Por Carlos Emanuel Cafure*
La clase trabajadora desde hace décadas, se pregunta cuándo el Gobierno nacional y el provincial van a poner en marcha con medidas concretas (según lo que disponen la Constitución de la Provincia de Córdoba artículo 58 y la de la Nación artículo 14 bis in fine), respecto del acceso a la vivienda para los ciudadanos argentinos.
Existen también casos de algunas organizaciones sindicales, que vienen firmando convenios con distintas firmas privadas de construcción de viviendas (como por ejemplo Cooperativa Horizonte), para que sus representadas y representados puedan llegar a su vivienda familiar.
Otros sindicatos, cuentan con recursos económicos propios para dar solución habitacional a sus afiliadas y afiliados, razón por la cual es clave la activa gestión que den los responsables de la Secretaría de Vivienda de esos gremios, para que no exista un solo representado o representada que aspire a ser propietario y que tenga que seguir alquilando innecesariamente. Eso se logra con planificación, proyectos, padrones actualizados y fundamentalmente preocupándose de la situación de vivienda de cada representado. Seria muy injusto por ejemplo, que los miembros del Consejo Directivo de un Sindicato tenga vivienda propia y que por el contrario, un importante número de afiliados y afiliadas sigan alquilando (teniendo herramientas para solucionar esta situación desde la propia organización gremial).
El derecho a la vivienda asimismo, es un derecho humano que debe ser respetado.
El derecho al acceso a la vivienda se encuentra también garantizado por normativas de rango internacionales, entre los que se puede citar el artículo 25, inciso uno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas…”; el artículo 27 (inciso tres) de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 14 (inciso h) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo quinto (inciso c) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el párrafo 61 del Programa de Hábitat (Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), entre otros.
Es muy bueno que se ayude a la gente de pocos recursos como política de asistencia social desde el Estado a los más necesitados, pero debemos recordarles a los gobernantes que la Constitución Nacional también habla del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos (artículo 16). Es decir; de su texto se deduce que en Argentina no debe haber ciudadanos de primera, de segunda o de tercera clase, aunque en la práctica así nos sentimos tratados quienes formamos parte de la clase trabajadora.
Realmente, genera una profunda decepción la clase política argentina, tanto los oficialistas como los que se dicen opositores que hablan sobre esta problemática, pero que poco hacen en la práctica para solucionarla. No existen verdaderas políticas de Estado que permitan al activo acceder a la vivienda familiar, de modo que la clase media argentina se convierte así en una fábrica de inquilinos.
Es absurdo ponerse a estudiar las inalcanzables líneas de créditos hipotecarios que ofrecen tanto los bancos estatales como los privados, cuyas condiciones terminan siendo tan burocráticas y con requisitos tan difíciles de cumplir que sólo muy pocos las toman con los riesgos que eso implica.
Los trabajadores quieren pagar su casa y no lo pueden lograr porque los gobernantes se lo impiden.
En un país con tantas riquezas y posibilidades de vivir con dignidad, parece que trabajar es considerado un castigo y en ciertos casos son tratados como enemigos a vencer por parte de algunos sectores de la política.
De lo contrario, no se entiende por qué los trabajadores no tenemos acceso a la vivienda, porqué nos confiscan nuestros salarios con el Impuesto a las Ganancias, porqué nos reprimen por ejercer el derecho a huelga, porqué se fomenta la flexibilización laboral, y muchas otras cosas más como ha pasado en diferentes oportunidades.
Una pregunta que nos hacemos, es la siguiente: ¿A dónde van a parar nuestros impuestos y las sumas multimillonarias que se descuentan por el Impuesto a las Ganancias?
¿Por qué no vuelven a los trabajadores argentinos, en forma de planes de viviendas populares?
La clase política argentina (y algunos sindicatos también), siguen en deuda con quienes trabajan, para permitirles acceder a su derecho constitucional a la vivienda.
*Abogado Laboralista