Por Juan Yacobs*
La voz de las comunidades organizadas vuelve a irrumpir en el mapa provincial. Esta vez, desde San Marcos Sierras y toda la zona de influencia del río Quilpo y el dique Cruz del Eje, donde vecinos y organizaciones socioambientales denuncian un emprendimiento turístico privado financiado con fondos públicos, que avanza sin consulta previa y con un impacto ambiental que califican de devastador.
Se trata del proyecto Hotel Perilago, que incluye casino, centro de convenciones, asfaltado de accesos y la apertura de un complejo turístico de alta gama. Según la asamblea ambiental, ya se desmontaron más de 30 hectáreas de bosque nativo en zona roja, la categoría de máxima protección en la Ley de Bosques.
Y lo más grave: Aseguran que el proceso se realizó en silencio, sin participación social y con un Estudio de Impacto Ambiental incompleto y parcial.
“¿Para qué existe una zona roja si igual se desmonta?”, plantearon los vecinos al aire de Radio Panamericana, sintetizando el desconcierto ante una decisión política que vulnera normas ambientales nacionales y provinciales.
Pero el daño no se limita al monte. Están en juego las fuentes de agua de toda la cuenca. El proyecto incluye bombeo intensivo desde el río y el acuífero local para abastecer un hotel pensado para unas 500 personas, mientras la mitad de la población de San Marcos padece cortes y racionamiento de agua en temporada.
“Están instalando dos bombas de 18.000 litros por hora. Sacarán más de 640 mil litros diarios en una cuenca erosionada y en crisis hídrica”, explicó Nico, integrante de la asamblea local. “Nos van a dejar sin agua”.
La ecuación duele: $40.000 millones de pesos públicos destinados a infraestructura privada, a cambio de una promesa de entre 40 y 80 empleos, mientras que con apenas $600 millones podría resolverse el basural histórico de Cruz del Eje y mejorar el sistema hídrico regional.
En plena emergencia climática y con territorios bajo presión por incendios, sequías y extractivismo, la respuesta gubernamental genera una pregunta inevitable: ¿Progreso para quién y a costa de qué?
La Asamblea denuncia un esquema “oscuro y autoritario”, alineado con políticas de desregulación y concentración económica. Entre los señalamientos, apuntan a vínculos políticos y a un esquema legal que habilitaría futuras construcciones sin nuevos controles ambientales.
“Una obra en zona roja, aprobada con información oculta y sin consulta al pueblo. Ese no es desarrollo: es entrega”, advirtieron.
La falta de transparencia del gobierno provincial y el silencio del municipio alimentan la indignación. “Esperamos que el intendente se ponga del lado del pueblo”, expresaron, tras solicitar audiencias y presentar pedidos de informes.
Mientras tanto, la reacción social avanza: Asambleas, pedidos de información, articulación regional y movilización comunitaria. No es solo una defensa ambiental: es un reclamo por derechos, planificación democrática y soberanía territorial.
“No estamos paralizados. Estamos organizados”, remarcaron desde la asamblea. “Tenemos sangre en las venas”.
Este conflicto no se entiende solo desde lo ambiental. También interpela al movimiento trabajador y a las organizaciones gremiales que defienden el derecho a un desarrollo justo, sustentable y para las mayorías.
El modelo que se intenta imponer en el norte cordobés —casino, turismo VIP, privatización de recursos naturales y precarización local— choca de frente con la historia de lucha social de nuestra provincia.
No es casual que las comunidades levanten la voz.
Donde hay organización, hay esperanza.
Y donde hay injusticia, habrá pueblo en la calle.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla