Rosana Mugetti tenía 17 años y todavía cursaba el colegio secundario cuando fue detenida, en agosto de 1975. Juan Carlos “Pipón” Giuliani trabajaba en LV16 Radio Río Cuarto y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista cuando lo apresaron, el 13 de julio de ese mismo año. Isaura “Coca” Nieto militaba en la Juventud Peronista y estaba embarazada de ocho meses cuando fue presa, el 25 de febrero de 1976. Sus historias tienen fechas y recorridos diferentes, pero todas comparten una misma marca: la persecución llegó más allá de la detención, alcanzó a sus familias, sus trabajos y la posibilidad de volver a vivir en libertad.
Vivir en un cementerio
Cuando la detuvieron, Mugetti todavía era menor de edad, pero ya militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Su detención ocurrió durante el gobierno de Isabel Perón, varios meses antes del golpe de Estado. Ese dato fue uno de los puntos centrales de su testimonio: la historia represiva que se juzgará a partir de la próxima semana no comenzó el 24 de marzo de 1976. Para entonces, varias de las personas que declararán en la causa ya habían sido detenidas.
A Mugetti la fueron a buscar al colegio y, como no la encontraron, fueron a su casa. Dejaron que su padre la acompañara bajo estricta vigilancia, en un vehículo con un hombre armado a su lado. Le prometieron que la devolverían al poco tiempo, pero el encierro se prolongó durante cinco años. Como en Río Cuarto no había una cárcel destinada a mujeres presas políticas, Rosana fue trasladada a Córdoba, a la Unidad Penitenciaria N.º 1 (UP1) de barrio San Martín. Allí compartió el encierro con otras mujeres, algunas de las cuales tenían hijos pequeños.
El mismo 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado, fue sacada junto a sus compañeras a patio de la prisión. Las obligaron a desnudarse y las sometieron a un simulacro de fusilamiento. De fondo se escuchaba el llanto de los niños que convivían con sus madres en el penal.
No fue un episodio aislado. A partir del golpe de Estado los castigos y las golpizas eran parte de la rutina. También se llevaban prisioneras y prisioneros que nunca volvían. Eran celdas muy pequeñas y estaban aisladas. “Yo me podía ver con mi compañera de frente y con mi compañera del lado a través del pasaplato, corríamos un poquito el vidrio y nos mirábamos un ojo, pero con el tiempo me mataron mi compañera del frente y mi compañera del lado y a las otras no las alcanzaba a ver. Era como vivir en un cementerio, era horrible”, recordó Mugetti.
Su testimonio no quedó reducido a la violencia sufrida; destacó la comunión que construyeron las mujeres detenidas, que perdura hasta el día de hoy. Se acompañaban y trataban de sostenerse cuando alguna no podía más. Esa contención, admitió, no la volvió a vivir nunca más con tanta intensidad.
Después de la cárcel, su libertad no fue completa: permaneció bajo vigilancia, tenía restricciones para salir de la ciudad y debía presentarse periódicamente a firmar un libro. Los militares amenazaron a su padre y su hermano.
A días del comienzo del juicio en Córdoba, Mugetti, que ya ha declarado como testigo en otros juicios, admitió que vive el juicio llega demasiado tarde: “Me da mucha bronca porque no sé cómo definirlo, pero las personas que yo acuso ya están muertas. A mí me hubiera gustado tener al ‘Gato’ Gómez ahí y mirarlo y que me desdiga lo que yo hablo, más allá de que estos señores agarraban de costumbre retirarse a una salita al lado y mirar el juicio por televisión. Pero sí, es como muy tarde. Yo tengo mi papá de 93 años y espero que no salga nada de esto en televisión porque también es remover un montón de cosas”
Sobrevivir como forma de resistir
Antes de hablar de su detención, Juan Carlos “Pipón” Giuliani pidió reconstruir el contexto político y social de Río Cuarto en aquéllos años. En 1975, explicó, la ciudad atravesaba cambios vinculados a la reciente instalación de la Universidad Nacional y al crecimiento de la organización estudiantil, sindical y popular.
