Siete de cada diez niños y niñas de la Argentina viven en la pobreza. Así lo advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de un documento que elaboró con estadísticas oficiales del segundo semestre de 2023.
El número representa un 19,4% de la población infantil más que en 2022 y advierten que el escenario se podría agudizar si se recorta el gasto social por parte del Estado.
En el estudio se incluyó la confección de tres informes que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños; el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos.
El escenario más preocupante es el que aborda el primer ítem. Más de 8,6 millones de chicos y chicas experimentan carencias monetarias y la vulneración de algún derecho básico como puede ser la educación, la vivienda, el desarrollo sano o la protección de la salud. Al menos la mitad de ese universo sufre la vulneración de más de un derecho universal.
Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, consideró que la asignación e implementación por parte de los Estados de un presupuesto acorde con las necesidades de su población resulta “una herramienta clave para aportar elementos” que “garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”.
Brumana dijo a la prensa que el informe elaborado por UNICEF fue enviado a la Presidencia de la Nación y a los ministerios de Economía, Capital Humano y Relaciones Exteriores. Además, comentó que los equipos técnicos de la agencia de las Naciones Unidas se encuentran en contacto con funcionarios de las cuatro áreas del gobierno del presidente Javier Milei.
“Con esta información, buscamos contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, en cumplimiento con los planes de trabajo acordados con el Estado Nacional, y a partir del mandato establecido en la Convención de los Derechos del Niño”, mencionó Brumana.
El documento difundido por UNICEF mostró que el presupuesto nacional destinado a la niñez sufrió una caída del 75% en términos reales, a lo que se agrega que la implementación de políticas nacionales claves para la infancia “presenta signos de alerta en lo que va de 2024”.
Eso se debe a que, por un lado, “se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos”, entre ellas para abastecer a los comedores escolares, el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes y el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a los programas Mil Días, Conectar Igualdad y de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar evidencian “niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual”, prorrogado de 2023, “no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año”.
Para UNICEF, las políticas de protección de ingresos “resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza” porque, de lo contrario, “sin estos programas alrededor de 270.000 niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes”.
Si no se modifica esta tendencia actual, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre del año alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%, destacan desde la organización internacional.
Los ingresos por transferencias, como representan la AUH o la Prestación Alimentar, “son los más estables que poseen las familias en situación de mayor vulnerabilidad” y significan una herramienta “potente para erradicar la pobreza”.
Si bien en los últimos meses hubo aumentos en ambas prestaciones, no hay una reparación significativa en la capacidad de compra. Por ese motivo, consideran necesario que se establezca un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que contemple la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas.
Según estimaciones de la agencia de la ONU, el Gobierno podría destinar “unos 40.000 pesos anuales por cada hogar situado en condiciones de pobreza extrema”, lo que significa “un total de 483.000 millones de pesos, 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, para sacarlo de esa condición.
“Es fiscalmente viable erradicar el hambre con herramientas de protección del ingreso que al menos sean suficientes”, finalizó.
Fuente: www.elresaltador.com.ar