Este sábado 12 de febrero se cumple un año del femicidio de Ivana Módica, la mujer de 47 años que fue asesinada en La Falda por su pareja, el exvicecomodoro de la Fuerza Aérea de Córdoba, Javier Galván, que elaboró una puesta en escena para ocultar el crimen y a los pocos días, cercado por la evidencia y sus contradicciones, terminó confesado ante la fiscal cómo la había asesinado y dónde había ocultado el cuerpo.
El femicidio de Ivana volvió poroso el hermetismo dentro de la Fuerza Aérea de Córdoba, y la institución tras una semana de silencio, emitió un comunicado el 20 de febrero de 2021 donde repudió los hechos e informó la destitución “inmediata” de Galván, argumentando que “este tipo de conductas jamás serán toleradas”. Sin embargo, amparado en la Ley para el Personal Militar (Nº 19.101), a un año del crimen y mientras espera la fecha del juicio detenido en el penal de Bouwer, el femicida pudo retener su condición de militar y privilegios de remuneración económica.
El artículo 20, del capítulo sobre las bajas y reincorporaciones, establece que la pérdida del estado militar para el personal se puede producir, entre otros motivos, por “la condena emanada de tribunales comunes o federales, a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución”. En el caso de Galván, hasta tanto la Justicia de Córdoba no fije fecha para el inicio del juicio por el crimen de Ivana, y se expida una condena, continuará manteniendo su condición de militar de las Fuerzas Armadas.
“No puede ser que esté en una zona VIP en la cárcel, que siga cobrando un sueldo, que no es el 100% pero sí cobra un porcentaje. Entonces, como la Fuerza no lo puede desvincular hasta que no tenga condena, todo esto es muy violento para la familia y para todos”, dice a este medio Ana Barcena, quien trabaja en la Fuerza Aérea y es parte del cuerpo de delegadas de la Escuela de Aviación Militar.
Dicha legislación, sancionada en 1971, previo incluso al último golpe cívico-militar, jamás recibió una actualización en el Congreso, ni siquiera, iniciativas en el último tiempo del Ministerio de Defensa de la Nación para una puesta en discusión de la inclusión de la perspectiva de género en la misma o la contemplación de que al menos en los casos de femicidas, la remuneración se destine directamente al pago de cuotas alimentarias de los hijos, en caso de que los hubiera.
En esa línea, Noelia Martino, también personal civil docente en la Fuerza y delegada de ATE, explica: “Según esta ley, hasta donde ha podido llegar la Fuerza Aérea con Galván es solo a sacarle el rango de vicecomodoro, por lo que no podría volar más. Lo que nosotras llamamos “le cortaron las alas” ya que se le sacó la matrícula pero sigue cobrando el sueldo de las FF.AA. porque sí sigue teniendo su status de personal militar”.
A la espera del juicio
La causa por el femicidio de Ivana ya fue elevada a juicio por La fiscal de Cosquín, Paula Kelm y está radicada en el Juzgado de Cruz del Eje pero las partes aún no han sido notificadas sobre la fecha del inicio del proceso.
“Acá no hay ningún riesgo de prescripción, no hay un tiempo en que se venza la prisión preventiva del imputado, por lo cual si se demorara otro mes, o dos, o tres, no se corre ningún riesgo”, indica el abogado querellante que representa a la familia, José D’Antona y agrega que toda la tramitación previa de burocracia administrativa, se ha ido cumpliendo con todo el derecho que tienen los imputados, es decir, hubo tiempo para todas las cuestiones probatorias.
“Ahora tiene que verse la agenda del tribunal y cuál sería el orden en que pueden hacer el juicio”, explica el letrado quien se mostró optimista en que pronto se haga un llamado a audiencia.
Sobre la pericia psicológica a Galván, que es el único acusado, la misma determinó que el militar era consciente de la gravedad de su accionar y la pena que le puede caber en un juicio es la máxima que estipula el Código Penal argentino: la cadena perpetua.
