Enrique Ángel Angelelli Carletti nació en Córdoba el 18 de julio de 1923, fue un Obispo católico argentino, asesinado por la última dictadura cívico-militar y declarado por esas mismas circunstancias mártir y beato por el Papa Francisco. Participó del Concilio Vaticano II, durante el cual apoyó públicamente las posiciones renovadoras.
Fue designado Obispo de la diócesis de La Rioja el 3 de julio de 1968. La diócesis incrementó significativamente el número de sacerdotes y parroquias durante su ministerio episcopal. Caracterizado por su fuerte compromiso social, Angelelli formó parte del grupo de obispos que se enfrentó a la dictadura en 1976.
De su muerte, acaecida en ese mismo año y presentada por las autoridades militares como accidente automovilístico, se sospechó que se trataba de un asesinato encubierto, hasta que los hechos fueron judicialmente investigados y el 4 de julio de 2014, transcurridos casi 38 años, la justicia determinó que se había tratado de un homicidio, condenando a cadena perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella.
La Iglesia anunció su reconocimiento oficial de que la muerte de Enrique Angelelli, como también la de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la del laico Wenceslao Pedernera, tuvo el carácter de «martirio en odio de la fe», lo que ameritaba su beatificación. El 27 de abril de 2019 Angelelli y los demás mártires
fueron beatificados por el Papa Francisco.
Su recorrido
Entró al Seminario de Nuestra Señora de Loreto a los 15 años, en 1947 fue enviado a terminar sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latino Americano de Roma. Fue ordenado presbítero allí, el 9 de octubre de 1949, a los 26 años, y continuó sus estudios de licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana.
De regreso a Córdoba, en 1951, fue nombrado vicario cooperador de la parroquia San José del barrio Alto Alberdi y capellán del Hospital de Clínicas. Visitó las villas miseria de Córdoba y asumió como asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC), con sede en la capilla Cristo Obrero.
Fue profesor de Derecho Canónico y Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor y profesor de Teología en el Instituto Lumen Christi. Por bula pontificia, Juan XXIII lo nombró obispo titular de Listra y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba el 12 de diciembre de 1960. El 26 de diciembre de ese año fue nombrado vicario general. El 16 de febrero de 1961 asumió como arcediano del cabildo eclesiástico de la iglesia catedral, y consagrado el 12 de marzo de 1961. Fue rector del Seminario Mayor y como obispo auxiliar se involucró en los conflictos laborales gremiales (Fiat, IME, Municipales), y trabajó con otros sacerdotes para reconquistar un lugar para la Iglesia, causando que fuese resistido por el conservadurismo eclesiástico. En 1963 convocó a campañas de solidaridad para mitigar el hambre y el abandono de los desposeídos.
Participó en el Concilio Vaticano II. En 1964, en el marco de los cambios conciliares, se produjeron tensiones en la Iglesia cordobesa a raíz de la publicación de reportajes periodísticos a los sacerdotes Vaudagna, Gaido, Dellaferrera y Viscovich. Angelelli apoyó públicamente las posiciones modernistas, lo que originó su exclusión del gobierno eclesiástico, pasando a desempeñarse como capellán de las religiosas Adoratrices españolas en Villa Eucarística. En 1965, el titular de la arquidiócesis Raúl Primatesta lo restituyó como obispo auxiliar. Angelelli fue uno de los cuarenta obispos firmantes del Pacto de las catacumbas de Domitila, por el que se comprometieron a caminar con los pobres asumiendo un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de poder.
En 1967 se configuró la Comisión Episcopal de Pastoral bajo la sigla COEPAL que presidió Manuel Marengo, obispo de Azul, y en la que Enrique Angelelli ofició de vicepresidente. La comisión se integró además por Vicente Faustino Zazpe (Obispo de Rafaela), José Medina (Obispo de Jujuy) y Juan Iriarte (Obispo de Reconquista). Angelelli tuvo una presencia activa en las diversas reuniones deliberativas y ejecutivas.
El 24 de agosto de 1968, Angelelli asumió como Obispo de la Diócesis de La Rioja, designado por Pablo VI. Lo que aparecía como el camino al ostracismo, se transformó en el escenario episcopal que movilizó a los amplios sectores riojanos sumidos en la postergación, promoviendo la formación de cooperativas de campesinos y alentando la organización sindical de los peones rurales, los mineros y las empleadas domésticas.
