La imputación al titular de ATE Córdoba fue hecha por el fiscal Ernesto Aragón. Es por participar de la marcha contra el Hambre.
“El Consejo Directivo Nacional de ATE rechaza y repudia la imputación realizada por el fiscal Ernesto Aragón al compañero y Secretario General de ATE y CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, por participar en la masiva marcha contra el Hambre, organizada por la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril en Córdoba Capital.
“Sobre la base del fallo del Juez de Control Nº 10 de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, a favor de restringir el derecho a la protesta y haciendo lugar a un hábeas corpus interpuesto por el Centro Vecinal del Barrio Centro, se le imputa el delito de ‘obstrucción de tránsito para los medios de transporte’, con una potencial condena de entre seis meses y dos años de prisión en suspenso. La acusación no solo recae sobre nuestro compañero Federico Giuliani, sino también sobre otros cinco (5) referentes sociales más de la provincia.
“Es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen. Una decisión de estas características, pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan frente a tantas injusticias.
“Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra organización no claudicaremos en este reclamo, menos aún cuando tocan a un compañero, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política. Rechazamos la imputación y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a dirigentxs y luchadorxs populares.
“Toda nuestra mayor solidaridad. Lejos de amedrentarnos, seguimos en lucha”,, concluye la declaración que firman Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE; Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto y María José Cano del Departamento de Derechos de los Pueblos.
Fuente: www.ate.org.ar