Por Antonio “Tano” Muratore*
El escándalo de la pobreza, que como marca indeleble se extiende por toda la geografía de la Argentina, exhibe la peor cara de la desigualdad social. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 43,8 % (hoy el 42 %) de los argentinos estaba debajo de la Línea de Pobreza en 2021, mientras que el 28,2 % de los trabajadores ocupados mayores de 18 años fue y sigue, hasta la fecha, siendo pobre.
Lo cierto es que mientras desde la cartera de Trabajo Nacional a cargo de Claudio Moroni, el propio Ministro reiteró en numerosas oportunidades ante la prensa que “el objetivo siempre fue que los salarios le ganaran a la inflación”, la realidad indica otra cosa: Los ingresos de los asalariados cayeron 2,13 % en el tercer trimestre del año 2021 frente al mismo período de 2020. Y si de Salario Mínimo Vital y Móvil se trata, recién en febrero alcanzará los 33 mil pesos. Toda una definición en materia de política distributiva.
Y estamos hablando solo del universo de trabajadores formales. Imaginemos entonces los ingresos paupérrimos que perciben aquellos que no tienen la posibilidad de tener un empleo en blanco.
Así, la pobreza hace estragos, sobre todo en las barriadas populares, donde hasta la posibilidad de hacer changas ha disminuido considerablemente.
Cuando en octubre de 2019 el Frente de Todos desplazó a Macri del poder, el pueblo celebró el fin de una etapa nefasta para los trabajadores y en diciembre, el Presidente Alberto Fernández, entusiasmó a todos cuando anunció el Plan Integral Argentina contra el Hambre y otras definiciones como enfrentar con fuerza la inflación y la desocupación, apoyar la economía popular y la agricultura familiar, y abrió la puerta para que la deuda con el FMI sólo se pague sin sacrificar el crecimiento interno.
Cuando la gestión inició y ya con la pandemia de Coronavirus declarada, se impulsaron algunas medidas para paliar la situación social, aunque no se avanzó en cambios estructurales en sintonía con las expectativas y reclamos de los sectores populares que ratificaron al Gobierno con su voto. Más acá en el tiempo, lo ocurrido con Vicentin, tras la denuncia del Director del Banco Nación, compañero Claudio Lozano, fue un claro ejemplo de ello: El Gobierno avanzó con la expropiación, pero “olvidó” rodearse de legitimidad política y social, y rápidamente dio marcha atrás en la decisión.
En pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fue la única medida direccionada hacia el universo de trabajadores precarizados e informales. Y aunque millones cobraron $ 10.000 por tres meses, el recurso terminó siendo insuficiente.
Sí sobrevivió en la contingencia el Programa de Recuperación Productiva (Repro) y sus versiones I y II, focalizadas en que no se pierdan puestos de trabajo, auxiliando a las empresas -se evitan pagar una parte de los salarios y así pueden seguir conservando sus ganancias-, y beneficiándolas claramente. Así como créditos blandos para equilibrar balances, que se hicieron extensivos a monotributistas y autónomos, cuando todos sabemos que la capacidad de pago de un trabajador no es la misma que la de una empresa.
También hubo bonos para compensar al Personal de Salud, la prohibición de despidos y la doble indemnización. Sobre estas dos últimas, el Gobierno no titubeó: No hubo prórroga para la primera y sí, hasta mediados del corriente año, las indemnizaciones seguirán, pero ya no duplicando el monto, sino con porcentajes que se achican mes a mes.
Ante este panorama se hace imperioso que el “Gobierno Nacional y Popular” ponga en práctica el Salario Básico Universal que reclamamos desde hace tiempo desde nuestra trinchera, la CTA Autónoma, y que empiece a consultar -sin temor a los resultados- al pueblo, sobre los grandes temas de la agenda: Necesidad alimentaria, emergencia habitacional, trabajo genuino, suspensión del pago de la Deuda con el FMI, entre otros.
*Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) Seccional San Francisco. Secretario General de la CTA Autónoma Regional San Francisco