Por Jorge Falcone
“Hablar del proceso constituyente es darse cuenta de que esta precariedad creciente que vivimos en nuestra sociedad, y estos recortes de derechos y libertades, no tienen solución en el marco actual. Por tanto, nos distanciamos de las personas que creen que el problema es solo de unos políticos corruptos, o de la mala gestión. El problema no es este, aun si los políticos no fueran corruptos y no hubiera mala gestión, el marco que determina las reglas del juego es un marco que permite que exista una alianza entre poder político y poder económico. Y, o separamos esto o seguiremos dentro de esta ruta, y lo único que provocará es el aumento del índice de Gini, que los economistas utilizan para medir las distancias entre ricos y pobres”.
Teresa Forcades, monja benedictina catalana, médica, teóloga y doctora en Salud Pública.
Aunque hoy parezca remoto, cualquier lector/a atento/a recordará que, en los albores de la cuarentena determinada por esta pandemia global, buena parte de la humanidad entrevió la posibilidad de superar tal crisis transitando hacia un mundo más justo (tuvimos la tentación de escribir “más humano”, pero hay que creer o reventar que somos una especie poco dispuesta a tomar nota de las grandes lecciones de la Historia)
En efecto, por entonces se puso de relieve la clarificación de cielos y espejos de agua producida mientras teníamos un mayor desconocimiento del COVID-19 y por ende vaciábamos grandes conglomerados urbanos para resguardarnos. Contra los cantos de sirena del mercado, se reivindicó el rol de los Estados en salvaguarda de las grandes urgencias sanitarias. Y se encomió el solidario desempeño en la emergencia de países “periféricos” – este año Cuba producirá 100 millones de dosis de su vacuna contra la peste – en auxilio de países supuestamente más avanzados… pero a la vez mucho más desaprensivos en el cuidado de su gente.
Pues el año en curso despunta con grandes semejanzas respecto al que pasó, a expensas del descubrimiento de nuevas cepas más contagiosas de coronavirus, de una eficacia bastante relativa de las vacunas en danza, y de la puesta en juego de nuevas restricciones, acaso necesarias, pero siempre funcionales a un capital financiero trasnacional urgido por aprovechar el colapso para reciclar el sistema – mundo en su beneficio, minimizando los contratiempos que las nuevas rebeldías pudieran ocasionarle.
No obstante, es de destacar que después de las revueltas que estremecieron al Capitolio del Gran País del Norte, – aunque sigue siendo el referente inequívoco de una derecha beligerante, y manteniendo un importante caudal de votos – su ex hombre fuerte hizo mutis por el foro silbando bajito, y dejando el escenario despejado para la asunción de una supuesta contracara con grandísimas coincidencias, al menos en materia de política internacional.
Por estos lares, en un contexto de significativo hartazgo social respecto a los protocolos sanitarios, la temporada balnearia tiene a la policía abocada a la incómoda tarea de dispersar multitudinarias concentraciones de jóvenes que se agolpan en las playas con el fin de darle un respiro al prolongado enclaustramiento sostenido en las ciudades, abusando a veces de bebida alcohólica, lo que a menudo desmadra y termina mal.
Por su parte, el Ministerio de Educación mantiene la promesa de inaugurar el año lectivo retomando clases presenciales, pese a que las estadísticas de contagio aún no remiten significativamente.
A ese respecto, después de que el Ministro de Educación Nicolás Trotta dijo que serán las provincias las que tengan la última palabra, el Gobierno buscó articular un “consenso” para garantizar la presencialidad en todo el país, con la modalidad de clases que cada distrito crea más conveniente.
Los ministros del ramo avalan el pedido de los gremios acerca de que los docentes sean vacunados entre los primeros grupos, porque saben que es un ítem clave para consensuar la vuelta, pero también perciben que lxs maestrxs y profesorxs son más partidarios del regreso que sus dirigentes.
Paralelamente a estos considerandos, la economía continúa sin ofrecer un panorama alentador. Datos suministrados por el INDEC aseveran que, al 2° trimestre de 2020 se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo, de los cuales 289.000 correspondieron a asalariadxs registradxs, 1.695.000 a asalariadxs informales y 1.774.000 a trabajadorxs por cuenta propia. A la vez, el personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000, y hoteles y restaurantes 304.000 empleos.
En la segunda parte del año tampoco se recuperó, y si lo hizo en algunos sectores, empeoró en otros, en un marco en que el PBI descendió con relación a 2019 – que ya venía en recesión – en torno a un 10%, constituyendo la mayor caída de dicho índice sobre la que se tenga registro.
Además, siempre según datos oficiales, con una población de algo más de 45 millones de habitantes, la tasa de actividad actual se estima en un 47%, lo cual significa que más de 22 millones de personas están en condiciones de trabajar.
No obstante, siempre al 2° trimestre de 2020, solo se registran 11.762.000 ocupados, de los cuales 9.475.600 personas son asalariados, incluyendo al sector privado (en junio de 2020, se contabilizaron 5.781.000 personas asalariadas en el sector privado), sector público y el trabajo en casas particulares y, 2.287.000 desarrollaron trabajos independientes (monotributistas y autónomos), por eso cuando se pagó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) alcanzó a unos 8.970.000 beneficiadxs
Como si ello fuera poco, parece broma pesada que en un país y en una región productora de hidrocarburos aumenten sus precios, sobre todo si se tiene en cuenta que el planeta está inundado de petróleo sin compradores debido a la crisis global, motivo por el cual algunos países miembros de la OPEP resolvieron reducir la producción para que su valor – que en Argentina, está subsidiado por el denominado “barril criollo” – no siga cayendo.
