hostiles».
El derecho feminista
Para García Garro, el derecho feminista «empieza por una forma diferente de mirar»; antes de preguntarse qué norma corresponde aplicar, interroga qué está pasando en ese caso, quiénes tienen poder, qué desigualdades operan y qué estereotipos aparecen. Esa mirada se traduce luego en herramientas concretas, es decir, en cómo se construyen los hechos, qué pruebas se buscan, qué estándares de derechos humanos se incorporan. «Por eso, el derecho feminista es contenido y práctica, se hace litigando, investigando, formando a otras abogadas, construyendo redes y disputando las interpretaciones que reproducen desigualdades”. Paniagua sostiene: «El derecho feminista es vocación, interpelación, empatía. Se ejerce, justamente, mirando, sintiendo, viviendo».
¿Por qué es necesario irrumpir en la Justicia tal como está? Para Paniagua, la respuesta tiene que ver con el escenario en el que trabajan las abogadas. Tribunales que describe como hostiles, donde el sistema encuentra la manera de sostener privilegios y conductas arraigadas. Y donde debería prevenirlas y sancionarlas, advierte, también se producen sentencias que las refuerzan.
Un ejemplo son los juzgados de violencia, donde se estandarizan medidas de protección que prohíben el acercamiento, pero omiten por completo la violencia económica. Son respuestas parciales que, según la abogada, profundizan la violencia, estancan la aplicación de la normativa vigente y dejan a las víctimas sin una protección integral. Y son pocos los casos en los que esos juzgados abordan las violencias ejercidas hacia las disidencias, otra muestra, dice, de cómo se frenan derechos.
Con el Anuario como punto de partida, la charla de hoy, en la antesala del Encuentro, propone justamente mirar cómo opera la Justicia y qué movimientos son posibles desde el litigio estratégico feminista. Porque, como sostiene la Guardia, sin abogadas feministas, no hay justicia.
* Imagen de portada: Alan Monzón
Fuente: www.latinta.com.ar