Según los datos de la autopsia, Ivana murió por estrangulamiento. Los investigadores creen que entre la noche del jueves 11 de febrero y la madrugada del viernes 12 de 2021. Tras el crimen, el piloto de avión vistió el cuerpo de la víctima y lo escondió en un descampado a la vera del Camino del Cuadrado. Luego regresó a su y al trabajo y participó en esos días, de la búsqueda de Ivana.
Falta más, falta perspectiva de género
Este viernes, las compañeras de Ivana realizan una volanteada en la avenida Fuerza Aérea al 6.500, previo a ello, está prevista una ceremonia donde también habrá una oración por Ivana de la que participará la familia. Además, quedará inaugurado un banco rojo, en memoria de Ivana y que simboliza la memoria por todas las mujeres asesinadas por violencia de género.
“No es solo un banco rojo, es todo lo que representa”, dice a La Nueva Mañana, Nicole Módica, la hija de Ivana, quien volvió a vivir en Córdoba en diciembre pasado junto con su familia y cuenta que fue su abuela, la mamá de Ivana, que tras la puesta del banco rojo en La Falda, quería que hubiera uno en la ciudad donde nació y creció Ivana.
“Este viernes vamos a leer en el lugar unas palabras, va a haber mucha gente que nos ha acompañado en toda esta situación y aunque lo del banco rojo es algo muy positivo, hay un largo camino para recorrer”, dice Nicole y agrega que en las Fuerzas Armadas aún faltan cambios en las oficinas de violencia de género. “Considero que deberían ser oficinas manejadas por gente profesional que no tenga nada que ver con la Fuerza Aérea, tiene que ser gente neutral porque si no, no beneficia a nadie cuando una mujer quiere denunciar violencia de género y no hay mecanismos de contención”, agrega.
En esa línea, Martino aporta que en este año transcurrido desde el femicidio de Ivana, pese a que hubo mínimas iniciativas de cambio como la capacitación en la Ley Micaela, para oficiales jefes, oficiales subalternos y suboficiales -que es obligatoria-, aún continúan en pie los reclamos sobre la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito militar: “Lo de la Ley Micaela en este ámbito, es un avance aunque no es exactamente lo que pedíamos.Nosotras reclamábamos que las capacitaciones se hicieran de manera transversal y conjunta entre el personal militar y civil, mezclados para que todos entendamos y hablemos el mismo idioma, y para que veamos que hay cosas que no se pueden naturalizar más, y estuvo mal haberlas naturalizado por tanto tiempo”, dice la trabajadora.
Por otro lado, respecto a la oficina de género, Martino indica que desde el momento cero se viene reclamando que la oficina funcione con un equipo interdisciplinario, con participación de los civiles y que sea abierta a estos también, porque en su origen la ley de declaración de la oficina de género de las FF.AA., “está creada para los reclamos de género en el ámbito militar“. Es decir, solo está pensada para mujeres militares que sufren algún tipo de acoso y muchas veces, la metodología que se aplica es el cambio de área o traslado, que para los denunciados termina teniendo un “beneficio económico” que se paga por ser transferidos.
“Si bien las mujeres civiles hemos recurrido más de una vez a esa oficina, la verdad es que no tiene mecanismo que pueden llegar a contener y hacer seguimiento”, explica la delegada y enfatiza: “Por eso estamos peleando ahora, que sea una oficina abierta, para personal militar y civil y funcione con un equipo interdisciplinario y en el caso de Córdoba, en conjunto con el Polo de la Mujer”.
“A un año del crimen -dice Martino- seguimos, no nos callamos más y vamos a seguir profundizando, no vamos permitir que se tape y se olvide el caso de Ivana, aun cuando consigamos justicia, que la vamos a conseguir, Ivana va a seguir siendo nuestra bandera para seguir avanzando porque hace falta más, hace falta perspectiva de género en las Fuerzas Armadas”.
Fuente: www.lmdiario.com.ar