El fiscal federal Adolfo Villate (foto) había pedido medidas en marzo de 2017, cuando solicitó que se indague a 102 civiles, militares, paramilitares y policías por crímenes cometidos entre enero de 1975 y septiembre de 1976.
El juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 46 imputados por el fiscal Adolfo Villate en la causa que investiga el copamiento militar de Villa Constitución un año antes del golpe, cuando el presidente de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, después ministro de la dictadura.
Villate los acusó en marzo de 2017, cuando pidió indagar a 102 civiles, militares, paramilitares y policías por crímenes cometidos entre enero de 1975 y setiembre de 1976 en la represión ilegal de “El Villazo”. Bailaque se tomó dos años para resolver. Pero ayer ordenó las 46 indagatorias, algunas detenciones y hasta la prohibición de salir del país de todos los que deberán declarar en su tribunal a partir del 25 de marzo y hasta el 16 de abril. Los nombres se mantienen en reserva por razones obvias. “Tarde pero salió: 46 indagatorias es un buen resultado, no conocemos otra causa por delitos de lesa humanidad que haya tantas como en este caso”, dijo Villate a Rosario 12. “Es un hecho significativo, más en los tiempos que corren”.
El fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario había solicitado las 102 indagatorias el 20 de marzo de 2017, a 42 años de El Villazo. Y ante la demora del juez, el último día hábil de 2018, insistió con un pedido de pronto despacho, que es el paso previo para recurrir en queja ante la Cámara Federal de Rosario por denegación de justicia. Incluso, el fiscal le adelantó al magistrado que después de dos años se justificaba el planteo a la Cámara, pero quedó ahí. Ayer, Bailaque ordenó las 46 indagatorias. “Es un buen resultado”, dijo el fiscal. “Está bien, sobre 102 que se pidieron, 46 pueden parecer pocas porque son menos de la mitad, pero se trata de un paso muy importante para la causa. No sé si hay en una investigación por delitos de la lesa humanidad con tantas indagatorias en un solo expediente”.
“Lo más trascendente es que se pueda dilucidar estos crímenes que no se investigaron durante tantos años”, planteó Villate. “En cambio, sí fueron a juicio hechos posteriores cometidos en forma clandestina como en La Calamita o en El Pozo, que estaba dentro de la Jefatura de Policía de Rosario que era más visible”.
“El copamiento de Villa Constitución ocurrió a la luz de toda una sociedad y son los hechos que se empiezan a juzgar más tarde. No es casual que en el medio esté la responsabilidad de una empresa como Acindar”, que presidía Martínez de Hoz. “Acindar de hoy no es la misma de aquella época porque cambió de dueño, pero es muy importante” terminar con la impunidad. Según el fiscal, la demora se explica porque se juzgará la “responsabilidad empresaria, que fue determinante en estos hechos. Uno encuentra que en Villa Constitución de esto no se habla, o se habla poco, o se habla por detrás. Volver a poner sobre la mesa lo que pasó en aquella época es muy importante”, insistió.
El miércoles, Villate analizaba la resolución del juez Bailaque, el criterio que utilizó para desdoblar algunas investigaciones y por qué no dispuso las otras 56 indagatorias que le había solicitado en 2017. “Hay más casos que estamos trabajando para pedir más indagatorias, en poco tiempo”, adelantó.
“El 20 de marzo de 1975, Villa Constitución fue militarizada e invadida” por las fuerzas del terrorismo de Estado, dice la denuncia fiscal. “Más de 4.000 efectivos del Ejército, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Santa Fe (la Guardia Rural Los Pumas), la Bonaerense, parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical y espías de la SIDE coparon la ciudad” y “se quedarían un buen tiempo”.
La columna de la ocupación estaba integrado por 105 vehículos, según el testimonio de uno de los denunciantes, Pedro Alfaro, ante la Conadep. “Había carros de asalto, patrulleros de civil, de prefectura y autos ocupados por bandas de derecha que operaron” a cara descubierta. “Hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la comisión interna de Acindar, más distintos activistas. Además de los secuestros, hubo represión generalizada que provocó temor en toda la población, asesinatos y allanamientos a viviendas e incluso al comité local de la UOM”.
Fuente: Juan Carlos Tizziani; www.pagina12.com.ar