Giuliani militaba en la Juventud Trabajadora Peronista, vinculada a Montoneros, integraba la Asociación Gremial de Periodistas de Río Cuarto y trabajaba en LV16 Radio Río Cuarto. Fue detenido el 13 de julio de 1975 y pasó siete años, cinco meses y nueve días privado de la libertad en distintas cárceles del país. Su testimonio puso el foco en la violencia que antecedió al golpe: recordó el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares que actuaban en la región antes de marzo de 1976 y sostuvo que parte de sus integrantes se incorporaron después al aparato represivo de la dictadura. Para Giuliani, entender esa continuidad es fundamental para reconstruir lo que ocurrió en el sur cordobés.
La persecución fue impiadosa con su familia: Sus dos hermanos también fueron detenidos, uno cayó junto a él en 1975 y el menor fue arrestado en abril de 1976. A su padre, un reconocido médico de la ciudad, lo mantuvieron esposado y lo amenazaron con matar a sus hijos. A pesar del hostigamiento, Giuliani destacó el acompañamiento familiar: Sus seres queridos los visitaron en las distintas cárceles a las que fue trasladado y sostuvieron el vínculo durante los interminables años de encierro. Esa presencia, dijo, fue fundamental para poder reconstruir sus vidas cuando recuperaron la libertad.
El encierro tenía sus propias reglas. Al igual que Mugetti, dijo que las condiciones de encierro empeoraron mucho después del golpe militar. Fue entonces cuando surgió la “cultura de la sobreviviencia”: No se trataba sólo de resistir físicamente, sino de evitar que el encierro socavara la capacidad de pensar, comunicarse y mantener vínculos. Hacían gimnasia a escondidas, jugaban al ajedrez imaginario y se comunicaban mediante señas. Cada conversación, cada juego y cada reunión permitían sostener una rutina propia frente a quienes buscaban quebrarlos psicológica y físicamente.
La recuperación de la libertad trajo otro tipo de dificultades. La frase que circulaba era “algo habrás hecho, por algo será”. La sospecha convertía a los ex presos en responsables de su propio sufrimiento. La prisión terminaba, pero la condena social continuaba.
Por eso, para Giuliani, el juicio en ciernes no tiene sólo un valor penal: Aunque muchos de los responsables hayan muerto y el tiempo transcurrido impida que la sentencia repare lo vivido, el resultado del proceso sentará otro precedente contra la impunidad. Y permitirá reconstruir una parte de la historia local que todavía no es suficientemente conocida: la cantidad de personas detenidas, perseguidas, desaparecidas o exiliadas en Río Cuarto y la región -aseguró- obliga a revisar la idea de que la ciudad fue ajena a lo que ocurrió en el resto del país.
Detención hasta el parto
El relato de Isabel “Coca” Nieto fue uno de los momentos más duros de la charla. Cuando la detuvieron, el 25 de febrero de 1976, estaba embarazada de ocho meses y tenía una hija de cinco años. Militaba en la Juventud Peronista y había trabajado en la Maternidad. Su testimonio reconstruyó una detención atravesada por la violencia física, la incertidumbre y el temor por su embarazo.
Tres hombres vestidos de civil se le acercaron en un auto negro y le ordenaron subir, ella al principio se negó, hasta que le exhibieron sus credenciales de policías federales. La esposaron, le vendaron los ojos, la llevaron hasta la zona donde vivía su madre y le quitaron a su hija. Trasladada a la comisaria del centro de la ciudad, la sentaron en una silla y le golpearon la cabeza. La llevaron a otra habitación y alguien saltó sobre su panza y la manoseó. Volvieron a atarla a una silla y escuchó a su alrededor que otras personas corrían y gritaban. Por el ruido del agua dedujo que también estaban torturando gente con picana.
Pese a su embarazo de ocho meses y después de los golpes en la panza, no le dieron agua ni la dejaron ir al baño. Se hizo encima. Fue entonces cuando se quebró y, entre lágrimas, pidió perdón a la concurrencia, que seguía su relato en respetuoso silencio.
Enterado de su detención, un médico logró que la trasladaran a la Maternidad. Cuando fueron a buscarla, las trabajadoras impidieron que los federales se la llevaran. Su hijo nació a la medianoche del 24 de marzo de 1976.
