Por Horacio Rovelli
Emilio Luque es un empresario de Tucumán que en octubre de 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias, y además tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos. Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses, durante los cuales suspendió el pago de salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 cuotas.
Paralelamente, Emilio Luque adquirió en 2016 los ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor, por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia. Por lo que no se entiende por qué el fisco, nacional y provincial, no audita sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares y compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Macri, 17.802.944 dólares –tal como se informa en la nota “Ahora las personas”, de Horacio Verbitsky, publicada en El Cohete a la Luna el 31 de mayo de 2020–, cuando no paga impuestos por esa suma, tiene deudas con la AFIP y se infiere que también con la Dirección General de Renta de la Provincia.
Contamos esta historia porque amparándose en los artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, de 1977, el Banco Central de la República Argentina –que en su informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019” afirma que casi siete millones de personas físicas y jurídicas compraron en los años de la gestión Cambiemos 86.200 millones de dólares, y que los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares– no dice quiénes eran esas personas y empresas, en una interpretación muy particular del secreto bancario. Tan particular que son secretos para la población los nombres de los beneficiados de la política macrista y, sin embargo, cuando hay que pagar esa deuda, el que la paga es el pueblo argentino.
La ley 21.526 de la dictadura rige porque la Corte Suprema de Justicia alfonsinista sólo atinó a decir que la validez de los actos legislativos de la dictadura estaban supeditada tan al reconocimiento explicito o implícito del gobierno constitucional que lo sucediera. La Corte menemista fue un paso más allá y –con dictamen de Rodolfo Barra– alegó que poner en cuestionamiento las miles de normas emanadas de gobiernos de facto ponía en riesgo la seguridad jurídica. Seguridad jurídica basada en legislación de la dictadura, cuando ese mismo artículo 39 de la ley 21.526 afirma que exceptúan de tal deber (de guardar el secreto) los informes que requieran:
- Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
- El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones;
- Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales.
La ley 27.275 del año 2016, denominada de “Derecho de Acceso a la Información Pública”, dice en su artículo 1 “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Con la excepción dispuesta en su artículo 8 inciso “b”: “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.
¿Cuál es la interpretación que hace el Banco Central, la AFIP y la Justicia con respecto al secreto que se debe guardar sobre el origen de los fondo de Emilio Luque, que no trepida en dejar 1.200 trabajadores en la calle, que no paga los aportes y los impuestos a la AFIP y a la Dirección General de Rentas y que seguramente percibe créditos de bancos oficiales? ¿Cuál es la información que puede poner en peligro el sistema financiero y cambiario que posibilitó el obrar de Emilio Luque?
No hay secretos ni para los jueces, ni para el Banco Central, ni para la AFIP, por ende cada una de esas instituciones en forma separada y conjunta deberían llamar a Emilio Luque y exigirle que transparente sus cuentas y pague al erario público las contribuciones que le corresponde.
El mismo gobierno levanta el secreto cuando se le suministra a la Secretaría de Energía los datos de ingresos y egresos de la AFIP, blindados por la ley de protección de datos, mediante un decreto presidencial que habilite vulnerar esa protección sobre los usuarios del área metropolitana para poder aplicar una segmentación que tenga alguna correspondencia con la realidad y permita una construcción real de las bases de datos de las empresas.
Se va levantar el secreto tributario y de ingresos porque es un pedido expreso del FMI para limitar dicho subsidio y, en cambio, no se hace para investigar el destino del crédito del mismo organismo.
De igual manera se debería proceder con Marcelo Mindlin: preguntarle cómo hizo su grupo económico Pampa Energía para comprar 903,9 millones de dólares entre 2016 y 2019 si no declaró ni pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto. Y así, empezar con las primeras cien empresas sobre las que informara Verbitsky en su nota “Los 100 de Macri”, lista que nunca fue desmentida ni por el Banco Central ni por esas mismas empresas, que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos. Se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirles “señores, ustedes no declararon y menos que menos pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron: ¿de dónde extrajeron esa suma?” Con lo cual se lograría, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
En la nota referida, el autor afirma que encabezan el lote de grandes fugadores de capital Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Mindlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares [1]. Lo integran también empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con DirecTV Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany [2]; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico: no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho, en lo que va de este siglo, desde el 1º de enero de 2000 hasta octubre 2021, el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) alcanza los 200.192 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, con el pretexto de impulsar las ventas al exterior para conseguir lo dólares suficientes para pagar la deuda y sus intereses, propicia dos leyes claves.
El primer proyecto, denominado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que “consensuó” con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita, dado que sus principales cámaras –CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales)– declaran haber ingresado al país en los once meses transcurridos de 2021 la suma de 30.129,6 millones de dólares por la venta de 95 millones de toneladas de granos y derivados, un incremento del 62,1% con respecto a igual lapso de 2020 y a la vez récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.
Le confiere diversas ventajas tributarias, como la de amortizar contablemente en menor plazo la compra de equipos e inmuebles, pero sobre todo le da estabilidad fiscal hasta el año 2025, por lo que no se le puede subir los derechos de exportación (retenciones), que son muy bajos y constituyen el mejor mecanismo para desdoblar los precios internos de los externos (además de aumentar la recaudación para el Estado).
Esquema de retenciones (derechos de exportación)
El segundo proyecto es un régimen de promoción hidrocarburífera que le confiere a las empresas del sector una vigencia por veinte años de estabilidad tributaria e incentivos y tratamientos diferenciales en lo tributario, arancelario y cambiario, cuando el complejo petrolero está fuertemente concentrado y cartelizado: las compañías YPF S.A., Pan American Energy S.L (Bulgheroni y la petrolera británica “British Petroleum” [3]), Vista Oil & Gas Argentina (un operador independiente en la ventana de shale oil de la formación Vaca Muerta; la empresa es liderada por el ingeniero Miguel Galuccio, ex CEO de YPF), Tecpetrol S.A. (Techint), Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., Capex S.A., Compañía General de Combustibles S.A. y Pampa Energía tiene la hegemonía en la extracción del petróleo.
Y en extracción (producción) de gas las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (de Techint), Apache y Chevron. El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN), de Techint y Eurnekián, y Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía, que conectan las cinco cuencas que existen en el país. Todas las empresas que se apropian de la renta de nuestro subsuelo.
La verdad
El problema real es que la suma obtenida por un brutal ajuste externo en base a maximizar las exportaciones y a reducir el consumo de alimentos y energía se fuga casi en su totalidad. Es más, no sólo se fuga ese superávit comercial sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructura, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos, represas, tener nuestra propia marina mercante, recuperar los puertos y el Río Paraná, o una eficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.
No es justo ni aceptable en términos morales que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda. Por eso, en vez de aceptar calladamente la presión del FMI y de los que fugaron capitales para que se acuerde con dicho organismo internacional, se debe antes que nada auditar exhaustivamente cómo hicieron los Luque, los Mindlin y al menos los principales compradores de dólares en la gestión de Macri para adquirir sus millones. Es más, de ese modo se debe recuperar gran parte de la fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI.
[1] Larry Fink, titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en el capital de Telefónica y Pampa Energía.
[2] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.
[3] Que detrae petróleo del mar argentino frente a nuestras Islas Malvinas.
Fuente: www.elcohetealaluna.com