El Coordinador del Observatorio Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, opinó sobre el pago de una suma fija otorgada por el Gobierno Nacional a una porción de trabajadores privados y estatales. Lo hizo en un hilo de tuits que reproducimos a renglón seguido.
“Salió el decreto que establece el bono de $ 60.000 para trabajadores registrados ($ 25.000 para casas particulares). Algunas precisiones a partir de la lectura de la letra chica.
“Arranquemos por el tema sanción sí o no. El decreto no dice nada, pero no era necesario! La falta de pago es una infracción grave según la ley 25.212 y la multa equivale a entre el 30% y el 200% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por cada trabajador afectado (entre $ 35.400 y $ 236.000 en septiembre).
“En cuanto al impacto, el Gobierno dijo que serán beneficiados 5,5 millones de trabajadores (sólo quedarían afuera los sueldos superiores a $ 400.000 netos). Sin embargo hay muchos convenios con cláusulas de absorción y en otros están al caer.
“Una pequeña muestra de los sectores que no van a recibir el bono incluye a camioneros, gráficos, la industria del neumático, todas las ramas de UTEDyC. En la construcción la cláusula de absorción no es tan clara, pero también puede conducir al mismo resultado.
“En otros sectores habrá que ver qué sucede con la revisión salarial prevista para las próximas semanas. Si se firman antes del 15 de septiembre (fecha tope para la primera cuota del bono), la absorción hará lo suyo. El nuevo aumento va a compensar el efecto del bono.
“En los casos en que la negociación llegue más tarde, la absorción podrá operar en septiembre, por lo que el impacto real del bono se reducirá a la mitad. En el corto plazo hay que estar atentos a la paritaria de comercio, la que más trabajadores comprende.
“En los sectores que no tienen cláusulas de absorción y que no negocien una revisión durante septiembre, el bono se va a cobrar íntegramente (siempre con el tope de los $ 400.000 netos). Seguramente los beneficiarios van a quedar por debajo de los 5,5 millones de trabajadores.
“En el sector público el impacto es muy marginal, solo alcanza a una parte de los trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado Nacional. Las provincias y municipios son mundos aparte que ni siquiera son mencionados en el decreto.
“Párrafo aparte merece la resistencia pública de los empleadores a pagar el bono. En el fondo hay una discusión de poder, no de plata. Marcar la cancha, a la actual gestión en particular y a los sindicatos en general.
“Los conflictos laborales no siempre son iniciados por los trabajadores, muchas veces el impulso proviene de los empleadores, en este caso pensando en el escenario posterior al 10 de diciembre. Más allá de lo que hagan en la práctica, están acumulando fuerza para lo que viene.
“Postdata: El decreto nada dice de restricciones al acceso al mercado de cambios por parte de los trabajadores y trabajadoras que cobren el bono. ¿Quién habrá mandado a la Ministra de Trabajo Kelly Olmos a afirmar exactamente lo contrario?”.