Cuando le preguntaron qué espera del juicio, “Coca” fue clara: “que la historia se conozca, especialmente entre los jóvenes que no vivieron esa época”.
Larga espera
Detrás del juicio que comenzará el 20 de octubre hay años de investigación, búsqueda de testimonios y construcción colectiva de la memoria. Para Karen Torres y Silvina Pacheco, integrantes de la Casa de la Memoria de Río Cuarto, la instancia judicial representa mucho más que el comienzo de las audiencias: es el resultado de una lucha sostenida durante décadas por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.
El camino tuvo uno de su punto de partida en 2008, con la causa por la desaparición de Gabriel Braunstein. A partir de ese proceso, la agrupación H.I.J.O.S.Río Cuarto (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) impulsó la creación de una Comisión Municipal de la Memoria, con el objetivo de que la búsqueda de justicia no quedara limitada a los organismos de derechos humanos, sino que involucrara al conjunto de la sociedad.
Durante años, los organismos y sobrevivientes conservaron documentos, diarios, revistas y testimonios que permitieron rearmar una historia atravesada por la clandestinidad y el silencio. A ese trabajo se sumaron investigaciones en archivos institucionales, entre ellos los de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que aportaron documentación para la causa.
Una de las claves de esa reconstrucción fue mirar más allá del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según detallaron las integrantes de la Casa de la Memoria, la mayoría de los hechos incluidos en la causa ocurrieron antes de esa fecha y alcanzaron a estudiantes, docentes, trabajadores y militantes. Para Torres y Pacheco, reconstruir ese período es fundamental para comprender cómo se preparó el terreno para la persecución posterior y qué proyectos políticos y sociales fueron interrumpidos por la violencia.
Además de reunir pruebas, la Comisión también ayuda a sostener vínculos con las víctimas, acompañarlas y prepararlas para una instancia que esperaron durante décadas. Como el juicio se tramita en Córdoba capital, se gestionaron pasajes para quienes no puedan afrontar el viaje y se armó un equipo de acompañamiento psicológico. También se habilitará una sala especial en el viejo Palacio de Justicia para quienes no puedan viajar a declarar y prefieran hacerlo en forma virtual.
El acompañamiento implica comprender que no todos los sobrevivientes llegan al juicio de la misma manera. Para algunos, la instancia judicial llega demasiado tarde porque varios de los responsables que señalan ya murieron; para otros, declarar implica revivir experiencias que durante años intentaron dejar atrás o mantuvieron en silencio incluso frente a sus propias familias. Aun así, muchos siguen dispuestos a contar lo ocurrido, señalar a los responsables y aportar a la reconstrucción de la verdad.
La Casa de la Memoria es también un espacio de encuentro y preservación de testimonios. Su Archivo Oral reúne 41 entrevistas realizadas de manera colectiva, con la participación de docentes, estudiantes, periodistas y otros integrantes de la comunidad. La tarea busca resguardar las voces de quienes atravesaron la represión, pero también acercar esas historias a las nuevas generaciones.
Torres y Pacheco destacan que el desafío es evitar que el juicio quede reducido a una sentencia judicial. La investigación, las señalizaciones, los archivos y los talleres educativos forman parte de un trabajo más amplio: hacer que la historia local sea conocida. Para ellas, todavía hay mucho desconocimiento sobre lo ocurrido en Río Cuarto y otras localidades del sur cordobés durante el terrorismo de Estado.
El juicio, sostienen, también debe permitir que las nuevas generaciones comprendan que la dictadura no solo dejó personas detenidas, torturadas y desaparecidas; también interrumpió debates, militancias y proyectos colectivos. Por eso conocer esa historia es una responsabilidad del presente, una forma de defender la democracia y de impedir que la violencia vuelva a ser una respuesta frente a las diferencias políticas.
Después de tantos años de espera, el inicio de las audiencias representa un momento difícil de dimensionar incluso para quienes trabajaron durante décadas para hacerlo posible. “No puede quedar en una sentencia judicial”, insisten Torres y Pacheco. La búsqueda de justicia es, para ellas, parte de una tarea más amplia: recuperar la historia, acompañar a los y las sobrevivientes y transmitir su legado a quienes deberán sostenerlo en el futuro.
Fuente: www.revistaelsur.com.ar