En La Rioja, Angelelli colaboró en crear sindicatos de mineros, trabajadores rurales y de empleadas domésticas, así como cooperativas de trabajo, de telares, fábricas de ladrillos, panaderos y otros. Una de estas cooperativas solicitó la expropiación de un latifundio que había crecido a través de la apropiación de pequeñas parcelas porque sus propietarios no podían pagar sus deudas. El Gobernador Carlos Menem prometió que iba a transferir dichas tierras a la cooperativa.
El 13 de junio de 1973, Angelelli fue a Anillaco, la ciudad natal de Menem para presidir las fiestas patronales de esta ciudad. Fue recibido por una turba liderada por comerciantes y terratenientes, entre ellos Amado Menem, hermano del gobernador, y sus hijos César y Manuel, quienes junto a otros propietarios se habían vuelto contra el Obispo. La turba entró por la fuerza en la Iglesia, y cuando Angelelli suspendió la celebración y salió de allí, le lanzaron piedras.
El gobernador Menem retiró su apoyo a la cooperativa so pretexto de “agitación social”. Angelelli denunció a grupos conservadores, canceló las celebraciones religiosas de la diócesis, y declaró un interdicto temporal sobre Menem y sus partidarios.
El superior general de los jesuitas, Pedro Arrupe, y Vicente Faustino Zazpe, de la Arquidiócesis de Santa Fe, enviado por la Santa Sede en calidad de auditor, visitaron La Rioja y apoyaron a Angelelli, quien previamente había ofrecido su renuncia al Consejo Presbiterial y pedido a Pablo VI que lo ratificara o que le retirara su confianza. Casi todos los sacerdotes de la diócesis se reunieron con Zazpe para apoyar Angelelli y le dijeron que “los poderosos manipulaban la fe para preservar una situación de injusticia y opresión del pueblo” y para tomar ventaja de la “mano de obra barata, mal pagada”.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Adolfo Tortolo, dijo que la Conferencia no debía mediar, y el Nuncio Lino Zanini apoyó abiertamente a los sancionados, a quienes les dio crucifijos como obsequios. Zazpe concluyó su inspección con una misa conjunta con Angelelli y expresó su pleno apoyo en referencia a su trabajo pastoral y a la doctrina.
La corta presidencia de Isabel Martínez de Perón (1974-1976) estuvo marcada por el inicio de la Terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980, que pronto derivó en secuestros, torturas, asesinatos, y persecuciones.
El 12 de febrero de 1976, el vicario de la diócesis de La Rioja y dos miembros de un movimiento de activistas sociales fueron detenidos por los militares. El 24 de marzo tuvo lugar el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón y a todos los gobernadores del país, incluyendo Carlos Menem de La Rioja. Angelleli peticionó al coronel del ejército Osvaldo Pérez Battaglia, nuevo interventor de La Rioja, para obtener información sobre el vicario y el paradero de los activistas. Al no obtener respuesta, viajó a Córdoba para hablar con Luciano Benjamín Menéndez, por entonces comandante del III Cuerpo de Ejército. Menéndez advirtió amenazante a Angelelli: “Es usted quien tiene que tener cuidado”.
Existen indicios de que Angelelli sabía que estaba en la mira de los militares. Personas cercanas a él lo habían escuchado decir días antes de su muerte: “Es mi turno”. El 4 de agosto de 1976, conducía una camioneta junto con el padre Arturo Pinto, de regreso de una misa celebrada en la ciudad de Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, con tres carpetas con notas sobre los dos casos.
Según el Padre Pinto, un automóvil comenzó a seguirlos, y luego otro. Y en el paraje denominado Punta de los Llanos habrían encerrado a la camioneta hasta hacerla volcar. Después de permanecer inconsciente durante un tiempo, Pinto vio a Angelelli muerto en la carretera, con la parte de atrás de su cuello mostrando lesiones graves, “como si lo hubieran golpeado”.
La zona fue rápidamente rodeada por la policía y personal militar. Se envió una ambulancia y el cuerpo de Angelelli fue trasladado a la ciudad de La Rioja. La autopsia reveló varias costillas rotas y una fractura en forma de estrella en el hueso occipital, en consonancia con un golpe dado con un objeto contundente. Los frenos de la camioneta y el volante estaban intactos, y no había marcas de proyectiles.