Desde la petrolera de bandera argumentan que el aumento no responde al precio del petróleo sino a los impuestos a combustibles líquidos y a emisión de dióxido de carbono, ambos ligados a la inflación.
En consonancia con dicha lógica, se podría pensar que también los salarios de los petroleros aumentaron acorde a la inflación. Sin embargo no ocurrió. Los trabajadores activos del sector debieron conformarse con no ser despedidos, y los suspendidos cobraron entre el 40 y el 50% del salario de febrero 2020. Incluso algunos continuaron percibiendo el mismo porcentaje aún después de ser reincorporados. Además, apenas aumentó un poco la producción, volvió a morir un trabajador en Vaca Muerta, cuyo deceso engrosa las ocho muertes que se habían producido antes de la pandemia a causa de las cada vez peores condiciones de seguridad en los yacimientos.
En tanto, al cabo de poco más de un año de una gestión irrelevante, con escasos resultados y dejando varios frentes abiertos con jugadores clave del sector, Guillermo Nielsen fue desplazado de la presidencia de YPF. La principal característica de sus meses al frente de la entidad fue el incremento de los combustibles. Quien lo reemplaza es un funcionario que conoce el sector, Pablo González, diputado de Santa Cruz y ex vicegobernador de esa provincia durante el mandato anterior de Alicia Kirchner. El tiempo dirá si se trata del mismo perro con distinto collar.
Mientras, miles de trabajadores estatales mantuvieron el sueldo congelado durante todo el 2020 y, en muchos casos lo cobraron con retraso, por lo que debieron afrontar el costo de pagar alquileres y servicios fuera de término. Para los trabajadores del sector privado las cosas no fueron mejor, no solo no tuvieron aumentos o, si los tuvieron, fueron irrisorios, sino que muchas veces se vieron obligados a aceptar recortes salariales con tal de seguir trabajando.
Párrafo aparte merece el sector pasivo. Las jubilaciones estatales se ajustan automáticamente con los salarios de los trabajadores activos, pero dado que la burocracia sindical, en lugar de organizar a lxs trabajadorxs para conseguir mejoras en las condiciones de trabajo, actúa como personal jerárquico del Estado, no hubo aumento para los activos y, por ende, tampoco para quienes ya brindaron a la sociedad todo su esfuerzo. Estxs últimxs tuvieron la posibilidad de comenzar a mejorar sus ingresos en 2010, cuando el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la movilidad del 82% para las jubilaciones, pero la ley fue vetada por la entonces presidente Cristina Fernández, dando carta blanca a los gobiernos de Macri y de Fernández para que dieran el tiro de gracia a nuestrxs viejxs, condenándolxs a una vida de necesidades y miseria.
Inquieto frente a indicadores tan preocupantes, el Ministro de Economía ha comenzado a caminar el conurbano profundo en procura de adquirir una percepción directa de cómo impacta su gestión en la base de la pirámide social. En su primera incursión -al municipio de Moreno, enclave regenteado por la esposa del titular de la UTEP- estuvo flanqueado por este (Esteban “Gringo” Castro) y por Daniel Menéndez, referente de la fracción oficialista de Barrios de Pie y funcionario de la cartera de Desarrollo Social, enterándose de que ambos dirigentes sociales tienen un grupo de diálogo armado con empresarios, para articular política. Entre esos ceos aparecen, por caso, Roberto Murchinson, presidente de IDEA y Daniel Herrero, el titular de Toyota. Es un camino. El del “Estado en disputa”.
Lo cierto es que la pandemia tiene vencedorxs y vencidxs. Lxs primerxs la aprovechan para destruir las fuerzas productivas sobrantes como consecuencia de la crisis capitalista y para aplanar el salario de lxs trabajadorxs con el único fin de incrementar sus ya abultadas ganancias, en detrimento de la calidad de vida de los segundos, que somos mayoría.
¿Y cómo ha venido reaccionando la izquierda ante dicho panorama? Al parecer ha intentado vanamente transformarse en la cosmovisión de una clase media en proceso de descomposición. Eso explica muchas cosas. La principal de ellas es la creciente deriva de esa izquierda hacia el conservadurismo en casi todos los elementos de su discurso y de su práctica. La clase media menguante y hostigada por un brutal proceso de proletarización no tiene más proyecto social que mantener el statu quo, mientras se pueda. Conservar el Estado de Bienestar, conservar el medio natural, conservar la democracia parlamentaria, conservar al fin y al cabo el orden demoliberal, con reminiscencias socialdemócratas.
En consecuencia, la extrema derecha, sin prisa y sin pausa, ha decidido apostar por otra cosa. En vez de pretender articular bajo su mando a la clase media ilustrada, en peligro de proletarización, desde su versión más reaccionaria – la de los seudo libertarios – se ha acercado y predica en el seno de la ya proletarizada. Se dirige a los obreros más castigados por patronales chupasangres, que ven cómo su forma de vida se descompone vertiginosamente, a los pequeños comerciantes que no pueden enfrentar la competencia de los “peces gordos” y de las plataformas de e commerce, y a los estudiantes que no encuentran trabajo ni respuesta en el discurso de una izquierda “alternativa”.
Sin embargo, mientras el arriba hace sus espurios enjuagues, en el inquieto abajo – a semejanza de la aldea gala de Ásterix en su irreductible resistencia al Imperio -, prevalecen organizaciones sociales que continúan desoyendo la intimación “quedáte en casa”, peleando cotidianamente por tierra para vivir y producir lo que se come, y bregando por sustituir al poder constituido por una Asamblea Plurinacional Constituyente capaz de cuestionar esa propiedad privada prescripta hasta la fecha por una Carta Magna cimentada sobre un genocidio.
El cantautor uruguayo Daniel Viglietti escribió alguna vez “que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero”.
Fuente: La Gomera de David