El informe policial indicó que Pinto era quien había conducido el vehículo, que tuvo una pérdida momentánea del control, y al intentar volver a la carretera reventó un neumático. Según esta versión, Angelelli habría perdido la vida como consecuencia de los sucesivos vuelcos del vehículo. El juez Rodolfo Vigo aceptó el informe. Pocos días después de la muerte de Angelelli, la fiscal Martha Guzmán Loza recomendó cerrar el caso, al que calificó de “accidente de tránsito”.
El 19 de junio de 1986, ya bajo el régimen democrático, el juez de La Rioja Aldo Morales sentenció que había sido “un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”. Cuando algunos militares resultaron involucrados en la acusación, las fuerzas armadas trataron de bloquear la investigación, pero el juez rechazó sus reclamos. El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que a su vez lo derivó a la Cámara Federal de Córdoba. El tribunal de Córdoba dijo que era posible que las órdenes provinieran del Comandante del Tercer Cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
En abril de 1990, la Ley de Punto Final puso fin a la investigación en contra de los tres militares acusados de la muerte (José Carlos González, Luis Manzanelli y Ricardo Román Oscar Otero). Sin embargo esta ley fue derogada en 2005 junto con la Ley de Obediencia Debida, y en agosto de ese año el caso fue abierto nuevamente. La Corte Suprema dividió el caso en dos partes: la acusación contra los militares fue enviada a los tribunales de Córdoba, y la posible participación de civiles en el asesinato fue remitida a La Rioja. El excomandante Menéndez fue llamado por el tribunal de La Rioja el 16 de mayo de 2006, pero decidió no declarar nada.
El 2 de agosto de 2006, dos días antes del 30º Aniversario de su asesinato, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto declarando el 4 de agosto día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa Rosada “conmemorando a los religiosos que fueron víctimas del terrorismo de Estado”.
En abril de 2009 se realizó una necropsia. El informe médico legal ratificó que las múltiples fracturas en el cráneo fueron la causa de la muerte. Asimismo, se divulgó cierta información que pretendía negar el homicidio. Al descartarse la presencia de proyectiles de armas de fuego, aspecto que nunca estuvo mencionado como evidencia en la causa, se quiso abonar la tesis de un simple y casual accidente vial, descartando la existencia de intencionalidad, es decir, de un atentado.
En 2010, el Centro Tiempo Latinoamericano de Córdoba, la sobrina de monseñor Angelelli, María Elena Coseano, el propio Obispado de La Rioja, las secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, y Arturo Pinto como víctima sobreviviente, se constituyeron en querellantes en el Juzgado Federal de la La Rioja. En la presentación, se resumió una vez más el relato varias veces repetido por Arturo Pinto, único testigo directo en la causa judicial, quien mencionó que la camioneta que manejaba el obispo fue encerrada bruscamente por un Peugeot 404, en una maniobra que le provocó el vuelco. Se reclamó la imputación de catorce militares y policías, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla y el entonces comandante del tercer Cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, como responsables mediatos del crimen.
El 4 de julio de 2014, Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por el crimen de Enrique Angelelli. Otros acusados tales como Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Romero y Albano Harguindeguy, fallecieron antes del comienzo del juicio.
Pocas semanas antes de la sentencia, la investigación judicial había recibido un impulso imprevisto de la Santa Sede, cuando Francisco remitió dos documentos hasta entonces secretos que resultaron un aporte significativo a la causa. Se trataba de una carta firmada por el propio Angelelli enviada al entonces nuncio apostólico Pío Laghi en la que advertía estar amenazado, con lo cual la misiva comprometía al nuncio. La otra carta contenía el relato detallado del asesinato de Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, dos sacerdotes muy próximos al Obispo, el 18 de julio de 1976.
En junio de 2018 la Iglesia Católica anunció la beatificación de Enrique Angelelli, como también la de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la del laico Wenceslao Pedernera. Durante los meses siguientes el arzobispo Héctor Aguer, mostró reparos y el Obispo castrense Antonio Baseotto, además de un grupo de abogados y ex jueces católicos argentinos. La ceremonia de beatificación de Enrique Angelelli y sus tres compañeros se realizó el 27 de abril de 2019 en la provincia de La Rioja.
Fuente: El Ortiba